viernes, 19 de diciembre de 2008

INDIGENAS NO ACEPTAN RAZONES DEL PRESIDENTE


El Espectador (Bogota)
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19/12/2008

Indígenas no aceptan razones del Presidente

El esperado pronunciamiento del presidente Álvaro Uribe sobre la muerte del indígena Edwin Legarda —esposo de la consejera mayor del CRIC, Aída Quilcué—, en un confuso ataque de tropas de la III División del Ejército al vehículo en que se transportaba el martes en zona rural de Cauca, fue rechazado por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la cual criticó que el Mandatario se “escude” en su política de seguridad democrática cuando ocurren “errores”.


La Misión de Observación y Verificación que se creó para investigar el caso y de la cual forman parte la ONIC, el Colectivo de Abogados y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, entre otros, solicitó al Primer Mandatario reconocer en un discurso por televisión y en horario triple A, la responsabilidad del Estado por el asesinato del indígena y que destituya a todos los comprometidos en la cadena de mando que tuvieron que ver en el hecho.

El Presidente, sin embargo, hizo una declaración a medios de comunicación en la noche del miércoles donde le expresó su dolor y condolencias a la líder indígena, pero dijo que el mayor general Justo Eliseo Peña, comandante de la III División, le argumentó que el Ejército estaba en la zona para enfrentar la violencia que ha mejorado gracias a la Seguridad Democrática. Agregó que el ataque ocurrió porque sus hombres habían recibido información de que un carro estaba transportando armas.

Uribe aseguró que acogerá las decisiones judiciales que lleven a establecer la verdad, porque así como ha oído que en dos ocasiones le señalaron al vehículo que parara, sin atender esa instrucción, también escuchó del Ejército que esos retenes no se adelantan con todos los requerimientos técnicos, como es la buena señalización.

Al conocer la declaración del Presidente la ONIC calificó su discurso como tendencioso porque desdibuja la realidad y, según el grupo étnico, no reconoce que hubo una violación a los derechos de los pueblos indígenas.

En su primer informe el grupo de organizaciones que investiga el caso relacionó la ocurrencia de los hechos con la visita de Aída Quilcué a Ginebra, Suiza, para participar en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.


Por su parte la Procuraduría también investigará el asesinato de Edwin Legarda.

La Procuraduría General de la Nación asumirá una investigación por los hechos ocurridos el pasado martes en Totoró, Cauca, en los que murió Edwin Legarda, esposo de la líder indígena Aida Quilcué.

El procurador general de la Nación, Edgardo Maya, anunció que "hemos decidido asumir el poder preferente y desplazar la competencia de las Fuerzas Armadas, particularmente del Ejército, y asumirla la Procuraduría, en un trabajo conjunto de investigación que se va a realizar con la Fiscalía".

Sobre la investigación, Maya explicó que será asumida por la Fiscalía. Mientras que "en el tema disciplinario, tenemos autonomía, independencia como órgano de control interno, que en este caso es la inspección general o quien hayan determinado las Fuerzas Armadas, para asumirlo directamente la Procuraduría".

Agregó que le solicitaron al Ejército remitir los primeros datos encontrados y prefirió no hacer comentarios sobre si se trató de un error militar o de un atentado.

ENCUENTRAN RESTOS DE FAMILIA INDÍGENA DESAPARECIDA EN FOSA COMÚN. FUE SEMBRADO EWDIN EN ITAIBE.


El Tiempo (Bogota) / 19/12/2008

El cuerpo de Edwin Legarda estuvo en Popayán y luego fue trasladado a territorio indígena. Ayer, fue sepultado en una apartada vereda.

El hallazgo de los despojos mortales de los Sánchez Serna fue hecho a cuatro kilómetros de donde vivían, a orillas del río Piendamó.

En Itaibe (Tierradentro) fue sepultado el indígena Edwin Legarda, muerto en una vía del Cauca. Autoridades indígenas, comunidades del oriente del Cauca y delegados de organismos de Derechos Humanos, dieron el jeves el último adiós al indígena muerto en hechos que son materia de investigación.

Fue en Itaibe, en el municipio de Tierradentro, donde vivía con su esposa Aída Quilcué, máxima líder del Consejo Regional Indígena, donde se realizó el multitudinario sepelio.

El mismo se produjo luego de ser trasladado desde Santa Leticia, lugar de residencia de sus padres, donde fue velado toda la noche.

Durante la ceremonia religiosa las autoridades indígenas confirmaron su decisión de seguir paso a paso la investigación que se iniciará por parte de la Fiscalía en busca de aclarar los hechos ocurridos a las 4:20 de madrugada en la vereda San Pedro de Totoró.

Ese día Legarda, en compañía de personal de salud, se desplazaba hacia Popayán, donde esperaba encontrarse con la lideresa indígena que acababan de regresar de una reunión de Derechos Humanos una Suiza.

De acuerdo con algunas autoridades indígenas, se espera que en una semana se defina la situación jurídica de los 32 soldados y tres suboficiales que se encontraban en el campamento militar de donde provinieron los disparos que causaron las heridas mortales a Legarda.

Aunque el Fiscal Mario Iguarán en una reunión con los aborígenes aclaró que será la justicia ordinaria la encargada de la investigación, las autoridades indígenas del Cauca señalaron que estarán atentos al proceso de manera que el caso no quede en la impunidad.

Por su parte en el hallazgo de los despojos mortales de los Sánchez Serna fue hecho a cuatro kilómetros de donde vivían, a orillas del río Piendamó.

La última vez que vieron a Aminta Serna, de 40 años, fue el pasado 26 de noviembre. Estaba en la institución educativa donde se encargaba de preparar los alimentos. Ella vivía junto a su esposo Florentino Sánchez, de 55 años, y a su hija Carol Jimena de 12, en la vereda Paramillo, en Santander de Quilichao.

Como el 27 de noviembre Serna no se apareció por el colegio, quienes la conocían pensaron que se había ido de la zona en busca de otro trabajo, según contaron las autoridades indígenas del resguardo El Tigre.

Pero, al ver que tampoco aparecía por los lugares cercanos, hace ocho días, la junta comunal donde vivía reportó su desaparición ante las autoridades indígenas.

El martes pasado se conformó un bloque de búsqueda con la Guardia Indígena y ayer hallaron los cuerpos.

Tenían señales de tortura, estaban maniatados y presentaban unas señales marcadas en el cuello. Al parecer, fueron ahorcados.

A LOS WAYÚU LOS SIGUEN ELIMINANDO LAS AGUILAS NEGRAS Y DE OTROS COLORES


En Maicao denuncian asesinato de indígena Wayúu cometido aparentemente por las 'Águilas Negras' 
Se le identificó como Miguel Ángel Ospina Boscán, y ocurrió el pasado 9 de diciembre en el barrio Los Palitos de la población fronteriza. 

La Alianza Fuerza de Mujeres Wayúu y el Cabildo Wayúu Noüna de Campamento denunció, por medio de un comunicado, que Ospina Boscán hacía parte de una lista de exterminio que comenzó a circular en este municipio desde octubre pasado, en la que las 'Águilas Negras' amenazan de muerte a 16 personas.
De acuerdo con las organizaciones indígenas, por lo menos tres de los que aparecen en esta lista ya han sido asesinados.


El cadáver del indígena, de 32 años, miembro de la comunidad Noüma de Campamento, y hermano de una reconocida líder de Maicao, fue hallado con heridas de puñal en distintas partes del cuerpo y con señales de haber sido brutalmente golpeado y torturado, según la denuncia.
Los responsables de este asesinato, según versiones de testigos, fueron alrededor de siete hombres que habrían llegado recientemente a Maicao, procedentes de Córdoba y Urabá, para dedicarse al sicariato.

Estos hombres tendrían la intención de ingresar a la comunidad de Noüma de Campamento para "enviar un mensaje intimidatorio sobre su presencia en el municipio", revelan las primeras investigaciones judiciales. 

Las organizaciones indígenas también alertaron sobre las amenazas que han recibido en sus teléfonos celulares algunas líderes de la Fuerza de Mujeres Wayúu, con el propósito de evitar que continúen denunciando los crímenes cometidos contra su pueblo por los grupos armados ilegales.
Una de estas dirigentes tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Aunque el Ejército y la Policía niegan que en La Guajira se estén rearmando grupos paramilitares, sí admiten la existencia de bandas criminales integradas por desmovilizados de las Autodefensas que estarían al servicio del narcotráfico. 

"Hay desmovilizados que han venido a delinquir en La Guajira, que se unen con delincuencia común para cometer extorsiones y asesinatos. No se ha determinado que pertenezcan a una banda criminal pero tampoco se descarta. Tienen que ver mucho con los cargamentos de droga que sacan por la Alta Guajira", indicó el comandante de la Policía, coronel Carlos Alberto Suzunaga.

RIOHACHA

LAS MUJERES INDÍGENAS FORTALECEMOS NUESTRO TEJIDO ORGANIZATIVO POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y LA DIGNIDAD DE NUESTROS PUEBLOS.


ASAMBLEA NACIONAL DE MUJERES INDÍGENAS `BERNABELA RIONDO`
Comunidad de algodoncillo – resguardo Zenú de Córdoba y Sucre
Diciembre 11 al 16 de 2008. 

