Entrevista a Juan Carlos Houghton, investigador social vinculado a organizaciones indígenas y al Centro de Acompañamiento al Indígena (CECOIN) de ColombiaSergio de Castro SánchezRebelión Tras el fin de casi dos meses de movilizaciones en el contexto de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, conversamos con Juan Carlos Houghton sobre la situación actual del movimiento indígena colombiano, los factores que han influido en su configuración y las perspectivas que la propuesta de construcción de una agenda común de todos los sectores sociales puede tener en un país dominado por la política de Seguridad Democrática y de despojo territorial del presidente Álvaro Uribe. Houghton, desde su participación en el Centro de Acompañamiento al Indígena (CECOIN), ha realizado numerosas investigaciones que han visto la luz en la revista Etnias y Política del Observatorio Indígena de Políticas Públicas de Desarrollo y Derechos Étnicos, entre otras. Asimismo, es autor, junto a William Villa, del libro Violencia política contra los pueblos indígenas en Colombia (1974-2004) (2005) y editor de La Tierra contra la muerte. Conflictos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia (2008). La mayoría de estos trabajos están disponibles en la página web de CECOIN:
www.observatorioetnico.org.
- Tú defiendes que el movimiento indígena en Colombia vive una situación paradójica entre la “captura institucional” y la oposición al neoliberalismo.
El fenómeno fundamental para los pueblos indígenas en los últimos años fue la aprobación de la Constitución de 1991. Ésta recogió una gran parte de las expectativas indígenas, pero en un texto de corte claramente neoliberal. De todas maneras, la Constitución del 91 significa simbólicamente para los pueblos indígenas una conquista trascendente en términos del respeto que pueda significar que en la constitución aparezcan como sujetos de derechos unos pueblos que durante 500 años fueron ignorados, secuestrados, incorporados a la dinámica del capital y del Estado.
El problema es que cuando empieza la implementación institucional y económica del neoliberalismo, todos estos avances que se habían visto como posibles en la Constitución comienzan a perder posibilidades de desarrollo. Frente a ello los pueblos indígenas no tuvieron una lectura crítica adecuada, lo cual todavía se da entre la gran mayoría de los líderes.
El punto de quiebre es que la Constitución del 91 formula una propuesta de Estado único en una sola nación que reconoce multiétnica. El reconocimiento multiétnico que se daría al interior de la nación no se expresa en los organismos del Estado. Además, la incorporación de lo étnico dentro de una única nación colombiana planteó un aplazamiento de la apuesta por la diversidad y por la existencia en el país de no sólo una nación colombiana.
En ese contexto, los pueblos indígenas tuvieron una virtud, y es que su proceso político-histórico les permitió mantener estructuras organizativas y comunitarias muy sólidas, mientras que campesinos y afros generalmente desarrollaron formas de organización civil antes que formas de control y de gobiernos territoriales. Esto supuso que los indígenas tuvieran una enorme capacidad para resistir a la guerra y a la agresión del paramilitarismo y de la insurgencia. Esto, unido al avance normativo que supuso la Constitución, permitió que los indígenas pudieran aguantar toda la arremetida de los años ’90, que fue brutal. Aún así, lo que se ha ido viendo ha sido una reducción de esos espacios que fueron conquistados en el 91. Fundamentalmente cuando se muestra que la economía va a por recursos naturales; entonces la dimensión territorial del neoliberalismo aparece de una manera mucho más clara.
¿Qué es lo que ocurre en el momento actual? Actualmente existe una clara política de desterritorialiación consistente en la formación de territorios empresariales entregados a las grandes empresas trasnacionales y criollas. Por ejemplo, en el caso forestal, las funciones de vigilancia al cumplimiento de la ley en materia forestal y ambiental quedarían en manos de las propias empresas forestales. Así pues, la gestión de los recursos naturales pasa a tener una gestión privada, con lo que todo el territorio colombiano se convierte en una enorme zona franca donde imperan las leyes de cada empresa. Esta privatización del territorio acentúa aún más la crisis y el enfrentamiento con el proyecto territorial indígena.
Lo que ocurre, y ahí es donde viene la paradoja, es que aunque todos los indígenas de las distintas corrientes tienen claro que esta es una pelea contra el capital, la persistencia de una lectura optimista de la Constitución del 91 hace que crean que vaya a ser el Estado el que les resuelva esta disputa con el capital trasnacional, cuando éste ha conseguido su territorialidad porque el estado se la ha cedido.
