lunes, 8 de febrero de 2010

Masacre de indígenas awá, un año de impunidad y duelo


Semana.com
Jueves 4 Febrero 2010

Las Farc se llevaron a 11 indígenas awá hacia la quebrada El Hojal, en el resguardo Tortugaña-Telembí, en Nariño. Tras acusarlos de ser colaboradores del ejército, desaparecieron a tres y mataron al resto con machetes y cuchillos. En realidad, la cantidad de víctimas eran 13, porque entre los cadáveres había dos mujeres embarazadas que ya casi iban a dar a luz.

Medicina Legal de Cali logró identificar cuatro cadáveres, aún faltan otros tres. El resto están desaparecidos y se presume que fueron arrojados al río El Bravo.

La brutal masacre ocurrió el 4 de febrero de 2009, en una tupida y pantanosa selva nariñense donde llueve a diario pero hace calor todo el día y sólo hace frío al amanecer. El terreno además está lleno campos minados. Al poco tiempo, la columna Mariscal Sucre, de las Farc, reconoció su autoría del hecho mediante un comunicado y se justificó diciendo que las víctimas eran informantes de la fuerza pública.

A pesar de que se tuvieron noticias de la masacre a los pocos días, el número de víctimas y la forma como murieron sólo se pudo aclarar dos meses después. Por las dificultades del terreno y lo inseguro que es para cualquier persona, ninguna autoridad pudo llegar al sitio de la matanza.

Ante la necesidad de saber en realidad qué pasó, unos 700 indígenas de Cauca, Nariño, Huila, Valle, Putumayo, Quindío y Córdoba se fueron monte adentro. Encontraron tres cadáveres en el resguardo Tortugaña-Telembí. Para su sorpresa no eran víctimas de la masacre de febrero sino de otra ocurrida en septiembre de 2008. Luego encontraron otros cuatro en una fosa, y otro más enterrado cerca.

Pese a la odisea, ninguno de los cadáveres ha tenido sepultura. Según cuentan los indígenas, los cuerpos están todavía en Medicina Legal en Tumaco y no han sido devueltos a sus familiares. Todavía falta identificar plenamente algunos cuerpos. Ha sido una tarea difícil, pues no se sabe dónde están algunos parientes y las muestras de su sangre son fundamentales para establecer los parentescos.

Después de la matanza, se desplazaron más o menos 400 personas. De ellas, la mitad no soportó las condiciones en que tenían que vivir en el sitio donde estaban alojados y se fueron para las casas de familiares y amigos. El dato que se tiene es que todavía ninguno ha regresado a sus casas.

Si las víctimas no han sido enterradas, quiere decir que tampoco tendrán el ritual que, por tradición, se les hace a los awá un año después de muertos. Este pueblo indígena acostumbra que, durante los primeros 12 meses después de la muerte de alguno de sus miembros, la familia guarde un luto que implica no bailar y no tomar licor a lo largo este tiempo.

Gabriel Bisbicús, líder de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), explica que el día del primer aniversario, los familiares y amigos visitan la tumba y llevan un tambor. Hacen como una especie de evento social alrededor y, después, golpean el instrumento cuatro veces, como para despertar al muerto.

Uno de los asistentes lleva una estructura de madera en su espalda, algo así como una silleta. Se supone que en ella se sienta el espíritu. Caminando, van a la casa del muerto, donde previamente la familia ha preparado su llegada.

Para ese momento, han puesto la cama idéntica a como solía usarla el pariente y, sobre ella, una muda de ropa, como si la persona estuviera acostada allí. Quien lleva el espíritu en su espalda, lo ubica delicadamente encima, como si estuviera acostando a una persona dormida sin querer despertarla.

En otro sitio, han puesto una mesa con la comida favorita de quien murió hace un año y en otro lugar, sacan todas sus pertenencias, como ropa, zapatos, machete, en fin. Con la casa así organizada, se inicia una fiesta. Los asistentes toman trago, comen, bailan. También pueden hacerlo los familiares del muerto, porque ya con este rito se acaba el luto.

Al amanecer, quienes no son parientes toman las pertenencias del difunto y se las reparten para quedarse con ellas. Y la familia toma una muda de ropa, va donde un sacerdote para que celebre una misa por el difunto y, al final, le entrega las prendas. Desde ese momento, se despiden definitivamente y el espíritu se va para la selva.

Esa es la manera como los awá creen que sus muertos pueden descansar definitivamente tranquilos, cosa que no ocurrirá si permanecen en la morgue.

Quien no se sabe si está descansando tranquilo es el guerrillero Antonio Villavicencio, alias ‘Villavo’, el comandante de la Mariscal Sucre cuando ocurrió la masacre. Bajo sus órdenes, este grupo de las Farc fue el responsable de brutales muertes.

Según la Policía, ellos quemaron un bus en la vía entre Pasto y Cali el pasado 20 de noviembre. Las versiones conocidas hasta ahora dicen que los guerrilleros prendieron el fuego cuando aún estaban seis personas adentro, incluidos dos niños. Todos ellos murieron en las llamas.