Las mujeres indígenas siempre hemos caminado con nuestros pueblos, hemos resistido y hemos contribuido a la pervivencia de nuestros pueblos. Nosotras como mujeres indígenas sabias y resistentes estamos viviendo desde nuestras comunidades diversos problemas como las enfermedades, el desconocimiento, la discriminación, la falta de participación, la poca formación, la implementación de programas y políticas del gobierno que dividen a nuestros pueblos, el conflicto armado, la perdida de la identidad, el saqueo de nuestros recursos naturales.

Proponemos:

1. que las organizaciones regionales y nacional promuevan la formación integral de las mujeres indígenas
2. que se creen estrategias para socializar y difundir el mandato del VII congreso nacional de los pueblos indígenas de Colombia a través de programas de radio, cartillas y en todos los espacios de reunión
3. como mujeres comprometernos a cumplir los acuerdos y responsabilidades desde la asamblea nacional.

Respecto al parlamento nacional indígena y el consejo nacional de justicia resolvemos:
1. participación de las mujeres equitativa – 50% hombres y 50% mujeres.
2. las parlamentarias serán elegidas en asambleas macroregionales – 5 mujeres por microregional.
3. se respete el perfil establecido por las mujeres y las competencias y responsabilidades.
4. el consejo nacional de justicia debe estar conformado por autoridades, sabios y sabias de cada pueblo.
5. se establezcan criterios de evaluación y seguimiento de los parlamentarios indígenas.

Exigimos:
A las organizaciones locales, zonales, regionales y nacional
1. respeto a los espacios pensamiento y decisiones de las mujeres indígenas
2. Ser delegadas con voz y voto a las instancias de decisión.
3. respeto a las decisiones de la asamblea nacional de mujeres indígenas en lo relacionado con la participación, criterios para el relacionamiento y perfiles establecidos para la elección de las representantes de las mujeres.
4. se destine un porcentaje de los recursos de transferencias para las áreas de mujer
5. tomar medidas desde la justicia propia frente a las situaciones de abuso, violación y maltrato contra las mujeres indígenas
6. visibilizar el trabajo de las mujeres indígenas y del mismo modo las problemáticas que nos aquejan.
7. socializar toda la información con las comunidades de base.
8. apoyar los procesos de las mujeres lideres y gobernadoras y exconsejeras de nuestras organizaciones.
9. fortalecer los mecanismos de comunicación 
10. fortalecer la cultura, la espiritualidad y los usos y costumbres propios de nuestros pueblos
11. desde la ONIC facilitar las herramientas para la divulgación y socialización de la información.
12. Que las consejerías de la ONIC estén conformados por mujeres, no solo el área de mujer, familia y generación. 
13. Formar una escuela permanente de capacitación a nivel nacional, para que podamos visibilizar, sensibilizar y valorar nuestros saberes propios.
14. evaluar conjuntamente con las comunidades, autoridades y organizaciones los programas que nos ofrecen 
15. consolidar un equipo de apoyo al programa de mujer de la ONIC.
16. realizar la próxima asamblea en el año 2009.

Al gobierno colombiano
1. que los programas y proyectos que se implementen para las mujeres indígenas sean dignos, se consulten con las organizaciones indígenas y se socialicen con todas las mujeres de las comunidades.
2. que estos programas sean acordes con las cosmovisiones usos y costumbres de los pueblos indígenas
3. cumplimiento a los tratados, normas y convenios que garantizan la protección de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas.
4. se implemente una política diferenciada para mujeres indígenas.
5. reparación individual y colectiva, garantía de no repetición frente a la violación de nuestros derechos.
6. no convocar a las mujeres indígenas de forma aislada.

“Es responsabilidad de nuestros pueblos indígenas el fortalecimiento organizativo, la participación y la formación de las mujeres indígenas como esencia de la resistencia y la pervivencia”

GOBIERNO ESTABLECIO QUE MIEBROS DE SU GLORIOSO EJERCITO ASESINARON AL COMUNERO INDIGENA


17/12/2008 / Comunicado de prensa del Ministerio de Defensa
El Ministerio de Defensa Nacional lamenta la muerte del señor Edwin Legarda, esposo de la líder indígena Aida Quilcue, ocurrida esta madrugada en el departamento del Cauca, e informa a la opinión pública:

1. Se estableció que tropas del Batallón José Hilario López pertenecientes a la III División del Ejército Nacional dispararon al automóvil que conducía el señor Legarda, sin que hasta el momento haya suficiente claridad sobre cómo ocurrieron los hechos.

2. Es prioridad para el Ministerio de Defensa establecer a la mayor brevedad las circunstancias en que ocurrieron los hechos en donde murió el señor Legarda y para ellos ya se tomaron medidas.

3. Se le solicitó a la Fiscalía General de Nación y la Procuraduría enviar una comisión especial al área para que adelante las investigaciones necesarias en materia penal y disciplinaria, y se les ofreció todo el apoyo que puedan necesitar.

4. Se ordenó el desplazamiento del Comandante de la III División, General Justo Eliseo Peña, a la zona, e igualmente del Inspector General de las Fuerzas Militares, para que encabece una comisión interna independiente que verifique los hechos.

5. El Ministerio se puso en contacto con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de garantizar el acceso necesario para que realice una investigación. Esta Oficina ya envió una comisión al área.

6. El Ministerio de Defensa mantendrá informada a la opinión pública en la medida en que las investigaciones arrojen resultados y claridad sobre lo ocurrido, y reitera su política de transparencia con relación a las acciones de todos los integrantes de la Fuerza Pública.

Bogotá, D.C. 16 de diciembre de 2008

Editorial CRIC

ALERTA INDIOS, ALERTA COLOMBIA

Ÿ Asesinado el esposo de la Consejera Mayor del Cric, Aida Quicué.
Ÿ Organizaciones indígenas culpan el hecho al Ejército Nacional

Editorial CRIC:

En un aleve atentado contra el Consejo Regional Indígena del Cauca acabó con la vida del esposo de su Consejera Mayor, Aida Quilcué. Las organizaciones indígenas dijeron que fue el Ejército. 

El asesinato del esposo de la Consejera Mayor del CRIC: accidente o represalia

Con tristeza y gran incertidumbre hemos recibido la dolorosa noticia del atentado contra el CRIC y la muerte en los hechos del compañero de la Consejera Mayor Aida Quilcué, vocera de la reciente Minga Indígena de Resistencia que recorrió el país para debatir la política del Presidente Uribe y demandar el cumplimiento de acuerdos con los pueblos indígenas. Adicionalmente, se informó también del saboteo a la emisora de la ACIN, Radio Payuma.


Según versiones del CRIC y de la ACIN, alrededor de las 4 de la mañana de hoy 16 de Diciembre, el vehículo de la Consejera Mayor del CRIC, en el que iba su compañero Edwin Legarda con una misión médica, fue impactado con ráfagas de ametralladora "por hombres del Ejército Nacional, cuando iba pasando por la Finca San Miguel de propiedad del Señor Bolívar Manquillo, en la vereda Gabriel López del municipio de Totoró.

Si lo dicen el CRIC y la ACIN, póngale la firma. Hay que creerles. Y no podemos más que expresar nuestra indignación y rechazo a tan alevosa acción, máxime viniendo instituciones que tienen la misión y obligación de proteger a los ciudadanos. No podemos más que manifestar públicamente nuestra solidaridad con esa gran familia de pueblos en resistencia, Aida, sus hijos y familiares.

Conocemos bien, desde hace casi 20 años, la lucha denodada del CRIC y de la ACIN por desarrollar los derechos de los pueblos indígenas, su vocación democrática y la relación constructiva que han desarrollado con otros sectores sociales para construir perspectivas de vida con sentido, para hacer de esta Colombia amarga un espacio de paz, de justicia, de equidad, de derechos realizados, no nombrados, porque conocen bien el peso de las palabras, esas palabras que en boca de funcionarios y gobiernos parecen no significar nada ni tener ningún sentido.

No más hace unos días, en las instalaciones del Sena de Bogotá, compartiendo con la compañera Aida la mesa de diálogo, estaba el Ministro de Guerra, perdón, de Defensa, diciendo con sentida voz que si se demostraba que la policía se había "excedido" en La María, él, en persona, iría a la María a pedir público perdón.

Ahora ya no es la policía el actor, ya no es el enfrentamiento callejero el escenario, ya no es la refriega comunitaria la disculpa, ya no se trata de pedir perdón, porque un estúpido perdón no devuelve a la vida a aquellos seres valiosos e inocentes que fueron entregados a la muerte, de manera traicionera, cobarde y a mansalva.

¿Qué nos dirá el ministro de Guerra, perdón, de Defensa, a los indígenas y a los colombianos? Que se trata de otro caso de agresión salvaje aislado, de algunos miembros del ejército que no sabían lo que estaban haciendo, o que se equivocaron y creyeron que la camioneta del CRIC era un vehículo cargado de guerrilleros, y fue impactado por diecisiete (17) veces con un tiro perdido "disparado al aire" (de los pulmones) como dijera el General Naranjo.