- En ese contexto, ¿cómo interpretas las movilizaciones que se han dado en el marco de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria?
La Minga ha expresado esta tensión. Hay un sector minoritario del movimiento indígena que descubre que su apuesta de autonomía indígena choca con la totalidad de la política impulsada por el Estado colombiano. Para este sector no hay ninguna posibilidad de que este Estado nos resuelva la tensión que tenemos con el capital trasnacional. Desde esa perspectiva, lo que se ha de hacer no es una negociación con el Estado, sino una apuesta por construir una plataforma política que incluya otros sectores sociales para refundar el Estado. Entienden que este Estado no puede cumplir con sus derechos, porque está diseñado para violarlos.
Mientras, el otro sector, que todavía tiene la expectativa de que el Estado los reconozca como pueblos indígenas y les garantice sus derechos, busca una interlocución con el Gobierno con un resultado que, como se ha visto, ha sido lamentable: el desprecio por parte del Gobierno ha sido absoluto. Y eso no sólo por una falta de cortesía por su parte, sino por una incapacidad del modelo económico de satisfacer las expectativas de los indígenas.
En ese contexto, hay que destacar que los pueblos que tienen un proyecto más claro de autonomía territorial, que le apuestan más a la construcción de lo propio que a la participación en el Estado, son los que más rápidamente han visto la necesidad de hablar con los otros sectores sociales. Mientras, entre aquellos que hacen un mayor énfasis en participar dentro del Estado, la visión política es más de una competencia con los otros sectores sociales, terminando por luchar por los derechos indígenas pero distanciándose de las expectativas de los otros sectores.
- ¿Cómo ves el futuro de la propuesta que ha hecho la Minga de construir una agenda común junto al resto de sectores sociales colombiano?
Durante la Minga se ha dado un intento de conjugar las dos posiciones presentes en el movimiento indígena, entre otras cosas porque ninguno de estos sectores es excluyente con el otro. Pero este intento, en la práctica, ha supuesto un mensaje confuso para el conjunto del movimiento popular. Por un lado porque una negociación nacional con los pueblos indígenas, el Estado no la va a hacer. Y por otro, porque la agenda de negociaciones acabó ocultando la agenda estratégica indígena. Algunos sectores entendieron que había una apuesta más allá de la movilización, pero la gran mayoría, que entendieron la Minga a través de los medios de comunicación, interpretaron que lo que había era una Minga indígena para que el Gobierno les cumpliera con unos derechos, lo cual hizo que se viera sólo la agenda de uno de los sectores del movimiento indígena. Eso no significa que el liderazgo de los sectores sociales no percibiera las diferencias. Yo creo que lo hicieron.
Hay una ventaja. Y es que las organizaciones indígenas que apuestan por la construcción de una agenda común son pacientes. Esta es una propuesta que viene de tres o cuatro años atrás. Hasta ahora el eco ha sido momentáneo. Pero ahora hay una visión más clara de que no se puede hacer simplemente la propuesta, sino que es necesaria una tarea de diálogo con el conjunto del movimiento popular.
Otra ventaja de lo indígena es que le ofrece al conjunto del movimiento popular un esqueleto de movilización sobre el cual se articulen otras formas de movilización más débiles. Además, cuenta con la credibilidad de su propuesta, sobre todo en el caso del movimiento indígena del Cauca.
Todo ello, sumado a la crisis que sufre actualmente el uribato -cuyo nivel de corrupción es cada vez más evidente-, me hace pensar que va a haber más posibilidades de desarrollar esa agenda en el mediano plazo, convirtiéndose todas estas movilizaciones en un factor de altísimo desgaste para el Gobierno.
- Según dices, la situación paradójica y problemática a nivel interno que vive el movimiento indígena colombiano surge a partir de la aprobación de la Constitución del 91. En otros países de la zona los movimientos sociales han integrado en sus programas políticos la demanda por una nueva Asamblea Constituyente, procesos en los que ha incidido de manera sustancial el movimiento indígena. ¿Por qué razón no se ha incluido tal demanda en el movimiento indígena y popular colombiano?