Quienes conocieron de cerca de ‘Villavo’, se lo describieron en su momento a Semana.com como un hombre que se agitaba fácil y lo comparaban con “un cerdo apareándose”, porque a veces hablaba a los gritos, se inflaba su nariz, decía cosas que nadie entendía y su boca se mojaba con saliva.

Y en esos momentos de excitación llegó incluso a permitir que sus hombres cometieran atrocidades como matar con cuchillos y machetes a indígenas amarrados, incluyendo a dos mujeres embarazadas.

El secretario de gobierno de Nariño, Fabio Trujillo, le contó a Semana.com que hay información de inteligencia que dice que ‘Villavo’ podría estar muerto.

Las versiones son tres. La primera, es que el guerrillero ‘J.J’, jefe del Frente 29, ordenó relevarlo ante el gran costo político que tenían que pagar las Farc por los excesos de ‘Villavo’. “Para ello, mandaron a ‘Gustavo’, que era el comandante de la columna móvil Daniel Aldana, que opera más hacia Tumaco. Parece que hubo líos entre ellos dos y ‘Villavo’ mató a ‘Gustavo’. Entonces la guardia ‘Gustavo’ reaccionó y mató a ‘Villavo’”, según narra Trujillo.

Otra versión es que ‘Villavo’ escuchó que iban por él y se preparó para atacar sin ningún diálogo y lo mataron. Y la tercera hipótesis es que se enfrentó con el ELN y cayó en un campo minado y se murió.

“Creemos que ‘Villavo’ está muerto. Era extremadamente sanguinario y es posible que las Farc hayan querido relevarlo”, enfatiza Trujillo.

Esas versiones que da el Secretario de Gobierno están sujetas a verificaciones. Pero sea cual sea el final de los victimarios, hay un grupo de gentes que después de un año, no han podido darles a sus parientes la sepultura que merecen.

viernes, 5 de febrero de 2010

Comunicado al respecto del ataque de la Fuerza Aérea a una comunidad indígena en Antioquia.Compartir

"En la madrugada, la Fuerza Pública, la Fuerza Aérea empezó a bombardear nuestro resguardo, ubicado en Alto Guayabal y en esa acción hirieron a cuatro indígenas, entre ellos a un bebé", dijo William Carupía, líder de la comunidad Emberá Katío. Estas palabras se han vuelto frecuentes en el último tiempo, y se suman a las voces de cientos de madres que denuncian falsos positivos, a grupos sindicales que son perseguidos y amenazados, a periodistas que son tildados y satanizados…

Orsinia Polanco repudia cualquier acto, voluntario o no, que vaya en detrimento de los derechos humanos y atente contra la vida de los ciudadanos colombianos. Lo ocurrido anoche es una muestra más de una política desgastada y de un gobierno que está perdiendo la guerra y apela a lo que sea para acabar con la guerrilla, sin importar si está involucrada la sociedad civil.+ Indígena + Colombia es + respeto a la democracia, a los derechos humanos, a las instituciones y + respeto por la vida.

Posición Embera Katío, Alto Sinú, frente a Urra II

Los Emberá Katío del Alto Sinú ratifican ante el Consejo de Estado su oposición frente a la Hidroeléctrica Urrá II; lo instan a tener en cuenta su cultura y cosmovisión, su jurisdicción especial y respetar sus decisiones.

Emberá Katío del Alto Sinú reunido en asamblea -Dic. 2009- ratifica ante el Consejo de Estado su oposición frente al la Hidroeléctrica Urrá II instamos al Consejo de Estado a tener en cuenta el concepto emitido por Parques Nacionales Naturales y nuestra posición como Pueblo Indígena de acuerdo a nuestros usos y costumbres, con el fin de dar reconocimiento a nuestra jurisdicción especial indígena respetando las decisiones y lucha por nuestro territorio y ratificar el Auto Nº 3472 del 27 de noviembre del 2008 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.

Exploración minera aérea, viola derechos indígenas

Comunidades Embera de Urada-Jiguamiandó denuncian violación territorial y posibles exploraciones mineras, aéreas, sin consulta previa a raíz de sobrevuelos en helicópteros militares y no militares en su territorio.

Comunicado publico nacional e internacional zona del resguardo indígena Embera Urada-Jiguamiando

La comunidad Embera de Urada-Jiguamiandó, del Bajo Atrato, quiere hacer conocer de ustedes la situación por la que están atravesando en este momento: Desde el primero de diciembre del presente año se están dando nuevamente sobrevuelos de un helicóptero particular, de color blanco, en la zona de la Rica y en otras partes del Resguardo.

Nosotros creemos que es el mismo helicóptero que en enero de este mismo año aterrizó en repetidas ocasiones en la zona de la Rica. En este día desde las dos y media de la tarde hasta las cinco y veinticinco minutos, hicieron 5 sobrevuelos de reconocimiento de la zona, volando muy bajo y con un aparato largo, creemos que un detector de metales, para nosotros estaban explorando desde lo alto los minerales que se encuentran dentro del resguardo. No han aterrizado en la zona pero hasta la fecha de este comunicado siguen dándose los sobrevuelos.

Este reconocimiento no sólo se ha hecho en la zona de la Rica, sino también en una loma de Alto Guayabal, siguiendo luego por la desembocadura del río Jarapetó hasta su nacimiento. Más tarde les han visto por la cabecera del río Ancadia, por el nacimiento de la quebrada Parrú hasta su desembocadura e incluso pasando al resguardo Embera del río Murindó.