Definitivamente este gobierno cambió el significado y el sentido de todas las palabras y estamos ante una verdadera "revolución", pero no de los pueblos, porque en el nuevo lenguaje las revoluciones no las hacen las víctimas de los abusos del poder y las ambiciones de riqueza, sino los victimarios, pobres víctimas de esas víctimas que sólo tienen como arma la palabra, palabras de paz, de armonía, de solidaridad, colectivas, que aprendieron de sus ancestros y sus ancianos.

Esas palabras que trataron de llevarnos a todos los colombianos caminando la palabra por casi todo el territorio nacional, y que desaparecen como lavadas por el primer aguacero, por la primera avalancha que se vuelve noticia y ocupa todas las planas de los diarios y noticieros, por las avalanchas de palabras mentirosas, vacías y tramposas, de los que tienen como oficio la palabra para engatusar en el congreso con reformas de todo tipo, para robar en los bancos con patente del Estado, o aparentemente sin ella como en DMG, o las de toda esa suerte de tramposos que gobiernan este país. 

Esta noticia es desafortunada y cae en mala hora, cuando aprovechando la navidad y las vacaciones de los tediosos empleos todos nos aprestamos a reconciliarnos con nosotros mismos y con los otros, a parar la guerras internas y externas que mantenemos para dar lugar todo eso que ya no tiene tiempo ni espacio: el ocio, el amor, la familia, la lúdica, la danza, las relaciones de amistad con los otros. Y no parece un accidente, sino una malintencionada represalia por el impresionante ejemplo que nos dieron los indígenas caucanos a todos los colombianos en sus recientes movilizaciones.

Desde los tenebrosos años 80, históricamente la navidad ha sido época de tristeza y dolor para los batalladores por los derechos indígenas, sociales y populares, y mientras la gente pasea, compra y se divierte, las fuerzas oscuras hacen su sucio trabajo de dejar más familias de colombianos sin padre, sin madre, sin hermanos. 

Que lástima que esta especie de seres no descanse, que no tenga un minuto de paz. Si el infierno y la justicia divina existen, seguramente cuando mueran serán condenados a "vivir" eternamente sin ella.

Mientras eso llega, sus víctimas tendrán que seguir enarbolando la palabra, la persistencia, la resistencia, los anhelos de paz, la vida y la acción organizada, como única alternativa de pervivencia y dignidad. Para todos ellos, nuestra voz de solidaridad y apoyo.

Organizaciones indígenas informan y culpan el hecho al Ejército Nacional
CRIC

En ataque del Ejercito Nacional, contra la consejería del CRIC

El EJÉRCITO NACIONAL RESPONSABLE DE CONTINUAR LA LIMPIEZA ÉTNICA CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA.


ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA 
AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDÍGENA- ONIC-

* Brutalmente asesinado EDWIN LEGARDA comunero indígena, esposo de la Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-, Aída Quilcué. 
* Atentan también con medios de comunicación indígenas. 
* Uribe tiene 24 horas para pronunciarse.

EDWIN LEGARDA, se encontraba en las labores de preparación de la Junta Directiva del Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- que debía realizarse a partir del día de hoy en el Resguardo Indígena de la Mesa de Togoima- Municipio de Inzá, evento para el cual se desempeñaba como conductor del vehículo de propiedad del CRIC. 

Siendo aproximadamente las cuatro de la mañana del día 16 de diciembre de 2008, cuando el comunero Legarda regresaba de Inzá, en compañía del personal médico de la organización que estaban efectuando una brigada de salud en este municipio, fueron asaltados a tiros cruzados por una patrulla del Ejercito Nacional, a la altura de la Vereda San Miguel-Corregimiento de Gabriel López, ubicada en las inmediaciones de Totoró a escasos 40 minutos de Popayán.

Como resultado del ataque, el comunero Legarda fue herido por tres tiros de fusil y horas más tarde falleció en el Hospital San José de Popayán. Así mismo las balas oficiales impactaron en 17 oportunidades el vehículo del CRIC, lo cual ejemplifica la magnitud de la emboscada. 

Para los pueblos indígenas de la ONIC, son inadmisibles las declaraciones de miembros del ejercito que señalan que los ocupantes del vehículo asaltado se pasaron por alto un reten militar. No puede existir un reten militar en la oscuridad paramuna de la noche cuando no se presentan señales oficiales de la presencia del mismo, máxime cuando ese vehículo cuenta con protección del Estado. 

Los hechos donde fue vilmente asesinado nuestro hermano EDWIN LEGARDA, no son más que una emboscada del Ejercito Nacional a civiles indefensos y desarmados que transitaban por caminos indígenas y carreteras supuestamente protegidas por la Seguridad Democrática, preparando un evento donde se movilizarían nuestras autoridades indígenas, quienes en varias oportunidades tal y como lo hemos denunciado públicamente y a través de nuestra Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular, habían sido amenazados de muerte por organizaciones paramilitares como los panfletarios denominados “ Campesinos Embejucaos”. 

En estos momentos la consejera mayor del CRIC, Aída Quilcué, esposa del asesinado, se encuentra amenazada de muerte por grupos paramilitares, al igual que otros líderes y autoridades del Cauca, como nuestra dirigencia de la ONIC. Por esta razón son objeto de medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este contexto debemos señalar que los vehículos del CRIC se encuentran plenamente identificados ante las autoridades y al respecto no puede haber confusión, cuando los mismos transitan de manera rutinaria por estas carreteras. 

También debemos señalar que hace varios meses durante un Consejo Comunal en Popayán, el presidente de la República y algunos miembros de su gobierno habían calificado a las autoridades indígenas del Cauca como guerrilleros, terroristas y delincuentes, hasta el punto de ofrecer recompensas en dinero en efectivo para quienes colaboraran con su captura. 

Los pueblos indígenas de la ONIC, advertimos que no estamos dispuestos a tolerar esta infamia como un falso positivo más del Ejercito Nacional en cumplimiento de los lineamientos presidenciales en materia de su política de Seguridad Democrática. 

Estos hechos ocurren cuando los pueblos indígenas avanzamos en jornadas de trabajo concertadas con el Gobierno Nacional en el marco de la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular. Por todo y por todos, el Consejo de Gobierno de la ONIC, manifestamos que nos retiramos de todo dialogo con el Gobierno Nacional, hasta tanto no se aclaren los hechos donde fue asesinado nuestro hermano EDWIN y sean castigados ejemplarmente los responsables. 

Los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, requerimos del acompañamiento y los pronunciamientos de los sectores sociales, populares y democráticos de la comunidad nacional e internacional, para enfrentar el genocidio de la Seguridad Democrática. Ya que nuestros medios indígenas, son amenazados: a Radio Pa´yumat le robaron los cables de cobre, los sacaron del aire; Radio Libertad le cortan señales de internet; paginas web del CRIC, ACIN y la ONIC, como sus listas de correos constantemente atacadas por jáckr, "nos a tocado estar alquilando servidores, hasta para informar por nuestro medios nos toca correr en minga". 

Exigimos que la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y los organismos de control y seguridad del Estado coadyuven para esclarecer y judicializar a los responsables del vil asesinato del hermano EDWIN LEGARDA. Demandamos de los organismos internacionales de protección y defensa de los derechos humanos su presencia efectiva para evitar el genocidio de los pueblos indígenas colombianos. 

Recordamos que los amenazados de muerte somos todos los pueblos indígenas del país; lo hemos dicho y denunciado una y otra vez, pero el Estado no tiene oídos para nosotros, al contrario hace todo para justificar que quienes gozan de medidas cautelares y provisionales por la CIDH, sean suspendidas, caso del pueblo Kankuamo. 

Alertamos sobre el alto riesgo que corren los compañeros indígenas del Cauca y de toda Colombia, y responsabilizamos al Estado colombiano y al Gobierno Nacional de cualquier forma de violencia o vulneración de sus derechos que los pueda afectar en su integridad física, social, sicológica y económica. 

Exigimos que el presidente Álvaro Uribe Vélez, se pronuncie sobre estos hechos oportunamente, le aclare al país y a la comunidad internacional, que sí el Ejercito Nacional de Colombia es el encargado ahora de la limpieza étnica contra los pueblos indígenas colombianos. 

CONSEJO MAYOR DE GOBIERNO ONIC
Bogotá D.C. , 16 de diciembre de 2008. 

“EN MINGA, POR LA CONSOLIDACIÓN DEL GOBIERNO PROPIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA”.

“Ante el fusil la palabra… por la consolidación del gobierno propio de los Pueblos”. 

Autoridades: 314—8484004 (Marlín Puscús) / 311-5047551 (Aída Quilcué), 315-8572995 (Luis Evelis Andrade)

Comunicaciones CRIC, 312-2956783 / comunicaONIC 312-6394123.

www.onic.org.co/dachibedea

!ATENTADO AL CRIC ES CONTRA LA ONIC!


ComunicaONIC /Martes, 16 de diciembre del 2008 / 


ESPOSO DE LA CONSEJERA MAYOR DEL CRIC FUE VILMENTE ASESINADO POR EL EJERCITO NACIONAL DE LA `SEGURIDAD DEMOCRÁTICA´.

