Nuevo asesinato de comunero Nasa indigna a los pueblos indígenas

La Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, ONIC, condena el asesinato del comunero nasa Marino Mestizo, ultimado por sujetos encapuchados el día anterior. Este hecho hace parte de la estrategia genocida contra los pueblos indígenas de Colombia y del Cauca. Nos solidarizamos con los hermanos indígenas del Cauca y con sus familiares; nuestro más sentido sentimiento de hermandad y respaldo.

Comunicado de prensa ONIC

Como un acto cobarde y criminal fue considerado el asesinato de otro comunero más del Pueblo Indígena Nasa. Así lo denunciaron las autoridades indígenas del Norte del Cauca, una región profundamente afectada por el conflicto armado, que esta vez le costó la vida al comunero Marino Mestizo, quien a sus 40 años fue asesinado por tres sujetos armados y encapuchados que luego de torturarlo le propiciaron tres disparos causándole la muerte.

Marino fue asesinado en la vía que conduce del municipio de Caloto al corregimiento del Palo (Toribio). Este asesinato deja un gran sentimiento de rechazo e indignación por parte de los pueblos indígenas; “con dolor recordamos a nuestro compañero Marino Mestizo que tuvo una vida llena de compromiso por la justicia. Reiteramos que su asesinato con las manos amarradas por gente armada, es un acto cobarde de gente que tanto miedo le tiene a la verdad y a la vida, que amarran a quien defiende la verdad para silenciarlo”, expresaron sus compañeros del Tejido de Comunicaciones ACIN.

El asesinato de Marino deja cuatro hijos huérfanos, dos de ellos menores de edad y, viuda a Cecilia Escué. Sus compañeros y las autoridades indígenas de la zona norte del Cauca recuerdan al comunero nasa como un amigo y un investigador que le aportó, desde la práctica, al proceso jurídico de su comunidad y al proceso organizativo. Mestizo era oriundo de la vereda La Esperanza Jambaló. Fue asesinado en el sitio Santa Rita, resguardo de Tóez, Municipio de Caloto, Cauca.

Marino Mestizo era un líder comprometido con el proceso, reconocido y apreciado por las autoridades y la comunidad. Se había desempeñado como Presidente de la Junta de Acción Comunal de su vereda, fue Coordinador Jurídico del Cabildo Indígena de Jambaló y actualmente hacía parte del Comité de Investigación del Cabildo; venía indagando casos como el secuestro de siete (7) funcionarios de la Alcaldía de Jambaló, liberados por la comunidad indígena el año pasado.

Albeiro Quiguanás, gobernador de Cabildo Indígena de Jambaló, explicó que Marino aportó ampliamente al cabildo y al espacio jurídico local y zonal que venía acompañando.

Sus restos “serán sembrados en la Madre tierra mañana jueves a las cuatro de la tarde en la vereda la Esperanza”, dijo Quiguanás.

La Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, ONIC, condena este asesinato: Consideramos que este hecho hace parte de la estrategia genocida contra los pueblos indígenas de Colombia y del Cauca. Nos solidarizamos con los hermanos indígenas del Cauca y con sus familiares; nuestro más sentido sentimiento de hermandad y respaldo.

Convocamos a la comunidad nacional e internacional para que exija al gobierno colombiano la protección inmediata a los pueblos indígenas, exigimos el cese inmediato a este y otros mecanismos de exterminio contra nuestros hermanos indígenas.

Solicitamos a los organismos de control: Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación que de acuerdo a su mandato acompañen al Pueblo Indígena Nasa e investiguen a los responsables de este sistemático genocidio que se está cometiendo en contra de nuestros pueblos.

Instamos a la Fiscalía General de la Nación y a los entes competentes para que inicien el proceso de esclarecimiento de los hechos, la judicialización de los autores materiales e intelectuales y así garantizar que este y otros hechos de violencia no queden en la impunidad.

“La investigación y recopilación de información alrededor de este lamentablemente hecho estará en manos de las 18 gobernadores indígenas de la zona que estarían arribando en horas de la tarde a esta comunidad” dijo Quiguanas al Tejido de Comunicaiones ACIN. Extendió la invitación a las comunidades indígenas de la zona norte y a organizaciones indígenas y sociales a una audiencia pública que se realizaría en esta comunidad posiblemente el día de mañana.

“La impunidad social debe acabarse ya”

El Presidente ha sido consecuente con su visión histórica de la Seguridad. Álvaro Uribe fue el ‘Pacificador de Antioquia’, como gobernador y todo eso fue con abuso de las fuerzas militares en connivencia con grupos paramilitares, a través de las Convivir (eso es cada vez más claro), con una guerra sucia…



Por Margarita Vidal, El País de Cali


En estos días de virus y paranoias, la periodista Claudia López, consultora e investigadora del PNUD, habla sin tapabocas del Gobierno de Álvaro Uribe.


¿Por qué aquí es tan difícil formar opinión?

Por la complejidad de la realidad colombiana y la superabundancia de sucesos. Además, lo que forma opinión es la televisión, monopolizada por un canal al servicio del Gobierno, RCN, y otro un poco más imparcial, Caracol. Ese enorme acervo de información –80% oficial- entra por una especie de embudo y sale en hilos muy delgados, sin contexto ni análisis, que no permiten formarse una opinión real de los acontecimientos. Los medios escritos hacen un esfuerzo pero son irrelevantes para la formación de opinión porque llegan a una élite selecta que somos los lectores de periódicos y revistas. En esas circunstancias no hay debate y si lo hay, carece de fuerza.

¿La ‘opinión’ también está ‘cooptada’?

A la gente le gusta este Presidente porque comunica autoridad, seguridad y logros contra la guerrilla y eso le parece suficiente. El país se acostumbró a odiar a las FARC y el resto -reforma política, sanciones, corrupción, parapolítica, falsos positivos, horrores del DAS, enriquecimiento desmedido de los hijos del Presidente-, se convierte en un caldo cuyo principal ingrediente es la versión oficial, y al colombiano promedio le gusta creerle a un gobierno que “por fin está haciendo algo para acabar con la guerrilla”, no importa qué métodos utilice ni qué instituciones se lleve por delante para lograrlo.

Se dice que el Gobierno perdió el pudor y resolvió dar pocas explicaciones y guardar silencio mientras pasa el aluvión de los escándalos mediáticos. Así, muchos van pasando sin renuncias, responsabilidades, investigaciones o acciones jurídicas. El Gobierno sabe que, al final, no pasa nada...