Hasta el momento el Resguardo “Urada Jiguamiandó” no está militarizado, pero el ejército se encuentra a una hora y media de la comunidad de Alto Guayabal, en el territorio con título colectivo de las comunidades afro-descendientes de la cuenca del río Jiguamiandó. En similares circunstancias se encuentran en el resguardo del río Murindó: Al frente de la comunidad Isla, está el ejército en territorio indígena y en la comunidad de Guagua, también se halla el ejército en territorio colectivo de las comunidades negras de Murindó.

Todo esto tiene a los habitantes de toda esta zona, indígenas como afro-descendientes muy inquietos y preocupados, pensando que va a darse nuevamente la exploración minera y la militarización de este extenso territorio, por lo tanto del Bajo y Medio Atrato, territorio Chocoano y Antioqueño.

Las organizaciones han visto por lo tanto la necesidad de denunciar estos hechos ante la comunidad nacional e internacional, dejando muy claro que al interior de las comunidades indígenas y afro-descendientes no se ha hecho ninguna consulta ni concertación con las comunidades, por lo cual vemos que lo que se está haciendo en este momento es una violación a los derechos humanos y territoriales.

En regiones y pueblos aledaños se están escuchando voces que dicen que en enero del 2010 van a entrar a hacer estudios de exploración de la zona la Rica, comúnmente llamada Careperro (Jaikatuma = cerro del espíritu) que es un lugar sagrado para las comunidades indígenas de toda la zona. Además se escucha decir a los comerciantes que va a llegar el progreso a la zona, que va a haber mucha generación de empleo y que las condiciones para ellos van a cambiar porque el comercio se va a expandir mucho. Esto se escucha tanto en las veredas, corregimientos y cabeceras municipales.

Esta situación está incidiendo fuertemente en la vida de las comunidades que están preocupadas y asustadas. Es por ello que nos decidimos a denunciar lo que estamos viendo y oyendo, en espera de un apoyo de las organizaciones de Derechos Humanos, de ONGs. de la Iglesia, de Agencias Nacionales e Internacionales y de todos aquellos que ven en la destrucción de la naturaleza un daño grande a la humanidad y por ende a los mismos hombres y mujeres que la poblamos.

Resguardo Urada-Jiguamiandó, diciembre 15 de 2009

Aniversario del asesinato de Edwin Legarda, un año de impunidad


Un año después del asesinato de Edwin Legarda, por miembros del Ejército de Colombia, declaramos -en el marco del derecho internacional- el asesinato de nuestro hermano como un Crimen de Lesa Humanidad cometido por el Estado colombiano.

La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Una vez cumplido un año del asesinato del líder indígena del Pueblo Nasa Edwin Legarda, crimen cometido el 16 de diciembre del 2008, por miembros del Batallón José Hilario López, del Ejército de Colombia, convoca a las organizaciones indígenas y sociales del país, a reunirnos a brindar vehemencia a la memoria de este gran héroe de la resistencia social e indígena, para que los Dioses de los distintos pueblos condenen la acción criminal que segara su vida.

En ese sentido, la ONIC, con sus organizaciones y autoridades, aclaran ante el mundo que en el ejercicio de nuestra Autonomía y bajo el reconocimiento del derecho internacional, declaramos el asesinato de nuestro hermano Indígena, como un Crimen de Lesa Humanidad cometido por el Estado colombiano a través de su Fuerza Pública.

Fotos Ceremonia de aniversario realizada resguardo de Totoró recordando a Edwin Legarda, Cortesía Cric

De igual forma, para repudiar, condenar y rechazar las acciones de impunidad presentadas por los organismos de investigación del Estado, los cuales no han podido ejercer justicia en el sentido proporcional acorde al crimen cometido contra este dirigente.

En este hecho se ha visto que hay una serie de imputaciones y condenas a los actores materiales; pero de igual forma se ha ido negando o enterrando con ello la posibilidad de investigación, juzgamiento y condena de los actores intelectuales los cuales dieron la orden para la materialización del acto genocida.

La ONIC, comunica a la opinión pública nacional e internacional, que el asesinato del Hermano Edwin, se constituye en un crimen de Estado, que a la vez toma status de asesinato político, debido que el origen del acto criminal, tiene sus antecedentes en la represalia cometida por la vía militar contra las acciones realizadas en la Minga Nacional Indígena y Popular de los pueblos llevada a cabo durante los meses de octubre y noviembre de 2008.

En ese sentido, la ONIC, con sus organizaciones y autoridades, aclaran ante el mundo que en el ejercicio de nuestra Autonomía y bajo el reconocimiento del derecho internacional, declaramos el asesinato de nuestro hermano Indígena, como un Crimen de Lesa Humanidad cometido por el Estado colombiano a través de su Fuerza Pública.

Eso en función de que, en la costumbre del mismo derecho internacional, los pueblos indígenas al ser actores vulnerados que no hacen parte del conflicto armado, ni de las contradicciones ideológicas y políticas existentes en el mismo, deben considerar a éstos pueblos, actores protegidos por el derecho internacional.