* “EL ATENTADO ERA PARA MI”: Aída Quilcué. 
* Comisión nacional e internacional, encabezada por la Consejería de la ONIC, llegará esta misma tarde al lugar de los hechos. 

La madrugada de hoy, se pintó de rojo y dolor, "por las balas asesinas por miembros del ejército nacional que dispararon a la camioneta del CRIC", resultado gravemente herido y muerto ( a eso de las 8 de la mañana) el comunero Edwin Legarda, esposo de la Consejera Mayor del CRIC, Aída Quilcué, quien denunció ante la opinión publica por un medio de comunicación nacional “que el atentado era para mi”.

El hecho ocurrió “a eso de las cuatro de la madrugada en un punto estrecho de la vereda San Miguel, corregimiento de Gabriel López, Municipio de Totoró - Cauca, cuando el personal médico que apoyó una brigada en el municipio de Inzá – Tierra dentro, regresaba a Popayán. El comunero Legarda estuvo en estado critico en el Hospital San José de Popayán, por tres impactos de bala, uno de los cuales impactó en la parte derecha del pecho”, así lo indicaron autoridades indígenas y la coordinación de comunicaciones del CRIC. A pesar de estar herido y la espesa neblina del sector (porque es zona de páramo), el comunero condujo la camioneta por más de 10 kilómetros, quienes fueron auxiliados por otros comuneros del área de salud hasta llevarlo inicialmente al hospital local de Totoró y al ver la gravedad de las heridas inmediatamente lo remitieron al Hospital de la capital del Cauca, donde murió sin ser intervenido quirurgicamente. 

Precisaron a su vez, “que pese a que fueron atacados por ambos lados, y de frente, no como dice el comandante del ejercito nacional, que acepta que fueron miembros de la fuerza pública que dispararon al no aceptar la orden de pare; en el atentado sólo resultó herido de gravedad el comunero Legarda, quien venía conduciendo la camioneta, a traer a los médicos y a recoger a la consejería del CRIC, así como a su esposa la Consejera Mayor quien regresó a penas ayer desde Suiza, después de representar a la ONIC ante la asamblea de evaluación de Colombia en el marco de la conmemoración de los 60 años de la ONU”. 

El hecho lo consideramos “premeditado debido a que ayer regresó la Consejera Mayor del CRIC de reafirmar las denuncias del exterminio que sufren los Pueblos Indígenas de Colombia, ratificadas en el TPP y en la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular; y por otro lado porque hoy se daba inicio la Junta Directiva del CRIC en el resguardo de la Meza de Togaima, municipio de Páez – Belalcazar; además porque los vehículos asignados a Aída, a Lucho Acosta y Rodrigo Quirá (coordinador y co-equipero de la guardia Indígena respectivamente) son vehículos que son protegidos por ministerio del Interior y de Justicia, por lo tanto son reconocidos por los miembros del estado. Atentado que deploramos y exigimos que el Estado y el gobierno de la `seguridad democrática` se pronuncie y responda con celeridad como lo hace con todo aquello que atenta contra la integridad de otros y del país”, así lo ratificó Luís Evelis Andrade Casama, Consejero Mayor de la ONIC. 

Quien agregó que “ante este vil asesinato, que reafirma el cumplimiento de las amenazas reiterativas al CRIC y a la ONIC, por atrevernos a contar, movilizar, desalambrar senderos y pensamientos, denunciar la crisis humanitaria y genocida que viven nuestro pueblos, este atentado no nos callará, por que es claro que atentar contra cualquiera organización local, regional de base como el CRIC es un atentado contra la ONIC; al Movimiento Indígena colombiano y a todos aquell@s que nos atrevemos a proponer cambios desde el sentir de los pueblos”. 

Por ello, como respondemos los amigos de las mismas luchas, esta misma tarde una comisión en Minga llegaremos al lugar de los hechos, para solidarizarnos y respaldar al Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC, a la Consejera, amiga y lidereza Nasa Aída Quilcué. Harán parte de la minga de respaldo en cabeza de la ONIC, OCHA (NACIONES UNIDAS), DIAKONÍA, COMITÉ PRESOS POLÍTICOS, MOVICE, DIAL, COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO, COMISIÓN INTERFRANCISCANA DE JUSTICIA Y PAZ, OFP, REINICIAR, MINGA Y OTRAS ORGANIZACIONES DE DDHH. 

Por su parte, el CRIC se encuentra en Asamblea permanente en el municipio de Totoró, custodiando y sanando el lugar de los hechos, donde hoy se definirán acciones a seguir. Este hecho se denunciará también en el seno de la reunión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Fondo Indígena, el cual será presidido desde esta semana por Luís Evelis Andrade Casama, organismo tripartido (gobiernos, pueblos indígenas y Ongs) que por primera vez será direccionado por un indígena, con orgullo indio y de patria que sea un indígena colombiano, el Embera y Consejero Mayor de la ONIC. 

AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDIGENA – ONIC
“Ante el fusil la palabra… por la consolidación del gobierno propio de los Pueblos”. 

Autoridades: 314—8484004 (Marlín Puscus) / 311-5047551 (Aída Quilcué), 315-8572995 (Luis Evelis Andrade)

Comunicaciones CRIC, 312-2956783 / comunicaONIC 312-6394123. 

ATENTADO LETAL DEL EJERCITO CONTRA EL CRIC

Denunciamos con ira y dolor el atentado criminal cometido por el Ejército colombiano contra el vehículo de la Consejera Mayor del CRIC Aida Quilcué, que deja como víctima mortal a su compañero Edwin Legarda.


Hemos sido informados por fuentes directas que alrededor de las 4 de la mañana de hoy 16 de diciembre, el vehículo de la Consejera Mayor del CRIC en el que iban su compañero Edwin Legarda con una misión médica, fue rafagueado por hombres del Ejército Nacional cuando iba pasando por la Finca San Miguel de propiedad del Señor Bolívar Manquillo, en la vereda Gabriel López del municipio de Totoró. En esta finca hay presencia permanente de tropas del ejército.


Este atentado dejó como resultado las heridas letales a Edwin Legarda. Edwin fue trasladado de inmediato al Hospital San José de Popayán con un impacto de bala en el tórax y dos más en los miembros inferiores. Infortunadamente nos informan desde Popayán que el compañero Edwin acaba de fallecer.

El vehículo de la Consejera se encuentra en Totoró y registra 17 impactos de bala a lado y lado y dos de los impactos en la parte de adelante, lo que refleja la brutalidad de la acción militar.

Según lo aseveran testigos de los hechos, no había retén en la vía ni se dio la orden de alto por parte de las tropas.



Manifestamos nuestro más sentido pésame a la Consejera Mayor Aida Quilcué. La rodeamos de afecto y solidaridad y le ofrecemos lo que esté a nuestro alcance en estos momentos de dolor intenso. A la familia y amistades de Edwin, van nuestras condolencias. A toda la familia del CRIC, una voz de aliento solidaria y sentida. Un llamado reiterado a la unidad para continuar por el sendero de construir en Minga un país diferente, en el que cese por fin el terror y la guerra. Como siempre, reiteramos la posición de nuestros mandatos, rechazamos las balas, el terror y la guerra, vengan de donde vengan. La impunidad no puede permitirse en esta dolorosa situación. Esta es una guerra contra los pueblos, contra el movimiento indígena por nuestra posición de dignidad, contra la Minga Social y Comunitaria, contra el derecho de construir desde los pueblos un país sin dueños y en paz. Exigimos que salgan de nuestros territorios y que nos dejen en paz.



Hoy 16 de diciembre de 2009, se conmemora el 17 aniversario de la masacre de 20 comuneras y comuneros en El Nilo, por parte de paramilitares, fuerza pública, narcotraficantes y terratenientes. Condenado el Estado Colombiano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aún no cumple con sus obligaciones frente a esta masacre. Por el contrario, nos señala, pone precio sobre nuestras cabezas, nos acusa de terroristas por liberar la Madre Tierra y comete otra acción de muerte. Desde el dolor y la rabia reiteramos el compromiso con la vida y con la dignidad y convocamos la solidaridad nacional e internacional para que nos apoyen al exigir que salgan todos los actores armados y sus cómplices de nuestros territorios.



Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca

ACIN-Cxab Wala Kiwe

Diciembre 16 de 2009

17 aniversario de la Masacre de El Nilo

“JABALANKY WERA” ENCUENTRO DE MUJERES INDÍGENAS EN SAN ANTONIO PALMITO - SUCRE


ComunicaONIC 208 / Diciembre 13 del 2008. Palmito - Sucre.

• La comunidad del Resguardo Algodoncillo del pueblo Zenù, son los anfitriones.
• Del 12 al 16 de Diciembre.

Con el objetivo de consolidar la política propia de la mujer indígena, desde el pensamiento de cada cultura y pueblo, más de 300 mujeres indígenas desde Amazonas hasta la Guajira se reencuentran con sus raíces en el resguardo indígena Zenù de Algondoncillo, municipio de Palmito, departamento de Sucre –Norte de Colombia.