Exacto. El Gobierno aprendió cómo manipular la opinión, que se ocupara de temas que él mismo plantea y maneja. Si no se pronuncia mata el escándalo o tiende cortinas de humo. Vemos reacciones como: ‘sí, hicimos algo ilegal ¿y qué?; hicimos algo antiético y qué?’. Pero no sólo el Gobierno ha perdido el pudor, también buena parte de la sociedad, porque la reacción de una porción mayoritaria es: “Sí, son corruptos pero al menos le están dando a la guerrilla; sí, los hijos del Presidente se están enriqueciendo por medio del tráfico de influencias, pero tenemos un buen Presidente”.


Es una sociedad que justifica todo, a la cual el hecho de que maten sindicalistas o haya falsos positivos, que roben, cambien las reglas de juego, acaben con los pesos y contrapesos democráticos establecidos por la Constitución, no le parece ‘tan’ grave. Por otra parte, influye el hecho de que los canales institucionales que deberían servir de control están cooptados. ¿Qué dice la Contraloría? Ya ni dice, ni nos acordamos que existe. En la Procuraduría tenemos un ‘Absolvedor General de la Nación’ y de la Defensoría ni hablemos, sólo sirve para administrar la burocracia.

¿El escenario natural del debate público no debería ser el Congreso?

Sí, pero está dominado por una mayoría uribista que retira de la agenda los temas que no le conviene, prioriza sacar a pupitrazo limpio otros como la reforma política, el referendo reeleccionista, o los cambios en la Registraduría y relega al limbo los debates de control político.

¿Y las organizaciones sociales como la suya?

Nosotros llevamos siete años en esta tarea agotadora porque es dispendioso lograr información y porque obstaculizan las investigaciones. Al punto que me siento víctima de mi propio invento, pues llevo tres años diciendo públicamente que todas las investigaciones de parapolítica las hemos realizado con información oficial pública, y ese reconocimiento me está costando que cada vez se cierren más los canales de acceso a dicha información. Por otra parte, aquí los jefes de los partidos de oposición, en general, están callados. ¿Carlos Gaviria se ha pronunciado? Cero. ¡No ha hecho un debate! Yo lo aprecio mucho, pero es claro que no lidera la discusión pública.


Los periodistas estamos reemplazando a muchas de estas entidades -sin ser nuestra tarea- pero ese esfuerzo pareciera no importarle a una sociedad que, finalmente, dice; “Sí, sabemos que son corruptos, que se alían con los paramilitares, que dicen mentiras, que hacen triquiñuelas y componendas en el Congreso, que son capaces de montar una maquinaria criminal en el DAS, pero ‘algo’ están haciendo y con eso nos conformamos”.

¿Qué costo tendrá esta situación?

A tres millones y medio de colombianos les costó ser desplazados sin que nadie moviera un dedo, a otros diez mil les costó la vida y están enterrados en fosas comunes y a nadie le importó. Uno puede desgañitarse diciendo que la corrupción sigue rampante y que cada vez será peor porque habrá más concentración de poder, llámese Álvaro Uribe o Pepe Pérez, el presidente. Aquí estamos asistiendo a un escenario de resquebrajamiento de la democracia -que se está yendo a pique- y de inoperancia del Estado para garantizar los derechos y los deberes de los ciudadanos.

En muchos sectores hay cansancio con el estilo uribista, ¿cree usted que esa aplanadora logrará lo que se propone?

No tengo ninguna duda de que el Presidente hará lo que sea, lo que toque hacer para quedarse en el poder. Su aplanadora funciona porque la alimentan desde el Gobierno con plata, puestos, contratos, amenazas e intimidaciones -en un estilo francamente siciliano- y los congresistas se dejan porque les interesa su reelección.

Aquí la política se está manejando al estilo capo: “Le voy a hacer una oferta que no va a ser capaz de resistir”.

Ese estilo siciliano se tomó parte del Congreso, pero hay encarcelados, juzgados y condenados por decenas. Y ¡siguen firmas!, porque el proceso no está acabado, ¿verdad?

¡Ni de lejos!, sigue y hoy hay sentencias judiciales que demuestran que la elección de congresistas y del Presidente, del 2002, fue en parte con fraude electoral y con coacción armada. Si uno mira los resultados electorales, por ejemplo en el Magdalena, cuyos congresistas están todos condenados, la mitad de ellos con confesión, ya no hay discusión de si hubo o no fraude electoral en ese departamento. Las mismas pruebas, testimonios, atipicidades, que se presentaron para esos congresistas se presentaron a favor de Álvaro Uribe tres meses después. La diferencia es que esto último está impune y ni siquiera se investiga, y si precluye, no pasa nada.

El ex presidente Gaviria ha sido muy duro en su advertencia de que traman el cambio de elección de Registrador porque se quieren robar las elecciones, si no obtienen los votos suficientes...

Basta recordar lo de Yidis y Teodolindo con la Corte Suprema y la Procuraduría. Con los mismos hechos que la Corte condena, la Procuraduría absuelve. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque cuando yo digo que harán lo que toque, estoy significando exactamente eso: si toca meter la mano en el referendo para usar la chequera y comprar votos, lo van a hacer. Si toca meter un mico para depurar el censo electoral, lo harán, si toca cambiar el registrador por si hay que modificar a última hora las planillas, lo harán. Esa aplanadora no hay quién la denuncie, ni quién la investigue. Las Cortes también tienen muchas limitaciones y la oposición es irrelevante.

¿Cómo analiza usted la evolución del talante presidencial, a partir de los cien puntos de su programa de gobierno de 2002, que nos mereció tanta esperanza, y lo que es hoy?

El Presidente ha sido consecuente con su visión histórica de la Seguridad. Álvaro Uribe fue el ‘Pacificador de Antioquia’, como gobernador y todo eso fue con abuso de las fuerzas militares en connivencia con grupos paramilitares, a través de las Convivir (eso es cada vez más claro), con una guerra sucia. En eso yo creo que el Presidente no ha cambiado. Fue el pacificador de Antioquia y ahora es el pacificador de Colombia con los mismos métodos y una política que logra hacer del odio y de la fijación sobre un enemigo público –las Farc- un propósito común que sume los apoyos de todos, porque la inmensa mayoría de los colombianos -incluyéndome a mí-, estamos interesados en que se derrote a las Farc.


Es un propósito unificador que tapa todo lo demás. Volviendo a su pregunta, yo creía, como usted, que en ese plan de gobierno había un propósito de limpiar la política, de hacer de éste un estado democrático, moderno y transparente, que fue lo que, además de la seguridad democrática, propuso en su campaña. Un estado que promoviera la equidad, pero lo que ocurrió, en suma, es que nos quedamos con el pacificador y sin el estadista.