Todo acto de violación a sus derechos fundamentales y humanos cometidos por los actores del conflicto colombiano, debe ser tipificado como un Crimen de Lesa Humanidad. Desde allí, la ONIC, considera pertinente que las organizaciones indígenas y sectores de la sociedad civil en general, apoyen la acción de llevar este y otros hechos ante la Corte Penal Internacional.

De igual forma, exigir al Estado colombiano la inmediata reparación integral, a las víctimas de este tipo de crímenes por ser hechos genocidas, que atentan contra la pervivencia de los pueblos indígenas en nuestro país.

jueves, 14 de enero de 2010

Supervivencia de los indígenas en Colombia está amenazada, dice la ONU

Así lo expresó el relator especial del organismo para los pueblos indígenas, James Anaya.

Relator de la ONU pide a grupos armados colombianos no reclutar niños indígenas
Paute fácilIngresa HOY a la Universidad

Se mostró preocupado por la situación de esas comunidades en Colombia y aseveró que la "violencia y otros crímenes amenazan su supervivencia física y cultural".

"He recibido información sobre una situación sumamente preocupante de violencia y otros crímenes contra pueblos indígenas, así como de desplazamiento forzado y confinamientos, que amenaza a la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas", dijo Anaya en un informe divulgado este miércoles.

"Resulta patente que existe una atención por parte del Estado a los asuntos indígenas, sin embargo estoy preocupado por las múltiples indicaciones de que la situación no ha sido afrontada con la urgencia" que merece, añadió.

En particular, Anaya mencionó como problemas el derecho a la tierra y los recursos naturales, la consulta a los pueblos indígenas de decisiones que les afectan, y brechas significativas con respecto al resto de la población colombiana en el disfrute de sus derechos.

Este informe se basa en una visita que realizó el relator especial de la ONU a Colombia en julio de 2009.

En diciembre pasado, la oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia pidió mayores medidas de protección al Estado, ante un fuerte incremento de los asesinatos de indígenas.

Según cifras del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario citadas por la oficina de la ONU, 94 indígenas fueron asesinados en Colombia entre enero y octubre de 2009, lo que representó un aumento del 64% con respecto a los primeros diez meses de 2008.

AFP

miércoles, 25 de noviembre de 2009

Autonomía indígena, un derecho integral innegociable

Durante el desarrollo de la Mesa Nacional de Concertación, realizada la semana pasada en Bogotá, los pueblos indígenas le dejaron claro al gobierno que sus derechos, principios, territorio y su dignidad son innegociables.

En palabras del Taita Lorenzo Muelas, “la autonomía indígena es integral, integralidad territorial, lingüística, cultural y jurídica…” Para referirse al tema educativo el taita planteó la autonomía como el fundamento cultural, espiritual de cosmovisión y, por ende fundamento constitucional.

Durante el desarrollo de la Mesa Nacional de Concertación, realizada la semana pasada en Bogotá, los pueblos indígenas le dejaron claro al gobierno que sus derechos, principios, territorio y su dignidad son innegociables. “Pido humanamente respeto por los derechos que tenemos y los cuales son innegociables como el territorio, el pensamiento, la identidad, los recursos naturales…”, dijo el Taita Lorenzo Muelas, del pueblo misak -gambiano-, en una férrea defensa, profunda reflexión, sobre el fundamento autonómico de los pueblos indígenas.

El planteamiento lo hicieron los pueblos indígenas luego que el gobierno -Ministerio del Interior- pretendió insertar en la agenda temática un proyecto de ley sobre Consulta Previa, a consideración de los pueblos indígenas y sus autoridades, por lo cual las delegaciones regionales reaclamaron respeto ya que no era el espacio adecuado para tal pretensión.

La Viceministra del Interior, Vivian Manrique, tuvo que salir a explicar que se trataba de un espacio de información, una propuesta de trabajo para que los indígenas lo discutan.

Finalmente no se discutió el tema, pero el incidente puso sobre la mesa de discusión un principio fundamental de los pueblos indígenas y que bajo ninguna circunstancia se puede negociar y es el derecho a la autonomía…

La segunda sesión de esta Mesa Nacional, realizada este año (la primera fue en mayo, 22), giró alrededor del polémico tema de los Autos 004 de 2009 y 092 de 2008, emitidos por la Corte Constitucional con el objeto de obligar al gobierno a amparar y proteger la vida, integridad y los derechos de las personas desplazadas o en riesgo de estarlo por causa del conflicto, y que hasta ahora el gobierno no lo ha hecho, como es su obligación.

Para el caso del Auto 092, destinado a proteger los derechos de la mujer, se estableció que el proceso de consulta comenzará en enero de 2010 de manera independiente del Auto 004. No obstante, si hay elementos idénticos en temas de mujer debe haber una coordinación entre los dos Autos.

Otros temas tratados fueron educación y salud, para el primer caso hubo un buen avance aunque no fue lo mismo para el segundo, donde la cartera de Min-protección no estuvo presente a la hora de firmar el acta. (Ver aprobación del acta)

La Mesa Nacional de Concertación, un logro de los pueblos indígenas

El Decreto 1397 de 1996, por el cual se creó la Mesa Permanente de Concertación y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, surgió gracias a la exigibilidad de los pueblos indígenas que en 1996, se tomaron la Conferencia Episcopal Colombiana -en Bogotá- y carreteras y oficinas públicas en otras regiones del país.