La convocatoria hace parte del mandato de los pueblos a la Organización Nacional Indígena de Colombia, desde su área de Mujer, Familia y Generación, de consolidar el gobierno propio de los Pueblos Indígenas desde todas la miradas y aportes; por ello desde hoy, hasta el lunes 15 de diciembre, delegadas de todas las regionales que hacen parte de la ONIC, trenzaran el sombreo vueltio con fibras de los 102 pueblos ancestrales de Colombia.

“Para aportar debemos reflexionar juntas, sobre nuestra real participación en todos los espacios comunitarios y políticos del quehacer local, regional, nacional e internacional; a partir de la evaluación interna de la real participación diferencial, para que se refleje la invaluable complementariedad en la construcción de nuestro tejido organizativo social interno y externo”, así lo indica la Indígena Pijao, Consejera del área, Dora Lilia Tavera Riaño.

Del AMAZONAS, Tikunas, Uitoto, Cocama, Yagua, Coreguaje, Ingas; ORINOQUÍA, Sikuani, Murui, Sálivas; OCCIDENTE, Awa, Eperara Siapidaara, Emberas (Chamí, Katios, Dóbidas), Nasa y Yanacona; CENTRO, Pijaos, Barí y Muiscas; NORTE, Wayúu, Wiwa, Kankuama, Yukpa, Mokaná, Katios, Zenú. CABILDOS URBANOS, Nasas, Ingas. En pleno ejercicio de la complementariedad, participan autoridades y consejeros indígenas de la ONIC, de regionales, autoridades tradicionales, de la mano con otros procesos como Ruta Pacífica, OFP, Movimiento social de mujeres contra la guerra por la PAZ, Brigadas Internacionales de Paz, entre otras.

Luego de realizar un ritual entre la Madre Tierra y el mar, este martes regresarán a sus comunidades, con el deber cumplido de aporte desde su sentir, para el presente y futuras generaciones.

ONIC: POR LA CONSOLIDACIÓN DEL GOBIERNO PROPIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

ComunicaONIC / 312-6394123.
Autoridad del área: 316-3372268 / mueryfamilia@onic.org.co

DECLARACION BAHÍA PORTETE

Campaña Continental contra el ALCA

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Cumbre de los Pueblos del Sur
Salvador de Bahía, Brasil – 12 al 15 de diciembre de 2008

Declaración de Bahía

Representantes de organizaciones y movimientos sociales de América Latina y el Caribe, reunidos a raíz de la histórica realización de cinco 
cumbres simultáneas de presidentes de MERCOSUR, UNASUR, ALADI, del Grupo de Rio y de América Latina y Caribe en Salvador, Bahía.

Asumiendo el rumbo que marcan los resultados de las Cumbres de los Pueblos realizadas en Posadas 2008, Lima 2008, Santiago de Chile 2007, 
Cochabamba 2006 y Mar del Plata 2005.

Reafirmando que los hombres y mujeres de América Latina y Caribe venimos construyendo la integración desde los pueblos, avanzando en la disputa 
por la profunda transformación del modelo productivo actual en una perspectiva soberana, sustentable y justa.

Teniendo en cuenta los cambios que se están realizando en el escenario mundial a raíz del desencadenamiento de la crisis económica del sistema 
capitalista que es producto de las políticas neoliberales de la globalización que han sumido a la humanidad en una profunda crisis 
energética, alimentaria, climática y social y que ahora se expresan en la crisis económica y financiera.

Observando que bajo la conducción del actual gobierno de Estados Unidos se busca dividir la región, reeditar la fracasada propuesta del ALCA y 
profundizar los esquemas de libre comercio, apertura a las inversiones, endeudamiento en varios países y militarización, y que la Unión Europea 
busca impulsar políticas similares en nuestra región.

Reconociendo no obstante, que algunos gobiernos de la región han iniciado caminos alternativos de desarrollo planteando nuevas formas de 
organización económica, constatamos el mantenimiento de las políticas neoliberales que han conducido a muchos pueblos a escala global a la 
profundización de la pobreza, la discriminación y el abandono de la capacidad de los estados de promover el desarrollo económico y social.

Declaramos:

Asumir el compromiso de profundizar la integración desde los pueblos, en este momento histórico de lucha y movilización de América Latina y el 
Caribe, construyendo la soberanía popular. 

Por eso consideramos que la salida a la crisis económica global debe tener como respuesta estratégica la integración soberana de los países 
de la región y la construcción de un nuevo orden internacional económico, financiero, basado en la solidaridad, la justicia y el respeto a la naturaleza, que valorice el trabajo y que incentive el derecho al desarrollo sustentable de los Países del Sur. Las Américas que queremos construir en la perspectiva de los pueblos deben fundarse 
en los valores de solidaridad, superación del patriarcado, y ser necesariamente anti-racista, respetuosa de las culturas de los pueblos 
originarios y de la diversidad como un valor a ser defendido. En este sentido saludamos y nos solidarizamos con los procesos constitucionales 
en curso en Bolivia y en Ecuador.

Asi vemos con satisfacción que en la región se impulse la autonomía, el fortalecimiento de los mercados internos, el abandono del dólar como 
referente en los cambios internacionales, el dotarse de una capacidad financiera propia y el replanteo de los esquemas ilegítimos de endeudamiento, como lo ilustra el caso de la auditoria en Ecuador. Así como a fortalecer la democracia, y la autodeterminación, la no injerencia en los asuntos de otros estados y la búsqueda de una relación 
respetuosa y fraterna entre las naciones.

Señalamos con agrado que han surgido propuestas de integración que reflejan el sentimiento popular de aumentar los lazos solidarios, la cooperación, el intercambio mutuamente beneficioso y la superación de las inequidades.

Al mismo tiempo vemos con preocupación que en buena medida se mantienen los esquemas neoliberales y el modelo depredatorio, monoproductivo, 
orientado a la exportación de recursos naturales y basado en la construcción de megaproyectos dirigidos a la consolidación de este 
modelo el cual produce incalculables daños a los pueblos originarios, las mujeres, las comunidades campesinas, las fuentes de agua, el medio 
ambiente y el desarrollo social, así como se mantiene un modelo energético no sostenible.

Señalamos que el mantenimiento de las políticas de libre comercio es obstáculo para la integración de los pueblos, la justicia social, la 
soberanía y la democracia y cualquier esfuerzo para retomar las negociaciones de liberalización en la OMC contribuirá a mantener el 
injusto orden internacional contribuyendo a profundizar la crisis alimentaria y climática, asi como también los TLCs y el ASPAN que 
precisan ser rechazados para que la integración que queremos pueda avanzar.

Por estas razones proponemos como alternativas desde los pueblos:

1. Ligar el proceso de integración al cambio en el modelo productivo asegurando la soberanía alimentaria, que solo puede alcanzarse con la 
profundización de una Reforma Agraria, que permita planificar y controlar la producción de alimentos para atender a las necesidades de 
los pueblos, revalorizando la cultura agroalimentaria de los mismos, en una nueva organización de la vida y de las relaciones entre el campo y 
la ciudad. La integración debe incluir también la complementariedad de las economías y el fomento a la producción sustentable. La biodiversidad 
y el conocimiento tradicional son patrimonio de nuestros pueblos, por ello exigimos el cumplimiento del convenio 169 de OIT y la Declaración 
Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas. Asegurar que el uso humano y la preservación de las fuentes y acuíferos vitales al 
abastecimiento público estén en primer lugar en el ordenamiento jurídico y administrativo de nuestros países; que sea efectivizado un Comité 
Latinoamericano y Caribeño para el monitoreo y enfrentamiento de las causas y consecuencias del calentamiento global; y que se garantice a 
los pueblos originarios y tradicionales respeto en los procesos de desarrollo y prioridad en la aplicación de los fondos para la reparación 
de las injusticias climáticas que afectan nuestros países.

2. Garantizar la soberanía de los países sobre los bienes naturales y sus fuentes energéticas, que no podrá ser alcanzada en detrimento de la 
soberanía alimentaria y del medio ambiente, y que permita alcanzar el bienestar de sus pueblos. Llamamos a los gobiernos de la región a 
buscar soluciones dentro de marcos de justicia y solidaridad frente a la demanda del pueblo paraguayo en torno a la renegociación de los tratados 
de Itaipu y Yaciretá.

3. Asegurar la primacía de los derechos humanos, la vigencia y exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales, adoptando los instrumentos legales para ello. Exigimos garantizar los derechos de las y los migrantes y la libre circulación de 
personas y no solamente el flujo del capital y las mercancias. 
Demandamos el compromiso de los gobiernos en ratificar los Convenios 97y 143 de la OIT y la Convención de la ONU sobre los Derechos de los 
Trabajadores Migrantes y sus Famílias.

4. Considerando que los trabajadores y las trabajadoras son duramente afectados por la actual crisis del capitalismo, con despidos en masa, 
reducción de salarios y flexibilización de derechos, exigimos medidas que protejan los intereses del trabajo y hagan que los ricos paguen el 
precio de la crisis. Defendemos la reducción de la jornada de trabajo sin reducción de salarios, condicionar la liberación de recursos 
públicos para empresas con dificultades para mantener el nivel de empleo, ampliar el seguro de desempleo, ratificar y aplicar la 
Convención 158 de la OIT, y prohibir los despidos en masa.