En consecuencia, ¿cree usted que todo este tema de la parapolítica, condenas, investigaciones, a la larga, no habrá servido de nada?

Ha habido un gran esfuerzo de la Justicia que no se puede demeritar y eso tiene un efecto ejemplarizante y esclarecedor, hasta dónde las sentencias permiten juzgar ciertos hechos. Pero es que las sentencias judiciales no cambian la política. La tienen que cambiar los ciudadanos, mandándole con su voto una señal distinta a los políticos.

¿Cree que aquí se enquistó, definitivamente, la impunidad en diferentes instancias?

Sí y desafortunadamente la impunidad social y política es mucho más alta que la impunidad judicial.

La impunidad social la tenemos que cambiar los ciudadanos con nuestra actitud, dejando de justificar toda la porquería que se hace en nombre de la justicia: ‘roban, pero hacen, matan, pero dan seguridad’.

Esa es una lógica contraria a la protección de los derechos y tan perversa que hoy les permite matar a otros, pero mañana los pueden matar a ellos mismos. Aquí se hace necesaria una nueva élite dirigente. Que cambie la forma de hacer política en este país.

El desprestigio parlamentario es preocupante. ¿Cómo es posible que a través de una reforma el Gobierno no busque purificar el Congreso?

En las organizaciones sociales con las que trabajo siempre hemos estado atentos a tender puentes de diálogo y a ayudar si el Gobierno propone cosas que valgan la pena. En 2007 impulsó una reforma para sancionar la parapolítica. Se radicó un proyecto de ley y nosotros acompañamos ocho meses la Misión de Observación Electoral, Congreso Visible y viajamos por todo el país explicando la reforma; quince días antes de aprobarla el señor Fabio Valencia descubrió que iba a ser ministro y que sí se aprobaba la ley podrían estar en juego sus mayorías en el Congreso, lo cual no era cierto.

Ese cuento de que los votos uribistas iban a pasar del 70 al 40% por la parapolítica, es falso. Yo quedé muy desencantada porque, ¿cómo así que prefieren gobernar con la criminalidad, como cuando les dijo a los parapolíticos uribistas que siguieran votando mientras no los metieran a la cárcel?

¿Por qué hay tantas diferencias con Colombia en el tema del TLC con otros países?

Es que Colombia es el único país con un conflicto armado vigente, es un caso único. Yo le decía a Sander Levin, contradictor del TLC: empiezo por decirle que yo creo en el Libre Comercio y en el Capitalismo, pero este país lleva 50 años en guerra, tiene tres millones y medio de desplazados, diez mil desaparecidos, presenta una violación sistemática de los derechos humanos, tiene una contra reforma agraria y una apropiación de activos económicos hecha a punta de bala y violencia.


Creo que la responsabilidad de todos ustedes -y nosotros- es asegurarnos de que si bien ni el TLC, ni la política del Plan Colombia, ni la de Derechos Humanos, van a solventar por sí mismas esos problemas, sí tenemos que cuidar que no los empeoren y no capitalicen una victoria ilegítima obtenida por ciertos sectores.

“La impunidad social es mucho más alta que la impunidad judicial. La impunidad social la tenemos que cambiar nosotros”.

"A la gente le gusta este Presidente porque comunica autoridad, seguridad y logros contra la guerrilla. Le gusta creerle a un gobierno que “por fin está haciendo algo para acabar con las Farc”.

"Es una sociedad que justifica todo, a la cual el hecho de que haya falsos positivos, o que acaben con los contrapesos democráticos establecidos por la Constitución, no le parece ‘tan’ grave”.

"Ha habido un gran esfuerzo de la Justicia que no se puede demeritar y eso tiene un efecto esclarecedor, hasta donde las sentencias permiten juzgar ciertos hechos”.


El País: http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Mayo032009/nal2.html

Guajira/ Asesinada mujer Wayuú

La Fuerza de Mujeres Wayuú denunció el asesinato de Luz Mila Barliza Epiayu, una joven wayuú a manos de un desconocido que le disparó en su propia casa causándole la muerte repentina. Su muerte enluta y causa tristeza al Pueblo Wayuú en la Guajira

Comunicado Sutsuin Jiyeyu Wayuú

La alianza organizativa Fuerza de Mujeres Wayuú -Sutsuin Jiyeyu Wayuú-, denunció ante la opinión pública nacional e internacional el asesinato de la joven wayuu Luz Mila Barliza Epiayu

Hechos

El día 17 de junio, a las 7.30 p.m. fue asesinada por un desconocido que le propino un disparo a la cabeza, mientras se encontraba en el interior de su residencia ubicada en el barrio San Francisco en la ciudad de Riohacha, Guajira la joven wayuú Luz Mila Barliza Epiayu

La joven no había recibido amenaza alguna lo cual causó extrañeza entre los compañeros laborales en el Hospital Nuestra Señora de Los Remedios de la ciudad. La muerte de Luz Mila enluta y causa tristeza al pueblo Wayuu en la Guajira.

Existe preocupación entre las organizaciones indígenas y especialmente entre la Fuerza de Mujeres Wayuú ante este hecho de violencia en contra de una mujer donde las características de los hechos presentan el tipo similar a la de asesinatos selectivos ocurridos últimamente en la ciudad.

Por lo tanto lanzamos nuevamente un llamado, pero más que un llamado es un clamor, y todos sabemos, que un clamor es algo silencioso, algo doloroso ante la frustración e impotencia causado por este nuevo hecho de sangre que atenta contra la integridad de un pueblo en el cual la labor de la mujer se basa en la defensa del territorio y la lucha por seguir existiendo como nación en un país marcado por el conflicto armado.

Los Pueblos Indígenas nos encontramos inmersos en el fuego cruzado de los actores armados del conflicto. Estos actores pervirtiendo valores propios de nuestro pueblo tal como la entrega de la DOTE, han usado la violencia como estrategia para permear nuestra organización social y entrar en nuestros territorios.

Exigimos a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación amplia, exhaustiva y urgente para dar con el paradero de los autores de este hecho e impedir que quede en la impunidad este lamentable hecho.

Lanzamos nuevamente desde el Norte de Colombia un grito clamando solidaridad hacia un pueblo que ha vivido el genocidio de más de 250 de sus miembros por el accionar de grupos paramilitares, que, aún, hoy persisten en la región a pesar que el gobierno nacional niegue su existencia que buscan silenciar la voz que denuncia y exige el Derecho a la Verdad, Justicia y Reparación de las víctimas Wayuú.

Hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos, a la Corte Constitucional, a los Cuerpos Diplomáticos acreditados en Colombia a que se pronuncien y exijan al gobierno colombiano el cumplimiento de los compromisos en materia de Derechos Humanos contraídos por Colombia a nivel internacional y, que no siga la dramática situación del Pueblo Wayuú.

Suchima,18 de junio 2008

PDVSA viola derechos del pueblo Wayuu

COMUNICADO DE DENUNCIA PUBLICA

Riohacha (Süchiimma), La Guajira - Colombia 10 de Junio de 2009

Representantes y autoridades de Organizaciones y comunidades wayuu, reunidas en Riohacha en el marco del “Foro de socialización en relación con el Auto N0 004 de 2009”, emitido por la Corte Constitucional, sobre la protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado. Recibieron a una delegación de una comunidad Wayuu del reguardo de la Alta y Media Guajira, jurisdicción del Municipio de Maicao, corregimiento de Carraipia. Víctima del abuso y del la violación a sus derechos, por parte del estado Colombiano, representado en la fuerza pública. Denuncian ante la comunidad pública nacional e internacional la violenta represión a 10 lideres wayuu, representantes de 24 comunidades pertenecientes al municipio de Maicao,que se manifestaban de manera pacífica por el continuo incumplimiento y desconocimiento de los Derechos Fundamentales, tales como: La Consulta Previa, al Debido Proceso, a la Igualdad, entre otros……por parte del Gobierno Nacional y PDVSA.GAS.La violenta represión y desalojo con uso excesivo de fuerza por parte de la Policía Nacional publica, donde se utilizaron para tal fin más de 300 hombres entre ellos 100 del ESMAD,al mando del teniente coronel JOSE ARMANDO MEDINA. Quien manifestó a la comunidad que obedecía a directivas presidenciales.Representantes de las comunidades denuncian que fueron obligados a las 11 pm. A firmar un acuerdo de desalojo pacifico sin la presencia de órganos de control para de esa manera justificar la legalidad de dicho proceso.Exigimos al Gobierno Nacional la restitución de esta falta a la dignidad del pueblo Wayuu y, a su vez, manifestamos nuestra postura de negar todo proceso gubernamental que se lleve, sin consulta previa, en territorio Wayuu.Alertamos a la instancia nacional e internacional sobre Derechos Humanos y, en especial, a la Oficina del Alto Comisionado de las NACIONES UNIDAS a observar y a atender la deteriorada relación de la Nación Wayuu con las políticas económicas y sociales del Gobierno Nacional.Juntos asumimos nuestros derechos fundamentales como pueblo originario… y juntos rechazamos la acción violenta del Estado.Por la autonomía y el respeto del territorio Wayuu (Woumainpa).Firmas

Judicialización contra Aída Quilcué, Feliciano Valencia y Daniel Piñacué evidencia una vez más la política de persecución contra la Minga de Resistenc

Lunes 8 de junio de 2009

Copiando el discurso del Ministro del interior y de Justicia, la Fiscalía solicitó orden de captura contra Aida Marina Quilcué, Feliciano Valencia, voceros de La Minga de Resistencia Social y Comunitaria, así como contra Daniel Piñacue, gobernador indígena, y dos comuneros, al parecer guardias indígenas, que responden a los nombres de José Daniel Ramos Yatacue y Mario Yalanda Tombé, acusándolos “…de delitos de secuestro agravado y lesiones personales agravadas….” sobre el señor Danilo Chaparral Santiago. La fiscalía ha realizado solicitud de Audiencia preliminar (orden de captura).

Resulta inadmisible que la fiscalía inicie una investigación penal asumiendo como hipótesis delictiva la comisión de las conductas de secuestro agravado y lesiones personales agravadas, frente al juzgamiento realizado por la jurisdicción indígena, cuando públicamente se conoció que el demandante se introdujo irregularmente en el territorio, por lo cual fue juzgado y se le aplicó remedio ante más de 5 mil personas, con presencia de los medios de información. En el proceso la comunidad indígena mostró evidencias de la gravedad del hecho: un militar de ascendencia indígena, vestido de civil se adentra en un territorio indígena llevando consigo elementos castrenses que pudieron haber sido usados para desprestigiar la Minga de Resistencia Social y Comunitaria que se desarrollaba en el Territorio indígena de La María, Piendamó.

Pensar que una detención realizada por una autoridad competente dentro de su territorio se pueda configurar como un delito muestra la discriminación que permanece en las instituciones del Estado frente a los pueblos indígenas, pues se niegan a aplicar el mandato constitucional que en su artículo 246 reconoce la jurisdicción indígena dentro de su ámbito territorial. Aquí se evidencia la falta de voluntad política del Estado colombiano para adelantar formas de coordinación de la jurisdicción especial con el sistema judicial nacional. El Consejo Regional Indígena del Cauca, manifiesta su inconformidad con estos actos institucionales, expresando nuestra voluntad de rodear a la compañera y compañeros víctimas de la injusticia colombiana y de asumir públicamente la legitimidad y la constitucionalidad del procedimiento adelantado contra el militar infiltrado, por haber sido realizado en el marco del derecho propio. Igualmente expresamos nuestra disposición de defender la Jurisdicción propia cuando algún acto de la justicia ordinaria pretenda desconocerla.

La noticia de esta investigación es una evidencia más de la estrategia de persecución que implementa el gobierno colombiano contra los procesos de movilización y los líderes sociales, el desconocimiento de la normatividad internacional frente a pueblos indígenas y el desmonte de la Constitución Nacional, en particular del pluralismo jurídico. Rechazamos la política contra los Pueblos Indígenas y contra la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, realizada por el gobierno colombiano, con la cual se viene politizando la justicia y penalizando las voces que clamamos justicia social, paz y democracia real.

CONSEJERÍA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA – CRIC-

Representante a la Cámara Orsinia Polanco, rechaza tajantemente la intención del Gobierno Nacional de encarcelar a dirigentes indígenas.

Bogotá., junio 09 de 2008.

"Como representante de los pueblos indígenas de Colombia, CONDENO Y RECHAZO TAJANTEMENTE la estrategia del Gobierno Nacional de intimidar, descalificar y tratar de encarcelar a los dirigentes indígenas que lideran las justas reclamaciones de los pueblos indígenas," afirmo la congresista.

La Representante a la Cámara Orsinia Polanco, dejó constancia durante la plenaria de la Cámara de Representantes acerca de su rechazo frente al enjuiciamiento que se les llevará a cabo a los dirigentes indígenas; AYDA QUILCUÉ, FELICIANO VALENCIA, DANIEL PIÑACUE, JOSE DANIEL RAMOS YATACUE Y MARIO YALANDA TOMBÉ, donde se les acusa de secuestro y lesiones personales contra el soldado DANILO CHAPARRO, quien es miembro de la comunidad indígena y que fue retenido al interior de una asamblea, acusado de estar espiando el movimiento de la minga indígena por la dignidad.