La iniciativa de los pueblos indígenas se dio a raíz que cinco años después de emitida la constitución política del 91 sus postulados no se aplicaban en la práctica y los derechos indígenas eran vulnerados a todas luces.

Mientras en Bogotá, para mediados de julio de 1996, una Comisión negociadora indígena notificaba al gobierno que no se retirarían de la sede Episcopal sin soluciones efectivas, en otras regiones aumentaba la presión; en Putumayo, por ejemplo, unos 200 indígenas de los pueblos sionas, kofanes, ingas y Kamentzá, ocupaban pacíficamente la sede de la gobernación en Mocoa y pedían al gobernador pronunciarse a favor de las demandas presentadas a nivel nacional.

Mientras que en Tolima unos 200 pijao se tomaban la sede del Incora regional en Ibagué; el Consejo Regional Indígena del Tolima, pedía elaborar un Plan de Desarrollo, que fuera desde luego concertado con las autoridades indígenas para poner en práctica el ejercicio de Autonomía y demás derechos constitucionales.

Las reclamaciones territoriales, respeto por la autonomía -garantía de su cumplimiento- y la oposición al modelo financiero de desarrollo depredador de la naturaleza fueron, también en esa época, los principales reclamos de los indígenas.

En este sentido se establecieron instancias participativas de concertación ya referidas, hoy la Autonomía es uno de los principios de identidad y por los cuales los indígenas abogan en todo su ímpetu.

La autonomía indígena es integral

Para hablar un mismo lenguaje el gobierno tiene que partir que la autonomía es para los pueblos indígenas su principio rector, y el principal fundamento de la constitución del 91 y del marco normativo colombiano. En palabras del Taita Lorenzo Muelas, “la autonomía indígena es integral, integralidad territorial, lingüística, cultural y jurídica…” Para referirse al tema educativo el taita planteó la autonomía como el fundamento cultural, espiritual de cosmovisión y, por ende fundamento constitucional.

También, increpó a las comunidades, sobre todo a dirigentes jóvenes, cómo ¿se inspiran en el movimiento indígena para la defensa de sus derechos?

El Taita Lorenzo exaltó el esfuerzo de los pueblos indígenas por recuperar su memoria histórica; “después de lustros de pérdida de valores, hemos trabajado en la recuperación y rescate de lo que nos queda; en ese sentido la Corte Constitucional a través del Auto 004 nos ha dado un programa de Salvaguarda. La Salvaguarda es la existencia misma, vivir con identidad y pensamiento para nosotros es vivir bien, no como en el sistema occidental de explotar la tierra y acumular riqueza…” expresó.

Agregó que para los indígenas el buen vivir es querer la tierra, amarla con todos sus componentes y elementales y con presencia de hombres y mujeres indígenas; en ese espacio geopolítico la presencia del hombre y la mujer se compenetra con la madre tierra”. Concluyó que la identidad y el pensamiento son fundamentales para vivir, y advirtió sobre el riesgo que la educación vuelva a ser manejada por la iglesia; “se repetiría la lamentable historia nefasta de siglos anteriores”.

Desde otro pueblo indígena del occidente del país Francisco Rojas, cuestionó algunos de los planteamientos que exponían algunos “ilustres” autores de las Constituyente del 91, quines asombrados expresaban ‘cómo en un país de civilizados existen unos indios reclamando autonomía, cultural, educativa, territorial’…”

Rojas contó cómo después de varios debates entendieron que en Colombia existían otras formas de ver la vida, el mundo y el cosmos, que había caciques, jaibanas, sabios… y que ellos son parte de la estructura de la autonomía…

El actual Personero distrital planteó la diferencia entre la visión de autonomía que entienden quienes administran el Estado y la de los pueblos indígenas; “en el territorio está la madre, la naturaleza, los recursos, los bosques, los espíritus y esto lo vemos distinto al concepto hegemónico que habla el Estado de Autonomía,

“En el autogobierno indígena colectivo, participan niños, mujeres, abuelos, jóvenes, todos; en el Estado no, tengo que tener cédula… Esto genera para el gobierno incompatibilidad, en que unos indios poquitos y con una cultura primitiva quieran hablar de un desarrollo y quieran detenerlo, hablando de un desarrollo integral que incluya el cuidado y respeto de los ríos, como la sangre de nuestras venas y opuesto al valor del capital”, concluyó.

Los pueblos indígenas sentaron un precedente de cómo la presencia del Estado en territorios indígenas con sus programas impuestos viola la autonomía de las comunidades indígenas; “el Estado no ha entendido la autonomía frente al Estado militarista, el espíritu de la constitución fue ese; el principio de respeto por autonomía de los pueblos… pero la degradación de la guerra ha intentado cambiar paulatinamente este espíritu”.