En el caso colombiano no es algo que se haya planteado mucho entre los sectores sociales entre otras cosas porque hay temor de que una convocatoria a una constituyente se pierda en el contexto de manipulación mediática, compra de votos y presión de los paramilitares. Esto es una percepción que puede estar cambiando a la luz de la crisis del gobierno de Uribe. Pero un proceso constituyente necesitaría que se resolviera antes el problema de la guerra o que hubiera una oferta para resolverla. No creo que los sectores dirigentes, para los que tal proceso supondría un retroceso en lo conseguido en el 91, se atrevan a una constituyente sin que las FARC tengan una propuesta de desmovilización. Supondría un riesgo demasiado alto para ellos.
Además, hay sectores indígenas que se han visto favorecidos por los elementos positivos que tiene la constitución del 91 y que siguen teniendo mucha expectativa con ese modelo, sin darse cuenta de que es la constitución del neoliberalismo.
- Uno de los puntos esenciales en las demandas de la Minga es la revocación de lo que han llamado “la legislación del despojo”. Ésta incluye los TLC, pero me gustaría que nos explicaras en qué consiste y qué supone otra de las leyes a la que se opone el movimiento indígena: el Estatuto de Desarrollo Rural.
El Estatuto de Desarrollo Rural le quita al movimiento indígena, campesino y afro las conquistas de los últimos 40 años en materia normativa. Sólo señalaré algunos propósitos que creo fundamentales.
Lo primero, legaliza todos los títulos fraudulentos expedidos entre 1917 y 1997, conseguidos sobre todo en la llamada “Época de la Violencia” de los años ’50 y en los procesos de despojo por parte de los paramilitares. Todo lo que se considera la contrarreforma del paramilitarismo, queda legalizado. Puede que se caiga esa ley -y el Gobierno sabe que es una ley inconstitucional-, pero los dueños de esos títulos conseguidos ahora van a reclamar que ya son legítimos. Se trata de la mayor canallada hecha por el Gobierno para favorecer a los narcotraficantes, a los paramilitares y a los terratenientes, que en caso colombiano son un solo grupo.
El segundo elemento de conculcación de derechos de los pueblos tiene que ver con los pueblos indígenas. El Estatuto subordina todos los procesos de titulación de tierras a los planes de ordenamiento territorial de los municipios. Así, en donde los pueblos indígenas son minoría y en donde haya sectores terratenientes hegemónicos, se va a prohibir la titulación de las tierras que todavía faltan por legalizar a los pueblos indígenas.
Tercer punto: criminaliza todos los procesos de reivindicación territorial indígena. La Ley tiene una norma que dice que no se titulará si los pueblos indígenas “pretenden” reivindicar esas tierras mediante actos que ellos consideran violentos, que son, entre otras cosas, la ocupación de las tierras ancestrales indígenas. Pero lo particular es que la Ley dice “los que pretendan reivindicar” y no los que hayan sido reivindicados. El sólo hecho de que reivindiques la tierra y digas que la vas a ocupar, se convertiría en un elemento para negar el proceso de titulación.
Otra norma establece que a los pueblos indígenas nómadas y de sistemas itinerantes de economía, para reconocerles el derecho a la tierra, se les exige que tengan ocupación permanente, es decir, deben convertirse en sedentarios y dejar de ser el pueblo que son.
Por otro lado, prohíbe que los campesinos puedan ampliar las zonas que se les han dado en los procesos anteriores de reforma agraria. Mientras que los grandes empresarios pueden pedir de manera indefinida una ampliación de las hectáreas que les da el Estado para su usufructo con posibilidad de que se conviertan en propiedades de ellos.
- ¿Y cómo afecta el Estatuto a los resguardos ya titulados?
El legalizar todos los títulos fraudulentos expedidos entre 1917 y 1997 significa que los procesos de titulación de tierras pueden tener ahora un montón de reclamaciones porque los títulos que no eran lícitos en el momento de la titulación de los resguardos, ahora van a servir para que sus dueños reclamen tierras. Probablemente a los indígenas no les vayan a quitar esas tierras, pero vamos a tener al Estado pagándole otra vez a estos personajes por tierras que nunca han sido de ellos.
- ¿Qué influencia ha tenido el conflicto armado en la configuración del movimiento indígena colombiano?
Es necesario evaluar de manera sopesada el asunto y entender que los pueblos indígenas no son sólo víctimas de la guerra sino también sujetos políticos.