5. Denunciar la criminalización de las mujeres en su lucha por la autonomía y el derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas en la 
lucha por la legalización del aborto.

6. Por entender que el acceso a la salud pública de calidad es un derecho de todos y todas, reivindicamos que los medicamentos y la 
propiedad intelectual no sean incluidos en la agenda de la OMC. Deseamos que los países tengan la posibilidad de construir un modelo alternativo 
de patentes que sirva a sus pueblos, y mecanismos de transferencia de tecnología al servicio de la soberanía popular.

7. El modelo capitalista actual no es capaz de ofrecer tierra urbana y vivienda en una localización segura a los trabajadores y trabajadoras; 
denunciamos que el financiamiento del Banco Mundial y del BID en las ciudades ataca el derecho de la población al medio ambiente. Necesitamos 
de la democratización de los espacios públicos de las ciudades, con políticas intersectoriales de saneamiento, deporte y recreación; además 
de la redefinición de las prioridades del gasto público orientado a políticas redistributivas.

8. Es necesario el fortalecimiento de la educación como un bien público, social, un derecho universal y un deber del estado. Exigimos el 
retiro de la educación de los acuerdos de la OMC. Reafirmamos la necesidad de una cooperación e integración tecnológica y científica, 
basada en valores solidarios, justos y soberanos.

9. Demandamos la democratización de los medios de comunicación de América Latina e Caribe.

10. Se advierte sobre el peligro que entraña la IV Flota (imperial) de los Estados Unidos que amenaza la paz de la región, ante lo cual, 
expresamos nuestro más categórico rechazo a la presencia del Comando Sur en nuestro continente. Nos sumamos a la exigencia del pueblo haitiano 
para el inmediato proceso de retiro de todas las fuerzas armadas extranjeras. Celebramos la ratificación de Ecuador para el retiro 
definitivo de la Base de Manta y su auditoria, y demandamos que no se desloque la base de Ecuador a Perú. Denunciamos la creciente 
criminalización y judicialización de la protesta social, como así también la implementación de las llamadas leyes antiterroristas y 
advertimos al mismo tiempo una nueva ofensiva estadounidense para homologar nuestro marco jurídico regional con la Ley Patriota 
norteamericana.

11. Las instituciones financieras multilaterales son las principales responsables de las actuales crisis económica, climática, alimentaria y 
energética. Los pueblos necesitamos de otras instituciones; su sola reforma significará la profundización de las crisis y resultará en una 
nueva etapa de endeudamiento ilegitimo para nuestros países. Reclamamos a los gobiernos de América Latina y el Caribe que se retiren de estas 
instituciones, incluyendo al CIADI; una simple reforma en el sistema de poder de decisión no va a superar su lógica. Las deudas ilegitimas que 
se reclaman a nuestros países ya fueron pagadas varias veces y representan un mecanismo de dominación. Exigimos el reconocimiento del 
derecho al no pago y el compromiso de los gobiernos de priorizar los derechos de los pueblos y la naturaleza sobre el pago de una deuda 
financiera ilegítima. Saludamos el no pago de la deuda decidido por el gobierno ecuatoriano, respaldado por un proceso integral de auditoria, y 
nos solidarizamos con la intención de iniciar nuevos procesos en Paraguay, Bolivia, Venezuela y la creación de la CPI de la deuda en 
Brasil. Conclamamos a los demas gobiernos de la región y del mundo a respaldar la acción soberana del gobierno ecuatoriano, a emprender 
iniciativas similares y avanzar en la creación de nuevas instituciones, como el Banco del Sur, que pueden contribuir en la construcción de una 
nueva arquitectura financiera regional y global.

12. Demandamos que los gobiernos reconozcan la deuda ecológica y que destinen recursos para la necesaria reparación ambiental.

13. Fortalecer y dotar de herramientas eficaces y equitativas a los procesos de integración en curso, buscando su convergencia y superando 
sus deficiencias, especialmente en lo que se refiere a dotarlos de una institucionalidad operante, garantías para la superación de las 
asimetrías, resolución de los conflictos por medio del diálogo y teniendo como mira permanente el beneficio de la población.

14. Pedimos el pleno reintegro de Cuba a la comunidad latino americana y caribeña y la eliminación del bloqueo a la isla y la libertad para los 
cinco patriotas cubanos presos injustamente en las cárceles de EUA.

15. Exigimos la libertad y el fin de la persecución de las feministas nicaragüenses presas por defender los derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres.

16. Exigimos el fin de la criminalización de los movimientos sociales en nuestra región.

Llamamos a los pueblos de América Latina y el Caribe a la movilización para avanzar en la integración regional y la preservación de las 
conquistas realizadas y de la democracia, construyendo alternativas de cambio social que nos permitan la realización de una sociedad más justa, 
equitativa y soberana.

Salvador, Bahía, Brasil. 14 de diciembre de 2008

Difusión de la Campaña Continental contra el ALCA:
http://movimientos.org/noalca/
________________________________________
"Sí a la vida, No al ALCA. Otra América es posible."

RECOMENDACIONES PARA CONSULTAR LA CATEDRA INDIGENA DE LA U. NACIONAL

Página para ingresar a Black Board: www.campus.virtual.unal.edu.co


Las instrucciones a continuación son las mismas del primer parcial, excepto desde el punto 5 en adelante. (Le recomendamos leerlas atentamente para evitar inconvenientes con sus notas)

1. Lea detenidamente las preguntas y las opciones de respuesta antes de pasar a la siguiente pregunta. Si usted ya envió su respuesta el sistema no permite volver atrás para modificarla. Nota: Puede ocurrir que su navegador le permita volver atrás, sin embargo debe saber que aunque cambie su respuesta el sistema solo tendrá en cuenta la enviada previamente. SI INTENTA VOLVER ATRÁS MUCHAS VECES, EL SISTEMA DARÁ POR TERMINADA LA PRUEBA (LO BLOQUEARÁ).
2. En este mismo cuadro (abajo) encontrará lo siguiente: "Forzar terminación: Esta prueba se puede guardar y reanudar posteriormente". Es necesario aclarar que usted puede reanudarla posteriormente siempre y cuando no exceda el tiempo establecido para la prueba (una hora). Ejemplo: Si usted empieza su parcial a las 9 am del 18 de diciembre debe terminarlo a las 10:00 am del 18 de diciembre. No importa cuantas veces entre y salga de él, ya que como se mencionó anteriormente las preguntas que haya respondido son guardadas por el sistema.
3. Si usted no tuvo en cuenta el punto 2 y excede el tiempo establecido para la prueba (una hora), el sistema no lo sacará, pero al final cuando envie la pregunta número 10 (diez), aparezca un letrero que dice: "La evaluación se ha enviado correctamente" y le de aceptar, encontrará que el estado de su evaluación es "Necesita calificación", lo cual equivale a un cero como nota.
4. Algunas personas han interpretado el tener una hora para presentar el parcial como el tiempo de permanencia en la sesión, esto es, que podrían ingresar hoy 10 minutos, mañana otros diez y así sucesivamente hasta completar la hora a la que hemos hecho referencia. LO CUAL ES INCORRECTO. Para aclararlo remitirse al ejemplo citado en el punto 2.
5. Si se cae la red o sale del sistema. Ingrese de nuevo.
6. Si al reingresar al examen aparece algún tipo de error puede:
6.1. Eliminar el caché de su navegador de internet. En Herramientas/opciones de internet.. e ingresar de nuevo.
6.2. Ingresar desde otro computador.
7. Si no pudo solucionar este problema, debe reportarlo INMEDIATAMENTE al correo parcialcatedrajeg@gmail.com y estar pendiente de la respuesta. Si no lo hace, la cátedra JEG no está en obligación de solucionar sus problemas con las calificaciones en Black Board.
8. No se tendrán en cuenta los reportes de problemas que no se hayan hecho dentro del tiempo que registró el sistema para su examen. [Ejemplo, El estudiante ingresa hoy a realizar el examen a las 13:00, tiene inconvenientes y no puede terminarlo por el mencionado error; debe reportar el problema máximo una hora después de iniciada la prueba (en este caso 14:00). No es válido escribir, dos horas después, mañana, etc]

Cordialmente,

Cátedra JEG  

jueves, 11 de diciembre de 2008

Crisis humanitaria y DDHH en los pueblos indígenas

Onic

Tal y como lo han denunciado los pueblos indígenas de Colombia y las organizaciones sociales, populares y de defensa de los derechos humanos, nuestro país vive actualmente una profunda crisis por la violación sistemática de derechos fundamentales y garantías sociales siendo responsable de estas violaciones el estado en un porcentaje mayoritario. Esta situación no sólo se da por los miles de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos forzados, etc, sino porque el estado implementa medidas inconsultas que limitan o desconocen derechos reconocidos en la Constitución Política.