Resultados de la Mesa: Aprobación del Acta

Educación. La administración educativa propia indígena estará a cargo de los pueblos indígenas; sus autoridades y organizaciones. Esto debe incluir presupuesto para su funcionamiento; preparación a docentes y que éstos sean bilingües; le educación propia para pueblos indígenas no estará regulada por el Estatuto Docente, propuesto por el Ministerio de Educación Nacional; habrá una ley que regule la propuesta indígena (Sistema de Educación Indígena propia), la cual fue aceptada por el gobierno y que los indígenas consideraron como uno de los grandes avances de esta Mesa.

El gobierno nacional reconoció la integralidad de la propuesta del sistema educativo indígena propio, la cual incluye en el componente administrativo el tema laboral del personal docente de los pueblos indígenas. (Ver: Acta Mesa de Concertación, Nov. 2009, http://www.onic.org.co/img_upload/3068e9df14b050d72c4fa19fabbab2d7/Acta_Mesa_Concertaci_n_Nov_2009.pdf)

Salud. Concertar el Decreto Reglamentario IPSI. En materia de visitas de inspección, vigilancia y control a las EPSI e IPSI, el Ministerio planteó la suspensión transitoria de la aplicación de requisitos no esenciales a las IPSI mientras se realiza el proceso de consulta previa de la normatividad al respecto.

En cuanto a EPSI, debido a que estas visitas son de competencia de la Superintendencia, el Ministerio no está facultado para tomar ese tipo de decisiones. Se va a propiciar un espacio de diálogo con la Superintendencia para analizar este tema.

En este sentido se dejó constancia por parte de los delegados indígenas que las normas que no hayan sido consultadas y concertadas con los pueblos indígenas, no pueden ser aplicadas en los territorios, en particular las relativas a la inspección, vigilancia y control de las Entidades Promotoras de Salud Indígenas.

También la Defensoría del Pueblo dejó constancia que en desarrollo del acuerdo celebrado entre las entidades del gobierno y en especial el Ministerio de la Protección Social, con los pueblos indígenas, se hace necesario suspender los actos administrativos que impidan o limiten el funcionamiento de las EPS-I e IPS-I, hasta tanto se concerté la reglamentación específica para su operación y se realicen las respectivas adecuaciones técnicas a la misma.

Autos. En relación con el Auto 004 de 2009, se informó que con la comisión temática compuesta por los delegados indígenas se acordó que los interlocutores válidos para el proceso serán la ONIC y OPIAC.

También se informó de los avances en el diseño de planes de salvaguarda con los pueblos Awá, Totoro, Yanacona y Coconuco; falta por definir las fechas para la instalación del proceso con el Pueblo Guambiano, Nasa, Eperara Siapidara y Kofan. Se está haciendo la coordinación con la Defensoría del Pueblo y Acción Social para iniciar el proceso con Chimilas, Yupkas, y Betoyes.

Del Auto 092 de 2008, se acordó realizar el trabajo de definición del programa de mujeres indígenas desplazadas en 20 meses, en tres fases: 1) conformación del equipo de socialización y preparación del equipo. 2) Encuentros zonales y locales de socialización donde las mujeres construyan los lineamientos e insumos para el programa; 3) encuentros departamentales para llegar con los insumos zonales y armar el programa o documento final en el encuentro nacional. Así mismo, se mencionó la aprobación de un presupuesto por valor de $4.760.584 millones para apoyar el proceso.

En la próxima reunión de la Mesa Permanente de concertación se trabajará el tema de política publica Como delegado al CNAIPD se selecciona a Gilberto Arlán Ariza, indígena Kankuamo

Como delegado al Consejo de Política Social se selecciona a Nilson Alvear, indígena Cocama

Ver Acta: http://www.onic.org.co/img_upload/3068e9df14b050d72c4fa19fabbab2d7/Acta_Mesa_Concertaci_n_Nov_2009.pdf

Concierto por los niños del Cumare

Durante el Concierto a realizarse en Bogotá el próximo viernes se lanzará la Campaña: Por los Niños del Cumare, que en lo corrido del año han muerto 45 de ellos por hambre. Invitan: Fundación Nuevo Camino y Consejerías de Territorio y Comunicación de la Onic.

Cada año miles de niños sufren de hambre y desnutrición; en Colombia el punto más emblemático es el departamento de Chocó donde casi a diario los niños tienen que ser intervenidos por sus críticos estados de desnutrición; muchos de ellos mueren. El Sur de Colombia también: Amazonas y buena parte de la Orinoquia se han incrementado también los casos de niños que mueren de hambre; en estas lamentables circunstancias en Vichada y Putumayo, en lo que va corrido del año, han muerto 45 niños de los pueblos indígenas curripacos, sikuani y piaroas entre otros .



El abandono institucional y la crisis social que además de ser coyuntural, es estructural han conllevado a los pueblos a una crisis humanitaria sin precedentes en nuestra historia, reciente. Y es muy paradójico que en este país el gobierno a través de algunos de sus programas opte por regalar millones y millones a los grandes empresarios del campo, pero no haya un presupuesto o un programa que no sea asistencialista para atender la pobreza y la salud de nuestros niños, como lo establece la Constitución Nacional.



La Onic, a través de sus Consejerías de Territorio, Recursos Naturales y Biodiversidad y de Comunicación expresan su profunda preocupación por la situación de nuestros niños. Llamamos al pueblo colombiano y a las instituciones del gobierno a tomar muy en serio esta problemática que no es sólo de nuestros pueblos sino de todos; todos somos colombianos.