En materia de conflicto armado lo que se ve son los proyectos territoriales de la insurgencia por un lado; el del estado, el para-estado y las grandes empresas de recursos naturales por otro; pero también el de los pueblos indígenas. De alguna manera la guerra explicitó estos tres proyectos enfrentados. El hecho de que la insurgencia tuviera un proyecto territorial excluyente con el proyecto indígena hizo que los indígenas, que de alguna manera tenían identidades políticas con la izquierda armada y rural, plantearan aquí una diferencia que obligó a un proceso de aclaración de su proyecto territorial. Así, es verdad que la guerra los arremete, pero también permite la construcción de ese proyecto. Y de la misma manera con el Estado y el para-estado. Esto sucedió, por ejemplo, en el Cauca, en donde el CRIC se convirtió en el principal sector social del departamento.
Ahora, esto no significa que todos los pueblos hayan reaccionado de igual manera. Para otros la guerra ha supuesto un factor de desestructuración dado el carácter mágico-simbólico que tienen para los pueblos indígenas sus líderes, muchos de los cuales fueron asesinados durante el conflicto.
Pero yo creo que después de la parte más dura de la guerra, los pueblos indígenas han logrado mantener ese proyecto territorial en general. No hay territorios indígenas grandes que estén controlados por estos actores armados. No significa que no intervengan pero, en general, las hegemonías políticas en los territorios indígenas hoy están en manos de los propios indígenas.
- ¿Qué características ha tenido la violencia política contra los indígenas durante el gobierno de Uribe?
Los dos primeros años de Uribe (2002-2004) fueron los más violentos contra los pueblos indígenas. Y comparando los seis años de Uribe con los seis años anteriores, sigue siendo el de Uribe el Gobierno en donde más asesinatos políticos ha habido en toda la historia del movimiento indígena.
Lo más relevante de la época después del 2004 es que la gran mayoría de los crímenes cometidos contra los indígenas es por parte de agentes del Estado. Mientras en los dos años anteriores era, mayoritariamente, por parte de los paramilitares.
Lo que ocurrió es que, y esto no sólo se refiere a pueblos indígenas, disminuyó la violencia política porque se estableció y legalizó un régimen de terror permanente que ya no requirió del asesinato. Por tanto, lo que ha sucedido es que una vez intimidan a la población y descabezan a las organizaciones sociales, éstas tienden a cierta inmovilidad que hace que la violencia estatal y paramilitar no sea necesaria contra la gente. Y eso puede decirse igualmente de donde la guerrilla entra ejerciendo inicialmente actos de poder y después disminuye la violencia.
- ¿Cómo ves la alternativa política y social indígena en América Latina teniendo en cuenta el telón de fondo de los gobiernos del llamado Socialismo del S. XXI?
Creo que hay puntos muy fuertes de la vida indígena y de sus propuestas que deberían alimentar esta propuesta alternativa del Socialismo del S. XXI. Por un lado, las lógicas comunitarias de democracia directa. Creo que ellas están a la raíz de la capacidad movilizadota de, por ejemplo, los indígenas del Cauca, en donde la autoridad es la autoridad de la comunidad.
Otro elemento es su visión frente a la Naturaleza. No creo que ésta sea idílica ni que todos los indígenas la defiendan, pero el proyecto de relación con la Naturaleza sin duda es muy potente y debe estar a la base un proyecto de refundación de alternativas políticas en clave socialista.
De hecho, creo que la principal enseñanza en el caso colombiano para la izquierda debería ser que en lugar de estar buscando fuerzas de poder sacadas de algún ejercicio teórico, deberían identificar los factores fundamentales del ejercicio de poder y democracia en los pueblos indígenas, sobre todo del Cauca. Al mismo tiempo, estos ejercicios, sin un poder antisistémico y anticapitalista, son perfectamente funcionales al capital y al Estado.
Ahora bien, la principal debilidad de la izquierda para pensar el Socialismo del S. XXI está en el modo de vida. O hacemos una reflexión sobre el modo de vida o seguiremos optando por el petróleo, por la explotación minera, por la acumulación de capital. Por esa razón se opta por el Socialismo del S. XXI, pero al mismo tiempo por la IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana). No se sabe resolver el problema financiero y en última instancia “ahí está el petróleo y el gas, tocará sacarlo; ahí están los indios, tocará sacarlos también”.
Entradas