En el caso de los pueblos indígenas se materializa en una política estatal que fomenta el etnocidio y el racismo a través de modelos educativos aculturizadores, sistemas de salud excluyentes, despojo de los territorios ancestrales, desconocimiento de las autoridades indígenas, entrega de los recursos naturales a las multinacionales y crímenes de lesa humanidad, entre otros. Para sostener esta política de exterminio social, el estado ha implementado la política de seguridad democrática cuya columna vertebral es la fuerza pública como mecanismo represivo que le permite mantener los modelos económicos, estructurados en contra de los intereses de las mayorías, (indígenas, campesinos, trabajadores, afros, etc,) y en beneficio de los grandes capitales y las clases sociales dominantes.

En la persistencia del actual gobierno por sostener y multiplicar esos capitales nacionales e internacionales, ha implementado tres lineamientos que socavan de manera directa los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y de las organizaciones sociales, estos son: la negociación del Tratado de Libre Comercio TLC con Estados Unidos, los proyectos de reforma constitucional y la política de «seguridad democrática». Siendo esta ultima a razón por la cual se vulneran sistemáticamente los derechos humanos, muestra clara son las miles de ejecuciones extrajudiciales, las detenciones masivas por judicializaciones ilegales, llamadas las dos anteriores falsos positivos que son fruto del pago de recompensas y obtención de prebendas que da la seguridad democrática tanto a los miembros de la fuerza pública como a los supuestos informantes; también ante la necesidad que tiene el Estado de mostrar RESULTADOS ante los países que financian la guerra en Colombia; la implementación de las familias guardabosques, red de cooperantes, soldados campesinos que tienen como fin involucrar a la sociedad civil en una guerra que no aceptamos, no compartimos, no apoyamos ni queremos vivir o la criminalización de la protesta social como se hizo en el caso de los corteros de caña, la minga de resistencia social en La maría o la declaratoria de conmoción interior para reprimir el paro judicial.

Entre relación con los proyectos de reforma constitucional que menguan los derechos humanos, podemos citar dos proyectos de acto legislativo (en diferentes versiones) que presentó el gobierno de Uribe, que representan una amenaza a la base y el ejercicio de los derechos fundamentales conquistados en la Constitución de 1991. Por una parte el proyecto de Acto Legislativo 03 de 2003, denominado «reforma estructural», que desconoce la existencia de territorios indígenas y deja sólo la posibilidad de creación de entidades territoriales indígenas contraviniendo la Constitución Política y la posesión territorial milenaria y autónoma de los pueblos indígenas en Colombia.

Por otra parte, con la llamada reforma judicial que busca cambiar también la Constitución, el gobierno quiso derribar e invertir el sentido de la acción de tutela, inutilizándola para la protección de los derechos colectivos, económicos, sociales, culturales y ambientales, a la vez que busca que todos los derechos fundamentales queden subordinados a los Planes de Desarrollo y las leyes de presupuesto; desconociendo que la acción de tutela ha servido durante los últimos 14 años como instrumento clave para la protección efectiva de de los derechos de los pueblos indígenas, los individuos, las organizaciones sociales y populares.

POLITICA DE SEGURIDAD DEMOCRATICA, CIFRAS DE LA VIOLENCIA E IMPUNIDAD.

Bajo la administración del Presidente Uribe Vélez se ha implementado la llamada “política de seguridad democrática”, la cual es presentada como una política de derechos humanos , y que parte de la base de la existencia de un enemigo interno colectivo del cual se considera hacen parte no solo las organizaciones insurgentes, sino adicionalmente las organizaciones indígenas, campesinas, sociales, cívicas, sindicales, de derechos humanos y políticas de oposición a quienes de manera general se les asume y estigmatiza como “auxiliadores” de las guerrillas, lo que ha llevado a la detención masiva y arbitraria de miles de personas y la criminalización de amplios sectores populares que se han movilizado en defensa de sus derechos y que han sido acusados por el alto Gobierno de “ terroristas”.

Así, la “política de seguridad democrática” ha profundizado las violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales, las cuales siguen siendo masivas y sistemáticas:

Para los indígenas las cuentas están claras. En el período de gobierno de Álvaro Uribe, han sido asesinados 1244 indígenas de los diferentes pueblos, incluidos los tres asesinados por la policía nacional en la María Piendamó y Villarica Cauca en desarrollo de la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular, constituyéndose esta práctica en un genocidio.

“Entre julio de 2002 y diciembre de 2007, por lo menos 13.634 personas perdieron la vida por fuera de combate por causa de la violencia sociopolítica. De ellas, 1.314 eran mujeres y 719 niños y niñas y la desaparición forzada de por lo menos 1.477 personas.

En los casos donde se conoce el presunto autor se establece la responsabilidad del Estado Colombiano en un 75,4% de los casos, por perpetración directa de agentes estatales, el 17,53% (1.411 víctimas); y por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por paramilitares el 57,87% (4.658 víctimas). A los grupos guerrilleros se les atribuyó la presunta autoría del 24,59% de los casos (1.980 víctimas).

Igualmente, en lo corrido del 2008, mas de 41 sindicalistas han sido asesinados, convirtiéndose Colombia en el país de todo el hemisferio con mas sindicalistas asesinados en el último año.

Más de 270.675 personas se vieron forzadas a abandonar sus lugares de origen, lo que indica que en promedio 1.503 personas fueron desplazadas cada día . Este delito afecta con mayor gravedad a las poblaciones campesinas, afrocolombianas, los pueblos indígenas y los niños y niñas.

Se destaca el incremento de las ejecuciones extrajudiciales directamente atribuidas a la Fuerza Pública, entre julio de 2002 y diciembre de 2007 se registraron por lo menos 1.122 ejecuciones. Efectivamente en los últimos meses los medios de comunicación han informado sobre decenas de casos de jóvenes de sectores marginados reclutados y luego desaparecidos en varias regiones del país. A los pocos días de haber desaparecido, son reportados como muertos en combate por la Fuerza Pública a centenares de kilómetros de su lugar de origen y enterrados allí como N.N. En lo corrido del 2008, se han registrado más de 102 asesinatos, lo que refleja la vulnerabilidad de los jóvenes de los barrios marginales.

El 30 de octubre de 2006, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos PARA PUEBLOS INDIGENAS, 1940 casos relacionados con homicidios, secuestros, detenciones arbitrarias, y desapariciones forzadas sobre comuneros indígenas, para que la fiscalía general de la nación realizara las investigaciones pertinentes, El 1º de noviembre del mismo año la Fiscalia solo informó sobre 100 casos y precisó que la mayoría de ellos habían precluido por falta de pruebas , evidenciándose la impunidad.

Nuestros territorios se han convertido en territorios de guerra, pues antes de las fumigaciones, aviones de la Fuerza Aérea colombiana, pasan bombardeando, y luego las fumigaciones, la presencia de los grupos armados y la presión del ejército colombiano y tropas y asesores norte americanos han ocasionando el desplazamiento y abandono del territorio por parte de nuestras familias.

No desmantelamiento del paramilitarismo e impunidad:

Las estructuras paramilitares no ha sido desmanteladas y muchas de sus estructuras políticas, sociales y económicas permanecen intactas. Base de datos de la Policía Nacional, el Instituto Indepaz estiman que a agosto de 2007 por lo menos 9.000 paramilitares armados hacen parte de 76 grupos y siguen operando en 25 departamentos del país .

Otro aspecto son los altos niveles de impunidad. Efectivamente, se ha aplicado un marco jurídico, con el primero se hizo la desmovilización del grueso de las estructuras paramilitares y presuntamente se habrían desmovilizado un total de 35.288 paramilitares de los cuales el 90,1% (28.544), fueron beneficiados con una amnistía de facto bajo el argumento de que no tenían investigaciones o condenas en su contra por delitos “graves”.

El segundo marco normativo compuesto por la llamada ley de “Justicia y paz” y sus decretos reglamentarios, se aplicaría a los responsables de graves crímenes de lesa humanidad. El Gobierno postulo a 3.284 paramilitares, de los cuales solo 245 ratificaron su interés por continuar en esos trámites, y de estos se encuentran privados de la libertad apenas 55 y 15 de ello fueron extraditados a los Estados Unidos , para que respondan por cargos de narcotráfico.

Lo anterior revela que sólo un 0.69% de los paramilitares desmovilizados, están siendo procesados bajo los trámites de Justicia y Paz, y el resto se encuentra gozando de la impunidad que se deriva de los marcos jurídicos antes indicados .

A la fecha y de acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación han develado elementos importantes de verdad que muestran los vínculos de mas 113 congresistas y ex congresistas con la estrategia paramilitar, la mayoría pertenecientes a la coalición del partido de Gobierno.

Tampoco ha habido voluntad de reparar a las víctimas, pese a cifras que revelan que entre 4.5 y 6 millones de hectáreas se encuentran en poder de paramilitares y narcotraficantes, hasta la fecha solo han entregado 6 mil hectáreas, lo que revela la falta de voluntad de estos paramilitares para reparar a las víctimas de sus crímenes.

Ante este fracaso, el Gobierno expidió en el mes de abril un decreto de reparación administrativa (Decreto 1290), con el que se pretende indemnizar a victimas individuales, de “organizaciones armadas al margen de la ley”, con unos montos irrisorios y deja por fuera a las víctimas de crímenes de estado, oculta la responsabilidad histórica que tiene el Estado en la creación, fomento y desarrollo del paramilitarismo y se desconoce normas internacionales que obligan al Estado a reparar a las víctimas por violaciones a los DH y DIH.