En este sentido la Onic acoge con beneplácito la iniciativa de la Fundación Nuevo Camino y el artista Roger Klown, de desarrollar una campaña -la cual presentaremos el próximo viernes en un concierto- para apoyar a miles de niños indígenas del municipio de Cumaribo, departamento del Vichada, que cada año por causas ajenas a su voluntad se enfrentan a la vulneración de sus derechos y libertades.


Por lo anterior invitamos a todos los colombianos y especialmente llamamos a los medios de comunicaron para que apoyen esta iniciativa dando a conocer a la opinión nacional e internacional esta dramática situación.



Durante el concierto se hará el lanzamiento oficial de la Campaña: Por los Niños del Cumare, esperamos contar con su participación. El Concierto se realizará el próximo viernes 20 de noviembre a partir de las 9 de la noche, en la carrera 12ª No 79 -45

Sacrificio del Cauca y peligro de genocidio indígena


Los indígenas, cansados de los asesinatos y agresiones de los grupos armados ilegales y del propio Estado, acentuaron su posición de autonomía e independencia y en una resolución aprobada a mediados del año 2000 en el cabildo de Jambaló...

Con la muerte de nueve militares a manos de las Farc en Corinto y el envío de 2.500 soldados al Cauca, la creación del Comando Conjunto de Occidente y el traslado de la sede de la III División del Ejército a Popayán, la confrontación armada en el departamento llega a su punto más alto. Podemos estar a las puertas de una gran tragedia.

Esta afirmación es muy triste y puede sonar a exageración, pero los acontecimientos de los últimos años nos dicen que la situación del Cauca puede desembocar en la muerte de centenares de indígenas, campesinos y pobladores urbanos atrapados en medio de una infernal balacera entre la Fuerza Pública, los guerrilleros y los paramilitares.

Las posiciones de todas las fuerzas se han radicalizado. Los indígenas, cansados de los asesinatos y agresiones de los grupos armados ilegales y del propio Estado, acentuaron su posición de autonomía e independencia y en una resolución aprobada a mediados del año 2000 en el cabildo de Jambaló y acogida luego por el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) se comprometieron a defender, entre otros, estos postulados: "Continuar ejerciendo el derecho a la autonomía territorial de acuerdo con los principios históricos, constitucionales, derechos internacionales y normas en relación con la madre naturaleza. No permitir que los jóvenes indígenas ingresen a los grupos armados, so pena de perder sus derechos como indígenas. Exigir respeto hacia los caciques y mártires indígenas y reclamar que ningún grupo armado use sus nombres. Ejercer el control territorial a través de las autoridades indígenas, de acuerdo con las leyes de la naturaleza y las normas de la comunidad."

Amparadas en estas ideas, las comunidades perfeccionaron y fortalecieron la Guardia Indígena como mecanismo de protección y símbolo de autoridad propia y echaron a andar las mingas o protestas masivas de carácter pacífico.

La primera tuvo ocasión en el 2004 y la más grande y desafiante en octubre del 2008. En estas acciones es visible el reclamo doloroso por los asesinatos y agresiones de las guerrillas y paramilitares, pero también la distancia del Estado y la exigencia de respeto, tierras y derechos a los terratenientes y a las instituciones públicas.

Los grupos armados ilegales han tomado como trinchera al Cauca. Se habla de cerca de 5.500 personas repartidas en 14 estructuras. Acosadas por la ofensiva de las Fuerzas Militares a lo largo de la Cordillera Oriental, las Farc decidieron concentrar fuerzas e intensificar acciones en lugares claves de la Cordillera Central, y el norte del Cauca es uno de ellos.

También en el sur del Cauca y en otros lugares del departamento ejercen una gran influencia el Eln o los nuevos grupos paramilitares que llevan el nombre de 'Rastrojos' y 'Águilas Negras'.

El Gobierno ha respondido a la autonomía indígena, a las protestas sociales y a la creciente presencia de grupos ilegales en el Cauca de un modo errático. En ocasiones ha acusado a los indígenas de complicidad con las guerrillas y, en ese ambiente, las Fuerzas Militares han agredido a las comunidades de manera atroz, como ocurrió en el asesinato de Edwin Legarda, esposo de la líder Aída Quilcué, el 16 de diciembre del 2008.

También el Gobierno tuvo la osadía de impulsar la Organización de Pueblos Indígenas del Cauca -Opic- para generar una fuerza de apoyo a las políticas del presidente Uribe y disidente de la organización histórica de los indígenas, lo cual ha radicalizado aún más la posición de las comunidades dirigidas por el Cric.

El ambiente está en su máxima tensión. A lo largo del año se han presentado 32 muertos de la Fuerza Pública, los cultivos de hoja de coca han sobrepasado las 5.000 hectáreas, y la decisión de militarizar la región augura que la situación irá de mal en peor.
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XVI Sesión de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas


Luego de dos años de suspensión por la extinta ley 1152/07, esta instancia sesionó la semana pasada. Los indígenas propusieron formular una política pública de territorio y ambiente -concertada previamente-, que responda a su cultura y cosmovisión.

“La vida está en la raíz de la tierra”, bajo este principio el Taita Lorenzo Muelas del Pueblo Misak -guambiano- y los miembros de los pueblos indígenas, desde tiempos inmemoriales han luchado para proteger sus territorios ancestrales y todo lo que en ellos reposan.

Hoy el mundo capitalista ha violado este principio conservacionista; ha puesto su mira sólo en los beneficios lucrativos que de los territorios y la naturaleza pueda extraer. Esto y en gran parte el conflicto armado por los intereses que hay detrás de la tierra y el control de los espacios geográficos generó, en Colombia, una gran problemática territorial en los pueblos indígenas sin precedentes en la historia nacional (hablando sólo del siglo pasado, si se quiere)

Esta problemática territorial conllevó a conformar la Comisión Nacional de Territorios indígenas, que se dio a raíz de la promulgación del Decreto 1397 de 1996 con el objetivo de gestionar ante las entidades gubernamentales del Estado las medidas necesarias para defender y proteger la integridad territorial de los pueblos indígenas.

Para el 2009 -luego de dos años de rotas las relaciones por las leyes lesivas contra la integridad territorial de los pueblos indígenas- sesionó la XVI Comisión Nacional de Territorios indígenas, realizada en Bogotá los días 09, 10 y 11 de noviembre. Los dos años de suspensión en las concertaciones se dieron debido a la aprobación por parte del Congreso de la extinta ley 1152 del 2007 por la cual se dictó, entonces, el Estatuto de Desarrollo Rural, en la que se desconocía todo el ordenamiento de sistema agrario que existía en el país y todos los derechos territoriales para pueblos indígenas.

El desarrollo de esta sesión contó con la presencia de funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Interior -Asuntos Étnicos-, de la Dirección de Planeación, Gerencia del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, por parte del gobierno; mientras que a las comunidades indígenas las representaron sus autoridades, organizaciones regionales, la Onic y un delegado de cada Macro regional.

Política Pública de Territorio

Con la pretensión de retomar el diálogo, el gobierno presentó un informe de gestión del presupuesto que se concedió para el año 2009 y el que se tiene estimado para el 2010. Por su parte los pueblos indígenas presentaron una propuesta para la formulación de una política pública de territorio y ambiente, que debe surgir desde los mismos pueblos y responder a su cosmovisión y cultura.

Dicha política será el instrumento para avanzar en la solución de las problemáticas de los pueblos indígenas, en este sentido el gobierno dijo tener voluntad política y se comprometió a hacer seguimiento a los diferentes casos que están pendientes por resolver, o mejor dicho acuerdos incumplidos, y que los pueblos indígenas pusieron en evidencia.

En cuanto al incumplimiento de acuerdos establecidos en comisiones anteriores, las autoridades, delegados y organizaciones indígenas manifestaron su descontento; no aprueban bajo ninguna circunstancia la falta de responsabilidad de las instituciones del gobierno y el incumplimiento de consulta previa, lo cual viola de facto los derechos de los pueblos indígenas establecidos en la Constitución Nacional y en Convenios Internacionales como el 169 de la OIT, ratificado por el Estado Colombiano mediante la Ley 21 de 1991, y en la Declaración Universal de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada por la Asamblea general de este órgano en septiembre de 2007.

Las condiciones que los pueblos indígenas plantean para conformar la política pública son, entre otros:

La política pública, debe contener un componente productivo, el cual debe proyectarse de acuerdo a las condiciones socioculturales, ambientales y geográficas de cada uno de los 102 pueblos indígenas.

El diseño, construcción, formulación e implantación de esta política pública territorial para pueblos indígenas, las acciones de caracterización y su contenido deben ser resultado de la concertación y trabajo conjunto de los pueblos con sus organizaciones indígenas desde lo local, regional y nacional; y no desde las iniciativas o imposición de las instancias institucionales.

Conclusiones Comisión de Territorio

En cuanto al tema de priorizar los asuntos de territorios indígenas se estableció que: los primeros beneficiarios de estas políticas serán los pueblos indígenas afectados por el conflicto -presión por grupos armados-, y por la posible o ya implementación de megaproyectos, y aquellas comunidades en situación de desplazamiento.

Por otro lado, se discutió el tema del presupuesto del 2009 y 2010, que no se consultó con las comunidades; actitud que los pueblos indígenas y sus autoridades consideran un acto de irrespeto e imposición institucional. El gobierno planteó que los recursos existentes son de apenas 11 mil millones de pesos, compartidos con las comunidades afrodescendientes, sin determinar el verdadero valor correspondiente a los indígenas para el saneamiento y constitución de los resguardos.

Como propuesta de los pueblos indígenas se planteó la posibilidad de implementar un presupuesto de 20 mil millones; el gobierno aseguró que dará una respuesta para la Asamblea de Autoridades Indígenas, a realizarse en Bogotá la próxima semana.

Los resultados de la comisión se llevaron a la Mesa Nacional de Concertación -12 y 13 de noviembre- donde se discutieron y finalmente se decidió que se realizarían algunos ajustes al acta final por lo que aún no se ha firmado.

Ver Pronunciamiento de la XVI Comisión Nacional de Territorios indígenas en Onic: http://www.onic.org.co/actualidad.shtml?x=36389