Estas acusaciones y posibles detenciones de los líderes desconoce y viola lo estipulado por la ley 21 de 1991 y el Decreto 246, donde se reconoce la Jurisdicción Especial Indígena dentro de su ámbito territorial, la cual, hace parte de la autonomía de ejercer sus tradiciones, usos y costumbres y, del derecho de aplicar los mecanismos propios de control social y de solución de controversias.

La decisión del Fiscal General de la Nación de delegar a un fiscal para que lleve el caso, es una forma de intimidar y tratar de acallar la voz inconforme de los indígenas, (ya que no pudieron hacerlo los soldados que mataron al esposo de Ayda Quilcué,). Los indígenas quienes han venido denunciando el incremento de la barbarie y genocidio al que los han sometido en los últimos años, donde tras un arduo proceso han venido denunciando la inconveniencia de un paquete de medidas legislativas que han sido aprobadas en el Congreso de la Republica, totalmente contrarias a la supervivencia de ellos. Son paquetes legislativos totalmente entreguistas del país, son leyes que regalan toda la riqueza indígena, donde los someten a un nuevo modo de esclavitud, o si no que digan los muertos en la masacre del Bagua en Perú, quienes están protestando por los mismos derechos, que han sido vendidos en el Tratado de Libre Comercio con E.U.

Al parecer, el Ejército Nacional es autor de nuevos asesinatos y varios atropellos en contra de pueblos indígenas

Jueves 4 de junio de 2009

Según comunicado, fechado el dos de junio, emitido por la ONIC y la UNIPA hombres armados pertenecientes al Batallón contraguerrilla ciento trece, móvil diecinueve, perteneciente a la Tercera División del Ejercito entraron por la fuerza en una vivienda del resguardo indígena Awa llevándose varios enseres.

En la misma comunicación los indígenas denuncian que en repetidas oportunidades efectivos del mismo grupo militar se ubican en algunas escuelas de la zona y entre las viviendas del sector violando las normas del derecho internacional humanitario.

Las revelaciones fueron hechas por el Representante a la Cámara Pedro Vicente Obando, quien dejó sentada la constancia, ante el Pleno de la Corporación, por tratarse de un pueblo que siente el rigor de la guerra y el ataque de todos los grupos que hacen parte del conflicto interno que vive nuestro País.

Finalmente el Parlamentario hizo un llamado para que organismos internacionales hagan un acompañamiento a esta etnia que, ahora ve un futuro incierto y en medio de una encrucijada de exterminio bélico.

En su intervención el Congresista también dejo ver su preocupación por el futuro de los productores de leche que, son castigados parafiscalmente con un nuevo “impuesto al productor”.

Los productores dicen que el costo de veinticinco pesos por litro es un gravamen que les ha sido impuesto en un mal llamado fondo de estabilización manejado por FEDEGAN.

El Representante manifestó su solidaridad con el sector, pues a este nuevo tributo debemos sumarle los altos costos que deben pagar sacrificadas personas que viven en zonas de difícil acceso, en un país que importa suero láctico para elaboración de productos, todo por cumplir convenios internacionales que así lo exigen.

El Legislador ahora está a la espera de definir una fecha para un acercamiento entre lecheros y el Ministro de Agricultura Andrés Fernández Acosta brindando un espacio para buscar una salida a la problemática de los lecheros.

¿Qué importa más: negociar un tratado comercial o la vida de un pueblo?

La Autoridad Nacional de Gobierno Indígena condena y rechaza con indignación la acción violenta del gobierno peruano contra los hermanos indígenas de la Amazonía Peruana; una masacre que ya deja más de 30 indígenas asesinados. Compañeros indígenas reciban nuestra fraternal comprensión, nuestra solidaridad y nuestro respaldo a sus luchas de reivindicación que ya completa más de 500 años.

El asesinato de 25 de nuestros hermanos indígenas de la Amazonía Peruana, nos causa indignación y rechazo; sabemos de sus justas reclamaciones, su persistencia y su compromiso en la defensa de la vida, el territorio y su entorno sociocultural y espiritual. A estos principios el gobierno peruano y las fuerzas militares han respondido con brutal y feroz represión, generando el asesinato de más de 30 personas, casi un centenar de heridos y algunos desaparecidos.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 05 de junio, en Bagua, Cerro Curva del Diablo, caserío Siempre Viva, en la provincia cajamarquina de Jaén, tras la incursión de la Policía peruana para desbloquear una carretera, tomada desde hace varios días por las comunidades indígenas amazónicas que reclaman el cese a la violación de sus derechos y la derogación de los decretos legislativos del TLC que facilitan la invasión y el despojo de sus territorios. Siete uniformados también fallecieron en los hechos, según informaciones recibidas en nuestra oficina de redacción y Derechos Humanos.

Los hechos ocurren en el marco de la política del gobierno de Alan García, un gobierno proteccionista de los intereses multinacionales; entreguista de los recursos y territorios que ancestralmente han pertenecido a los pueblos indígenas de esta región. ¿Cómo no van a reaccionar los indígenas amazónicos, sí están defendiendo un derecho ancestral, además del derecho a la vida que depende de su territorio, un territorio que el gobierno pretende entregar en bandeja de plata a los inversionistas extranjeros que sólo piensan en extraer y acumular capital, sin tener en cuenta la restitución de la Madre Tierra?

Consideramos esta acción violenta del gobierno peruano como una masacre y una violación flagrante a la vida, integridad y derechos fundamentales de las comunidades y pueblos indígenas. Lamentamos que no se haya escuchado el clamor y las exigencias de los compañeros indígenas y por el contrario, se haya procedido con violencia, generando la muerte de aproximadamente 30 personas.

Por nuestros procesos sabemos el dolor que embarga perder la vida por defender nuestra Madre Tierra y nuestros derechos; pero eso mismo nos anima a resistir ante la embestida feroz de sectores gubernamentales, económicos y actores armados. Reciban, pues compañeros indígenas un fraterno saludo y todo nuestro respaldo a sus luchas de reivindicación que ya completa más de 500 años.

Nos solidarizamos con los familiares de los hermanos indígenas asesinados, con las autoridades y dirigencia indígena de la Amazonía Peruana y del país en general, y con todas las víctimas de esta masacre.
Por tanto Condenamos las acciones violentas del gobierno del Perú en contra de nuestros pueblos. Como Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, exigimos al Gobierno de Alan García cesar de inmediato la represión y la masacre de nuestros hermanos indígenas y abstenerse de este tipo de acciones de desalojo a la fuerza que generan muerte entre hermanos peruanos.

Al gobierno nacional y a todas las autoridades militares y civiles les exigimos garantías por los derechos colectivos de los pueblos indígenas, garantizar el respeto y la protección a la vida, a la integridad, a la dignidad y a los derechos humanos de nuestros hermanos indígenas y de todo el pueblo peruano.

Instamos al gobierno nacional, a sus instituciones encargadas de hacer cumplir la justicia para que investiguen estos hechos e iniciar el proceso de condena a los responsables y de reparación a las víctimas y, adoptar medidas preventivas para que estas acciones no se repitan.

A las instituciones de salud y socorro encargadas de atender los heridos y brindar los auxilios de salud les exigimos atender de manera urgente la situación, de lo contrario estarían violando el derecho inalienable a la vida y los convenios internacionales humanitarios en materia de derechos humanos.

Exigimos a la Unión Europea y al gobierno de Estados Unidos que revisen los procesos de negociación con el Perú de los Tratados Comerciales que generan bienestar y calidad de vida para la sociedad europea y estadounidense y, para los grandes inversionistas, mientras que para nuestros pueblos indígenas y para gran mayoría del pueblo del Perú genera pobreza, exclusión, masacres y violaciones a los derechos humanos y colectivos y, al Derecho Internacional Humanitario.

No es aceptable que mientras el proceso de negociación CAN- Unión Europea y el mismo TLC se negocien dentro de supuestos “acuerdos de integración”, se estén -en realidad- desintegrando los procesos y la cultura de los pueblos indígenas, violando sus derechos humanos y los derechos territoriales ancestralmente adquiridos.

Llamamos a la opinión pública y a la comunidad nacional de todos los países del mundo a solidarizarse con los hermanos indígenas de la Amazonía. A los pueblos y sociedades de Europa y de los Estados Unidos les exhortamos a reflexionar en el siguiente sentido: mientras sus gobiernos negocian los tratados comerciales beneficiosos para un puñado de empresas e inversionistas, pero lesivos para la vida, la integridad y la cultura de los países del Abya Yala, se acabe y se destruya la vida humana y natural de nuestros países, principalmente en los territorios de nuestros pueblos indígenas donde recrudece la violencia e incrementen las masacres tal como está ocurriendo en la Amazonía Peruana.

Consejo de gobierno,
Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, ONIC

Contundente rechazo al gobierno del Perú por masacre de 25 indígenas

Unos 25 indígenas de la Amazonia habrían sido asesinados por las fuerzas policiales del Perú. Diversas organizaciones y la comunidad internacional llamaron y emplazaron al gobierno peruano a cesar la represión brutal. Naciones Unidas calificó los hechos como “una masacre; estamos consternados ante esta nueva acción del gobierno García”.

Redacción Sistema de Información e Investigación Indígena, ONIC

Según el Servicio de información Intercultural, Servindi, del Perú, unos 25 indígenas habrían sido asesinados por las fuerzas policiales de este país.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 05 de junio, en el cerro Curva del Diablo, del caserío Siempre Viva, en la provincia cajamarquina de Jaén, tras la incursión de la Policía peruana para desbloquear una carretera, tomada desde hace varios días por las comunidades indígenas amazónicas que reclaman el cese a la violación a sus derechos y la derogación de los decretos legislativos del TLC que facilitan la invasión de los territorios indígenas. Siete uniformados, también, fallecieron en los hechos, indicó Servindi.

Esta nueva acción del gobierno peruano ha sido considerada como un accionar violento que atentan contra la vida, la integridad y los derechos fundamentales de comunidades indígenas. La Conferencia Episcopal y la Defensoría del Pueblo emitieron un comunicado conjunto lamentando la violencia desatada en la provincia de Bagua, Amazonas, que ocasionó la muerte de aproximadamente 30 indígenas, civiles y policías. (Ver comunicado en Servindi: http://www.servindi.org/actualidad/12537)

Por su parte la vicepresidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, Elisa Canqui, calificó los hechos como una masacre la matanza de 25 indígenas en la región amazónica del norte peruano.

Canqui, en declaraciones a la Agencia de Noticias Indígenas de la Red Erbol, aseveró que “estamos consternados ante esta nueva acción del gobierno de Alan García”. (Servindi: http://www.servindi.org/actualidad/12511)

La funcionaria recordó que este organismo, en cabeza de sus Presidenta, Victoria Tauli Corpuz, le pidió al gobierno peruano respetar los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas. “El accionar del gobierno García se traduce en masacre, esperamos que la preocupación internacional se traduzca para que en el Perú se recuperen los derechos humanos”.

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, máxima organización nacional y continental cuestionó y condenó la masacre a la cual consideró como una “brutal represión”. La Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, ONIC, expresó su solidaridad con los hermanos Indígenas del Perú, “este acto violento atenta contra la vida e integridad de nuestros pueblos”. (http://www.onic.org.co/actualidad.shtml?x=35994)

Los cuestionamientos y condena al gobierno peruano por parte de la opinión nacional y la comunidad internacional han sido contundentes; “el Perú de Alan García y la Colombia de Álvaro Uribe son regímenes criminales para el poder corporativo”, sostuvo el Tejido de Comunicación para la verdad y la Vida ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca). “Lloramos a las víctimas que han caído en el Norte del Perú. Enviamos nuestras condolencias a familiares y comunidades, pero también expresamos nuestra profunda admiración por su valor y su dignidad. No están solas ni solos...” (http://www.nasaacin.org/noticias.htm?x=10035)

El reconocido historiador y jurista Bartolomé Clavero indicó que este acto se deben llevar a todas las instancias de la justicia nacional e internacional si es preciso; “júzguese a la luz de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Son palabras reconozco que mayores, precisamente a la altura de la gravedad no sólo de una masacre concreta, sino también de toda la política para la que la misma es tan sólo un episodio”. (http://www.servindi.org/actualidad/12533)

Clavero aseguró que por dicha política, el gobierno peruano se ha puesto contra las cuerdas en el ámbito internacional o al menos en el sector que interesa a los derechos de los pueblos indígenas. “En febrero de este año el Comité de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo le dirigió sus observaciones críticas al respecto instándole, frente a la regla usual de informes periódicos, a que respondiera con urgencia, lo que viene eludiendo”.