Amenazas Los pueblos indígenas y sus organizaciones han recibido en los últimos 7 años un promedio de 135.788 amenazas. De manera específica, en el marco de esta Minga se han recibido amenazas que vinculan a las organizaciones y sus líderes con el terrorismo. Observamos, que estas amenazas, los señalamientos y la vinculación al terrorismo que hacen los grupos armados a los pueblos indígenas son el resultado de las imputaciones directas, publicas e responsables realizadas por altos funcionarios del Gobierno colombiano, a las justas reivindicaciones de los pueblos indígenas y a otras organizaciones de derechos humanos, las cuales ponen en riesgo la vida y la integridad física de los indígenas, y de los defensores y defensoras de derechos humanos.

• DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.

El Gobierno Colombiano se abstuvo de aprobar la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, lo que pone de presente las intenciones de este gobierno respecto de los grupos indígenas del País y se constituye en la más clara muestra de su política anti indigenista. De esta manera afecta gravemente nuestros derechos ancestrales, a la Autodeterminación, a la autonomía y a la propiedad del territorio y los recursos naturales.

Para oponerse a su firma, el gobierno adujo entre otros que, bajo la Ley Colombiana, el derecho de consulta indígena no es absoluto. Alega, que el enfoque de esta Declaración frente al consentimiento previo es distinto, y podría equivaler a un posible veto en la explotación de recursos naturales que se encuentren en territorios indígenas, en ausencia de un acuerdo, lo que podría frenar procesos que son de interés general, que en la práctica son el interés de las multinacionales que explotan recursos naturales, muchas de ellas comprometidas con grupos paramilitares en Colombia y otras regiones del mundo. Según el Gobierno, muchos Estados, incluido Colombia, consagra constitucionalmente que el subsuelo y los recursos naturales no renovables son propiedad del Estado para conservar y garantizar su utilidad pública en beneficio de toda la Nación.

En relación con la presencia militar, señala que la Fuerza Publica está en la obligación de hacer presencia en cualquier lugar del territorio nacional para brindar y garantizar a todos los habitantes la protección y respeto a su vida, honra y bienes tanto individuales como colectivos.

Con esta posición, el Gobierno colombiano contradice los derechos históricos de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución de Colombia. Además, está desconociendo la política conjunta de los países del mundo e incumpliendo compromisos y derecho adquiridos

Cabe señalar que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, fue decidida por la mayoría de los países miembros de la ONU y los derechos allí consagrados se constituyen en el estándar mínimo en materia de cumplimiento de derechos humanos para los indígenas. Esta misma doctrina y jurisprudencia internacional orienta que ante una incompatibilidad de las legislaciones internas de los estados y las declaraciones o tratados sobre derechos humanos, debe estos estados modificar sus normas internas de tal forma que puedan acoger de manera integral las declaraciones internacionales, es entonces esta la vía trazada por el derecho internacional y no la planteada por el gobierno nacional.

Pero este no es el único marco jurídico internacional que este gobierno desconoce, pues a pesar de haber firmado istóricamente convenios sobre derechos humanos, los vulnera de manera permanente con las acciones ya denunicadas, especialmente no se respeta los convenios sobre genocidio de sectores sociales, entre otros la Convención Internacional sobre Genocidio, concebida entre los años de 1946-1948, y aprobada por la Asamblea General de la ONU durante el Periodo de Sesiones de diciembre del 48, estableció que “debe entenderse como genocidio la muerte u otros actos de destrucción de miembros de grupos… nacionales, étnicos, sociales o religiosos”.

Las normas sobre derechos humanos en Colombia, a pesar sus limitaciones, incluyen el genocidio político. Sin embargo, aunque aparece escrito en nuestra legislación, lo cierto es que se conservan muy bien guardadas en la caja fuerte del perdón y el olvido, y frente a ello la inmensa e histórica montaña de la impunidad.

Exigencias

EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

a. Que el gobierno de Colombia acoja, sin reservas la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, así mismo y de manera concertada con las autoridades indígenas, se implemente una política pública para pueblos indígenas que garantice sus derechos fundamentales como individuos y como pueblos, en especial el derecho al territorio, la autonomía, salud propia, educación propia, medio ambiente, la paz etc.

b. Que el estado suspenda de manera inmediata la violación de derechos humanos en el país, esto disminuye en un 50% la violación de derechos en Colombia que según las estadísticas son cometidos por agentes del estado.

c. Desmonte de la política de seguridad democrática y adopción de medidas que permitan una salida política al conflicto social y armado que vive el país.

d. Concertación e implementación de medidas cautelares y de protección autónomas y concertadas para pueblos indígenas y organizaciones sociales.

e. La desmilitarización total de los resguardos y territorios indígenas.

f. Que se adopte un plan de emergencia para la atención integral de los 18 pueblos indígenas en vía de extinción.

g. Concertar con los Pueblos indígenas y organizaciones sociales una política especial de reparación integral y colectiva a las víctimas de la violencia que incluya la visión cultural y ancestral.

h. Declaratoria de emergencia social, económica y cultural de los Pueblos Indígenas en Colombia.

i. Desmonte total del Estatuto de Victimas.

j. Cese inmediato de las actividades de fumigación en todo el territorio colombiano.

2. Investigación a las multinacionales que están comprometidos con financiamiento de grupos paramilitares.

lunes, 10 de noviembre de 2008

Minga Indigena 2008





miércoles, 5 de noviembre de 2008

Policías colombianos disparando contra indígenas

sábado, 1 de noviembre de 2008

LA CITA ES ESTE DOMINGO EN LA MARIA PIENDAMO

LA MINGA SIGUE CAMINADO TRAS LAS HUELLAS DE LOS MAYORES.
ESTE DOMINGO LA CITA ES EN LA MARIA PIENDAMÓ..
ACREDITACION DE MEDIOS A TRAVES DE COMUNICACIONES ONIC Y CRIC.
Transmisión en vivo por Dachi Bedea, emisora virtual de los Pueblos:www.onic.org.co
Este domingo indígena de todos los rincones de Colombia, desde Punta de Gallina hasta Leticia, con el poder de la Palabra, de gobierno a gobierno, de Autoridad a Autoridad, dialogarán con el presidente Álvaro Uribe, en el territorio de Dialogo y Convivencia de la María Piendamó.
En minga Curakas, Jaibanas, Tachinabes, Tawalas, Chamanes, Caciques, Taitas, Mamos, Sailas… toman la palabra para transfórmala en pensamiento y fuerza espiritual, porque se hace Minga para terminar un trabajo, y nosotros no lo hemos terminado.
Alertamos, que seguimos creyendo en la palabra del Presidente Uribe, nosotros no hemos incumplido nuestra palabra, ya que el pasado domingo más de 45 mil caminantes de la palabra iniciamos el debate público con una silla vacía: la silla del presidente. Por tanto la cita señor presidente es este domingo en la María Piendamó, en el departamento del Cauca, para debatir la agenda nacional de los Pueblos Indígenas de Colombia.
De modo que tras varias reuniones de consulta con la base, tanto del orden local, como macro regional y nacional, la Minga de Resistencia Indígena y Popular en la María Piendamó se mantiene con el espíritu de la lucha nacional, respaldada por los 102 pueblos indígenas de Colombia, incluso por los 18 que están en vía de extinción y por la comunidad nacional e internacional.
Los bastones y el espíritu de cada indígena siguen alzados, luego de que más de 45 mil de nuestros hermanos indígenas con otros sectores llegaran a Cali el pasado domingo, para cumplir la fallida cita por la dignidad y el resarcimiento de nuestros pueblos. Levantamos la asamblea ante el incumplimiento, y decidimos continuar en minga; la palabra y el pensamiento desde entonces volvió al Territorio de Dialogo y convivencia, La María Piendamó, mientras que de cada territorio indígenas en toda Colombia, los mayores y sabios, nuestras autoridades tradicionales mambeando, cantando, meditando están reforzando de energía la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular.
Por ello invitamos a seguir al tanto los pormenores de la reunión de autoridades por la emisora virtual de la ONIC, Dachi Bedea, a través de la página de la ONIC, www.onic.org.co y como lo ha prometido el gobierno nacional por Señal Colombia.
Invitamos a los medios de comunicación que aun no se han acreditado, por favor hacerlo a través de los correoscomunicaciones@onic.org.co comunicacionescric@gmail.com.
Mayor información comunicativa: 312-63941232811845 comunicaONIC312-2956783 comunicaCRIC - C
on Silsa Arias y/o Vicente Otero.
!!Vamos caminando la palabra por Colombia tras las huellas de los mayores, hoy más que nunca está unida la Madre Naturaleza, el fuego, las plantas y el viento nos acompañan!!!
Contactos Autoridades:
Luis Evelis Andrade Casama, 315-8572995, Consejero Mayor ONIC.Aida Quilcue, 310-7871382, Consejera Mayor CRIC.ComunicaONICminga 05531 de Octubre del 2008.22 días de Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular.