lunes, 8 de febrero de 2010

Masacre de indígenas awá, un año de impunidad y duelo


Semana.com
Jueves 4 Febrero 2010

Las Farc se llevaron a 11 indígenas awá hacia la quebrada El Hojal, en el resguardo Tortugaña-Telembí, en Nariño. Tras acusarlos de ser colaboradores del ejército, desaparecieron a tres y mataron al resto con machetes y cuchillos. En realidad, la cantidad de víctimas eran 13, porque entre los cadáveres había dos mujeres embarazadas que ya casi iban a dar a luz.

Medicina Legal de Cali logró identificar cuatro cadáveres, aún faltan otros tres. El resto están desaparecidos y se presume que fueron arrojados al río El Bravo.

La brutal masacre ocurrió el 4 de febrero de 2009, en una tupida y pantanosa selva nariñense donde llueve a diario pero hace calor todo el día y sólo hace frío al amanecer. El terreno además está lleno campos minados. Al poco tiempo, la columna Mariscal Sucre, de las Farc, reconoció su autoría del hecho mediante un comunicado y se justificó diciendo que las víctimas eran informantes de la fuerza pública.

A pesar de que se tuvieron noticias de la masacre a los pocos días, el número de víctimas y la forma como murieron sólo se pudo aclarar dos meses después. Por las dificultades del terreno y lo inseguro que es para cualquier persona, ninguna autoridad pudo llegar al sitio de la matanza.

Ante la necesidad de saber en realidad qué pasó, unos 700 indígenas de Cauca, Nariño, Huila, Valle, Putumayo, Quindío y Córdoba se fueron monte adentro. Encontraron tres cadáveres en el resguardo Tortugaña-Telembí. Para su sorpresa no eran víctimas de la masacre de febrero sino de otra ocurrida en septiembre de 2008. Luego encontraron otros cuatro en una fosa, y otro más enterrado cerca.

Pese a la odisea, ninguno de los cadáveres ha tenido sepultura. Según cuentan los indígenas, los cuerpos están todavía en Medicina Legal en Tumaco y no han sido devueltos a sus familiares. Todavía falta identificar plenamente algunos cuerpos. Ha sido una tarea difícil, pues no se sabe dónde están algunos parientes y las muestras de su sangre son fundamentales para establecer los parentescos.

Después de la matanza, se desplazaron más o menos 400 personas. De ellas, la mitad no soportó las condiciones en que tenían que vivir en el sitio donde estaban alojados y se fueron para las casas de familiares y amigos. El dato que se tiene es que todavía ninguno ha regresado a sus casas.

Si las víctimas no han sido enterradas, quiere decir que tampoco tendrán el ritual que, por tradición, se les hace a los awá un año después de muertos. Este pueblo indígena acostumbra que, durante los primeros 12 meses después de la muerte de alguno de sus miembros, la familia guarde un luto que implica no bailar y no tomar licor a lo largo este tiempo.

Gabriel Bisbicús, líder de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), explica que el día del primer aniversario, los familiares y amigos visitan la tumba y llevan un tambor. Hacen como una especie de evento social alrededor y, después, golpean el instrumento cuatro veces, como para despertar al muerto.

Uno de los asistentes lleva una estructura de madera en su espalda, algo así como una silleta. Se supone que en ella se sienta el espíritu. Caminando, van a la casa del muerto, donde previamente la familia ha preparado su llegada.

Para ese momento, han puesto la cama idéntica a como solía usarla el pariente y, sobre ella, una muda de ropa, como si la persona estuviera acostada allí. Quien lleva el espíritu en su espalda, lo ubica delicadamente encima, como si estuviera acostando a una persona dormida sin querer despertarla.

En otro sitio, han puesto una mesa con la comida favorita de quien murió hace un año y en otro lugar, sacan todas sus pertenencias, como ropa, zapatos, machete, en fin. Con la casa así organizada, se inicia una fiesta. Los asistentes toman trago, comen, bailan. También pueden hacerlo los familiares del muerto, porque ya con este rito se acaba el luto.

Al amanecer, quienes no son parientes toman las pertenencias del difunto y se las reparten para quedarse con ellas. Y la familia toma una muda de ropa, va donde un sacerdote para que celebre una misa por el difunto y, al final, le entrega las prendas. Desde ese momento, se despiden definitivamente y el espíritu se va para la selva.

Esa es la manera como los awá creen que sus muertos pueden descansar definitivamente tranquilos, cosa que no ocurrirá si permanecen en la morgue.

Quien no se sabe si está descansando tranquilo es el guerrillero Antonio Villavicencio, alias ‘Villavo’, el comandante de la Mariscal Sucre cuando ocurrió la masacre. Bajo sus órdenes, este grupo de las Farc fue el responsable de brutales muertes.

Según la Policía, ellos quemaron un bus en la vía entre Pasto y Cali el pasado 20 de noviembre. Las versiones conocidas hasta ahora dicen que los guerrilleros prendieron el fuego cuando aún estaban seis personas adentro, incluidos dos niños. Todos ellos murieron en las llamas.

Quienes conocieron de cerca de ‘Villavo’, se lo describieron en su momento a Semana.com como un hombre que se agitaba fácil y lo comparaban con “un cerdo apareándose”, porque a veces hablaba a los gritos, se inflaba su nariz, decía cosas que nadie entendía y su boca se mojaba con saliva.

Y en esos momentos de excitación llegó incluso a permitir que sus hombres cometieran atrocidades como matar con cuchillos y machetes a indígenas amarrados, incluyendo a dos mujeres embarazadas.

El secretario de gobierno de Nariño, Fabio Trujillo, le contó a Semana.com que hay información de inteligencia que dice que ‘Villavo’ podría estar muerto.

Las versiones son tres. La primera, es que el guerrillero ‘J.J’, jefe del Frente 29, ordenó relevarlo ante el gran costo político que tenían que pagar las Farc por los excesos de ‘Villavo’. “Para ello, mandaron a ‘Gustavo’, que era el comandante de la columna móvil Daniel Aldana, que opera más hacia Tumaco. Parece que hubo líos entre ellos dos y ‘Villavo’ mató a ‘Gustavo’. Entonces la guardia ‘Gustavo’ reaccionó y mató a ‘Villavo’”, según narra Trujillo.

Otra versión es que ‘Villavo’ escuchó que iban por él y se preparó para atacar sin ningún diálogo y lo mataron. Y la tercera hipótesis es que se enfrentó con el ELN y cayó en un campo minado y se murió.

“Creemos que ‘Villavo’ está muerto. Era extremadamente sanguinario y es posible que las Farc hayan querido relevarlo”, enfatiza Trujillo.

Esas versiones que da el Secretario de Gobierno están sujetas a verificaciones. Pero sea cual sea el final de los victimarios, hay un grupo de gentes que después de un año, no han podido darles a sus parientes la sepultura que merecen.

viernes, 5 de febrero de 2010

Comunicado al respecto del ataque de la Fuerza Aérea a una comunidad indígena en Antioquia.Compartir

"En la madrugada, la Fuerza Pública, la Fuerza Aérea empezó a bombardear nuestro resguardo, ubicado en Alto Guayabal y en esa acción hirieron a cuatro indígenas, entre ellos a un bebé", dijo William Carupía, líder de la comunidad Emberá Katío. Estas palabras se han vuelto frecuentes en el último tiempo, y se suman a las voces de cientos de madres que denuncian falsos positivos, a grupos sindicales que son perseguidos y amenazados, a periodistas que son tildados y satanizados…

Orsinia Polanco repudia cualquier acto, voluntario o no, que vaya en detrimento de los derechos humanos y atente contra la vida de los ciudadanos colombianos. Lo ocurrido anoche es una muestra más de una política desgastada y de un gobierno que está perdiendo la guerra y apela a lo que sea para acabar con la guerrilla, sin importar si está involucrada la sociedad civil.+ Indígena + Colombia es + respeto a la democracia, a los derechos humanos, a las instituciones y + respeto por la vida.

Posición Embera Katío, Alto Sinú, frente a Urra II

Los Emberá Katío del Alto Sinú ratifican ante el Consejo de Estado su oposición frente a la Hidroeléctrica Urrá II; lo instan a tener en cuenta su cultura y cosmovisión, su jurisdicción especial y respetar sus decisiones.

Emberá Katío del Alto Sinú reunido en asamblea -Dic. 2009- ratifica ante el Consejo de Estado su oposición frente al la Hidroeléctrica Urrá II instamos al Consejo de Estado a tener en cuenta el concepto emitido por Parques Nacionales Naturales y nuestra posición como Pueblo Indígena de acuerdo a nuestros usos y costumbres, con el fin de dar reconocimiento a nuestra jurisdicción especial indígena respetando las decisiones y lucha por nuestro territorio y ratificar el Auto Nº 3472 del 27 de noviembre del 2008 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.

Exploración minera aérea, viola derechos indígenas

Comunidades Embera de Urada-Jiguamiandó denuncian violación territorial y posibles exploraciones mineras, aéreas, sin consulta previa a raíz de sobrevuelos en helicópteros militares y no militares en su territorio.

Comunicado publico nacional e internacional zona del resguardo indígena Embera Urada-Jiguamiando

La comunidad Embera de Urada-Jiguamiandó, del Bajo Atrato, quiere hacer conocer de ustedes la situación por la que están atravesando en este momento: Desde el primero de diciembre del presente año se están dando nuevamente sobrevuelos de un helicóptero particular, de color blanco, en la zona de la Rica y en otras partes del Resguardo.

Nosotros creemos que es el mismo helicóptero que en enero de este mismo año aterrizó en repetidas ocasiones en la zona de la Rica. En este día desde las dos y media de la tarde hasta las cinco y veinticinco minutos, hicieron 5 sobrevuelos de reconocimiento de la zona, volando muy bajo y con un aparato largo, creemos que un detector de metales, para nosotros estaban explorando desde lo alto los minerales que se encuentran dentro del resguardo. No han aterrizado en la zona pero hasta la fecha de este comunicado siguen dándose los sobrevuelos.

Este reconocimiento no sólo se ha hecho en la zona de la Rica, sino también en una loma de Alto Guayabal, siguiendo luego por la desembocadura del río Jarapetó hasta su nacimiento. Más tarde les han visto por la cabecera del río Ancadia, por el nacimiento de la quebrada Parrú hasta su desembocadura e incluso pasando al resguardo Embera del río Murindó.

Hasta el momento el Resguardo “Urada Jiguamiandó” no está militarizado, pero el ejército se encuentra a una hora y media de la comunidad de Alto Guayabal, en el territorio con título colectivo de las comunidades afro-descendientes de la cuenca del río Jiguamiandó. En similares circunstancias se encuentran en el resguardo del río Murindó: Al frente de la comunidad Isla, está el ejército en territorio indígena y en la comunidad de Guagua, también se halla el ejército en territorio colectivo de las comunidades negras de Murindó.

Todo esto tiene a los habitantes de toda esta zona, indígenas como afro-descendientes muy inquietos y preocupados, pensando que va a darse nuevamente la exploración minera y la militarización de este extenso territorio, por lo tanto del Bajo y Medio Atrato, territorio Chocoano y Antioqueño.

Las organizaciones han visto por lo tanto la necesidad de denunciar estos hechos ante la comunidad nacional e internacional, dejando muy claro que al interior de las comunidades indígenas y afro-descendientes no se ha hecho ninguna consulta ni concertación con las comunidades, por lo cual vemos que lo que se está haciendo en este momento es una violación a los derechos humanos y territoriales.

En regiones y pueblos aledaños se están escuchando voces que dicen que en enero del 2010 van a entrar a hacer estudios de exploración de la zona la Rica, comúnmente llamada Careperro (Jaikatuma = cerro del espíritu) que es un lugar sagrado para las comunidades indígenas de toda la zona. Además se escucha decir a los comerciantes que va a llegar el progreso a la zona, que va a haber mucha generación de empleo y que las condiciones para ellos van a cambiar porque el comercio se va a expandir mucho. Esto se escucha tanto en las veredas, corregimientos y cabeceras municipales.

Esta situación está incidiendo fuertemente en la vida de las comunidades que están preocupadas y asustadas. Es por ello que nos decidimos a denunciar lo que estamos viendo y oyendo, en espera de un apoyo de las organizaciones de Derechos Humanos, de ONGs. de la Iglesia, de Agencias Nacionales e Internacionales y de todos aquellos que ven en la destrucción de la naturaleza un daño grande a la humanidad y por ende a los mismos hombres y mujeres que la poblamos.

Resguardo Urada-Jiguamiandó, diciembre 15 de 2009

Aniversario del asesinato de Edwin Legarda, un año de impunidad


Un año después del asesinato de Edwin Legarda, por miembros del Ejército de Colombia, declaramos -en el marco del derecho internacional- el asesinato de nuestro hermano como un Crimen de Lesa Humanidad cometido por el Estado colombiano.