Ollanta Humala, líder del Partido Nacionalista, califico la acción gubernamental como un “operativo político encubierto. El gobierno ha preferido la matanza de indígenas antes que derogar los decretos legislativos lesivos a los intereses de la amazonia; junto con su bancada parlamentaria han impedido debatir los informes que recomiendan derogar los decretos cuestionados por los indígenas”. (http://www.servindi.org/actualidad/12515)

El escritor y director de Servindi Jorge Agurto, explicó que con los ataques a las comunidades indígenas el gobierno de García y el Apra mostraron su verdadero rostro asesino y antidemocrático (http://www.servindi.org/actualidad/12454). “El gobierno preferió disparar balas a quemarropa contra líderes indígenas antes que derogar normas inconstitucionales que han sido impuestas violando tratados internacionales de derechos humanos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT”.

Cauca/ Informe Situación Derechos Humanos Pueblos Indígenas

La Consejería Mayor CRIC expresa su preocupación por la grave situación que enfrentan actualmente los Pueblos Indígenas del Cauca y Colombia con respecto a la garantía de los derechos humanos, históricos y constitucionales, como consecuencia de la acción persistente de los actores armados y la implementación de políticas inconsultas del gobierno nacional.

Históricamente se han desarrollado políticas paternalistas, discriminatorias y de exterminio contra los pueblos indígenas, con gran responsabilidad de los gobiernos del proyecto de república que se ha venido construyendo desde el siglo XIX. Dicha actitud se manifiesta con mayor claridad en la llamada política de seguridad democrática que sigue forjando planes de invasión militar (legales o ilegales) en nuestros territorios ancestrales, apoyados por normas dirigidas a favor de proyectos forestales, agroindustriales, viales, hidroeléctricos y de extracción minera provenientes de grupos económicos multinacionales.
Así lo observamos desde hace más de una década y vemos que persiste a pesar de nuestros constantes llamados a la convivencia y a la democracia.

TIERRADENTRO:

Debido a la situación de zozobra e incertidumbre que viven los pobladores del municipio de Páez frente a la amenaza constante del volcán Nevado del Huila, las comunidades decidieron evacuar la zona, sin haber encontrado apoyo institucional para hacerlo, por el contrario, las Autoridades Tradicionales denunciaron, en el primer trimestre de este año, que el ejército copa los sitios dejados por la gente que ha tomado la decisión autónoma de ponerse a salvo. Esta situación se ha tornado más dramática con la circulación de amenazas, firmadas por las águilas negras, sobre los cabildantes de del resguardo de Huila y Vitoncó, municipio de Páez.

Por otra parte se ha denunciado que el 25 de Mayo, se realizaron combates armados en el sector de La Planada, Vereda de La Milagrosa, causando riesgo directo a la vida de los habitantes. De igual forma hay preocupación porque efectivos militares de los batallones Macheteros del Cauca y de alta montaña, acampan y permanecen durante días y hasta semanas en los poblados, instituciones educativas, sitios sagrados, de trabajo y zonas aledañas a las viviendas de los comuneros de la vereda La Milagrosa, sector La Planada, resguardo de Yaquivá, municipio de Inzá. Se afirma que los militares hacen uso indebido del sentido de poder que les otorga su traje para ingresar a las viviendas y forzar favores cuando lo requieren los soldados. Denuncian las autoridades indígenas el comportamiento irregular de varios militares que contaminan el medio ambiente, hacen uso de alucinógenos, consumen bebidas alcohólicas y se relacionan con menores de edad especialmente con mujeres adolescentes.

ZONA OCCIDENTE:

El Gobernador suplente del resguardo Nasa de Honduras, ROBERT DE JESÚS GUACHETA, fue asesinado en la mañana del día 18 de mayo de 2009, cuyo cuerpo fue acompañado por más de 500 personas hasta su última morada, a 4 horas de camino a pie desde el punto de la carretera. Un día después de su sepelio la comunidad se enteró que la comunera de la vereda Valle Nuevo, del mismo resguardo indígena, NILVANY CRUZ ZAMBRANO, había sido asesinada, al parecer por la policía nacional, en un cruce de disparos con actores ilegales. En este mismo acontecimiento resultaron heridos, el joven WILMER CELIMO DIZU y el señor JOSE ARLEY DIZU, comuneros del cabildo Renacer.

Estos acontecimientos se vienen sucediendo desde junio de 2008, cuando José Goyes Santacruz, dirigente y autoridad tradicional del resguardo indígena de Honduras, fue herido por dos impactos de bala al llegar a su casa de habitación, situada en el casco urbano municipal de Morales. Luego, en agosto del mismo año, se conoció la amenazas contra la vida del comunicador Alfredo Campo de la emisora “Nuestra Voz Stereo de Morales y contra el Gobernador de la comunidad, Rolando Tálaga y el cabildante Jorge Ordoñez. Posteriormente fueron amenazados, a través de mensajes de texto por celulares, más de 20 comuneros, entre ellos Robert Guachetá, Libardo Guachetá, Irne Santiago Pajoy, el Consejero mayor del CRIC, Ángel Miro Valencia y el coordinador del programa de salud CRIC, Juan Antonio Velasco. Igualmente contra José Libardo Quintana, Miller Mosquera y Silvio Javier Pillimue, concejales de la ASI. En los meses de abril y mayo del 2009 otras denuncias fueron registradas ante organismos de control del Estado colombiano.

COSTA PACÍFICA:

Sin conocerse respuestas del Estado a la situación de desplazamiento forzado en que viven más de 1800 indígenas del pueblos Eperara Siapidara de la Costa Pacífica caucana desde mediados del año 2008, se ha informado del agravamiento de las circunstancias por efecto de las fumigaciones con glifosato realizadas por la Fuerza Pública colombiana, desde comienzos del mes de mayo 2009, afectando más de 18 personas de San Miguel de Infí, Guangüí y la parte baja de Timbiquí, entre ellas 13 menores de edad. Por otra parte las fumigaciones han ocasionado contaminación de los ríos San Bernardo, San Miguel de Infí y Saija, y la muerte de los peces, base de la dieta alimentaria de este pueblo indígena.

Comunidades y Autoridades indígenas han reclamado constantemente de las instituciones del Estado atención inmediata, exigiendo detener las fumigaciones y una actuación inmediata de la Red Pública de Timbiquí para que preste los servicios de salud de manera urgente y oportuna a las familias que sufren esta nueva tragedia. Requieren además presencia de los organismos de control del Estado para que observen la acción institucional que desconoce los riesgos a que se expone a la población por la no aplicación de medidas de prevención para las comunidades cuando realizar aspersiones aéreas. Se denuncia que el gobierno no atiende la situación humanitaria generada por la presencia de actores armados y, por el contrario, la fuerza pública, del Estado contribuye a generar situaciones de zozobra debido a su actuación al estilo de fuerzas de invasión extranjera.