La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Una vez cumplido un año del asesinato del líder indígena del Pueblo Nasa Edwin Legarda, crimen cometido el 16 de diciembre del 2008, por miembros del Batallón José Hilario López, del Ejército de Colombia, convoca a las organizaciones indígenas y sociales del país, a reunirnos a brindar vehemencia a la memoria de este gran héroe de la resistencia social e indígena, para que los Dioses de los distintos pueblos condenen la acción criminal que segara su vida.

En ese sentido, la ONIC, con sus organizaciones y autoridades, aclaran ante el mundo que en el ejercicio de nuestra Autonomía y bajo el reconocimiento del derecho internacional, declaramos el asesinato de nuestro hermano Indígena, como un Crimen de Lesa Humanidad cometido por el Estado colombiano a través de su Fuerza Pública.

Fotos Ceremonia de aniversario realizada resguardo de Totoró recordando a Edwin Legarda, Cortesía Cric

De igual forma, para repudiar, condenar y rechazar las acciones de impunidad presentadas por los organismos de investigación del Estado, los cuales no han podido ejercer justicia en el sentido proporcional acorde al crimen cometido contra este dirigente.

En este hecho se ha visto que hay una serie de imputaciones y condenas a los actores materiales; pero de igual forma se ha ido negando o enterrando con ello la posibilidad de investigación, juzgamiento y condena de los actores intelectuales los cuales dieron la orden para la materialización del acto genocida.

La ONIC, comunica a la opinión pública nacional e internacional, que el asesinato del Hermano Edwin, se constituye en un crimen de Estado, que a la vez toma status de asesinato político, debido que el origen del acto criminal, tiene sus antecedentes en la represalia cometida por la vía militar contra las acciones realizadas en la Minga Nacional Indígena y Popular de los pueblos llevada a cabo durante los meses de octubre y noviembre de 2008.

En ese sentido, la ONIC, con sus organizaciones y autoridades, aclaran ante el mundo que en el ejercicio de nuestra Autonomía y bajo el reconocimiento del derecho internacional, declaramos el asesinato de nuestro hermano Indígena, como un Crimen de Lesa Humanidad cometido por el Estado colombiano a través de su Fuerza Pública.

Eso en función de que, en la costumbre del mismo derecho internacional, los pueblos indígenas al ser actores vulnerados que no hacen parte del conflicto armado, ni de las contradicciones ideológicas y políticas existentes en el mismo, deben considerar a éstos pueblos, actores protegidos por el derecho internacional.

Todo acto de violación a sus derechos fundamentales y humanos cometidos por los actores del conflicto colombiano, debe ser tipificado como un Crimen de Lesa Humanidad. Desde allí, la ONIC, considera pertinente que las organizaciones indígenas y sectores de la sociedad civil en general, apoyen la acción de llevar este y otros hechos ante la Corte Penal Internacional.

De igual forma, exigir al Estado colombiano la inmediata reparación integral, a las víctimas de este tipo de crímenes por ser hechos genocidas, que atentan contra la pervivencia de los pueblos indígenas en nuestro país.

jueves, 14 de enero de 2010

Supervivencia de los indígenas en Colombia está amenazada, dice la ONU

Así lo expresó el relator especial del organismo para los pueblos indígenas, James Anaya.

Relator de la ONU pide a grupos armados colombianos no reclutar niños indígenas
Paute fácilIngresa HOY a la Universidad

Se mostró preocupado por la situación de esas comunidades en Colombia y aseveró que la "violencia y otros crímenes amenazan su supervivencia física y cultural".

"He recibido información sobre una situación sumamente preocupante de violencia y otros crímenes contra pueblos indígenas, así como de desplazamiento forzado y confinamientos, que amenaza a la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas", dijo Anaya en un informe divulgado este miércoles.

"Resulta patente que existe una atención por parte del Estado a los asuntos indígenas, sin embargo estoy preocupado por las múltiples indicaciones de que la situación no ha sido afrontada con la urgencia" que merece, añadió.

En particular, Anaya mencionó como problemas el derecho a la tierra y los recursos naturales, la consulta a los pueblos indígenas de decisiones que les afectan, y brechas significativas con respecto al resto de la población colombiana en el disfrute de sus derechos.

Este informe se basa en una visita que realizó el relator especial de la ONU a Colombia en julio de 2009.

En diciembre pasado, la oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia pidió mayores medidas de protección al Estado, ante un fuerte incremento de los asesinatos de indígenas.

Según cifras del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario citadas por la oficina de la ONU, 94 indígenas fueron asesinados en Colombia entre enero y octubre de 2009, lo que representó un aumento del 64% con respecto a los primeros diez meses de 2008.

AFP