ZONA NORTE:

El sexto frente de las FARC, mediante pasquín promulgado en la segunda semana de mayo del 2009, amenazó al gobernador indígena, Alveiro Quiguanás y a la directiva del cabildo; entre ellos a EYBAR FERNÁNDEZ, coordinador del proyecto Global; igualmente a RODRIGO DAGUA, coordinador del núcleo de educación; LUÍS ALFREDO ULCUÉ, coordinador de economía; MIGUEL HENRI QUITUMBO, coordinador de la comisión jurídica; GERMÍN GEMBUEL, coordinador de la guardia indígena y ELISEO IPIA, coordinador AGP. En el mismo anuncio se amenazó a concejales y alcaldía municipal exigiéndoles la renuncia a sus cargos en un plazo de ocho días so pena de ser asesinados. Ante el inminente riesgo para la vida humana, comunidades y autoridades indígenas de Jambaló, decidieron rodear solidariamente a sus compañeros y brindarles todo su apoyo colectivo, tomando medidas de control interno como el cierre indefinido de cantinas, billares, guarapearías y la suspensión de fiestas en las veredas y barrios del Resguardo-Municipio de Jambaló hasta una nueva decisión comunitaria.

SAT TAMA KIWE-CALDONO

Con alarma y zozobra, los comuneros de los resguardos de la Laguna, Caldono, Munchique los Tigres y Jambaló, alertan y denuncian la realización de combates armados entre la guerrilla y el ejército que incluyen bombardeos aéreos con los cuales se ha afectado cultivos de pan coger y ocasionado la muerte de ganado y otros animales de propiedad de las comunidades.

están en litigio por procesos de Liberación de la Madre Tierra. Así lo denuncian las autoridades tradicionales del resguardo de La Laguna Siberia, con los acontecimientos sucedidos el día 29 de mayo del presente año, donde el esmad, de la policía nacional, utilizó gases lacrimógenos y papas bombas sobre la comunidad Nasa ubicada en el predio Tierra Blanca, vereda Buena Vista, municipio de Caldono.

El terreno en litigio es reclamado desde hace varias décadas por la comunidad Nasa como parte del Territorio Tradicional del resguardo de La Laguna Siberia, pero el ex-alcalde de Caldono, Iván Gerardo Sandoval, se asume en el proceso jurídico como propietario; ante lo cual, los comuneros urgen respuestas efectivas al gobierno nacional sobre el plan de cumplimiento de las mil hectáreas prometidas por el presidente Uribe en diciembre de 2005 para brindar soluciones a estas reclamaciones, ya que dicho compromiso debió haberse hecho efectivo antes del mes de mayo del año 2006 y aún no se conocen acciones para que esta obligación estatal sea adelantada, por el contrario, los ministerios del Interior y de Agricultura se empeñan en crear condiciones de rompimiento de la unidad indígena, como lo han hecho al instigar la compra de predios en territorio nasa para el pueblo Guambiano o con la creación de organizaciones de falsa identidad indígena como la OPIC.

MACIZO COLOMBIANO:

Hay temor y desplazamiento forzado, silencioso, como producto de la instalación de bases permanentes de fuerza pública en el territorio del macizo colombiano, las cuales están aplicando medidas de empadronamiento, realizando fumigaciones en zonas de páramo, contaminando el ambiente y alterando la vida social de la comunidad pues los uniformados no atienden las indicaciones del derecho internacional humanitario, ni respetan la autonomía territorial y de gobierno del pueblo Yanacona, habitante centenario de estas tierras. La zozobra aumenta con la circulación de amenazas firmadas a nombre las águilas negras y con saldos de asesinatos realizados por actores desconocidos superiores a las 15 personas en lo que va corrido del año 2009 en los municipios de Almaguer, la Vega y San Sebastián.

ZONA CENTRO:

El 13 de mayo la Columna móvil Jacobo Arenas, realizó un reten vehicular en la vía Popayán-Huila, a la altura de la vereda Campamento, resguardo indígena de Puracé, cuyo saldo fue la retención y posterior entrega al cabildo indígena del comunero Elmer Manquillo, sindicado de ser informante del ejército y la quemas de dos buses de las empresas Cootrans-Huila y Comotoristas del Cauca. Se tiene información sobre la amenaza de 6 comuneros del resguardo indígena de Puracé, sin que se conozca el origen de los victimarios.

ZONA ORIENTE:

El ejército colombiano ha sindicado a la guardia indígena del resguardo de Totoró de entorpecer las labores militares institucionales, mientras la guerrilla de las FARC la señala de ser cómplice de la fuerza pública. Uno de los motivos de este señalamiento se debe a que el cabildo ha definido realizar acciones de control territorial, lo cual estaba haciendo el 18 de mayo de 2009, momento en coincidencialmente el grupo armado realizaba hostigamientos contra el casco urbano municipal. Esta situación ha colocado en alto riesgo a los integrantes de la guardia como a la comunidad indígena en general.

Popayán, 3 de junio de 2009.
CONSEJERIA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA –CRIC

Territorios y derechos indígenas, bases del Estado social y la dignidad

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, ratifica su convicción de que en sociedades democráticas, las garantías a todos los derechos humanos, los de los Pueblos, de la naturaleza y de las generaciones futuras son la base fundamental de la plena vigencia del estado de derecho y de la dignidad.

Debe garantizarse inviolabilidad e intangibilidad de los territorios indígenas

Posición ante el Taller Regional Amazonía Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y en Contacto Inicial, auspiciado por el tratado de cooperación Amazónica OTCA, del 3 al 5 de Junio del 2009, en Quito-Ecuador

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE, instancia de representación de los derechos de las 14 Nacionalidades y 18 Pueblos Indígenas del Ecuador, ratifica su convicción de que en sociedades democráticas, las garantías a todos los derechos humanos, los de los Pueblos, de la naturaleza y de las generaciones futuras son la base fundamental de la plena vigencia del estado de derecho y de la dignidad.

Como organización nacional conocedora de la grave problemática que afecta a los Pueblos en Aislamiento, nos ratificamos también en la urgencia de políticas públicas de garantía a la vida de los que consideramos Pueblos Hermanos, con sistemas económicos, políticos, sociales, culturales y espirituales específicos y propios, por ello sus derechos deben ser garantizados de forma integral y con apego absoluto a las especificidades propias de la cosmovisión indígena.

En esta perspectiva, la CONAIE adhiere integralmente al espíritu y objetivos del documento de la oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos titulado “Directrices de protección para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial de la región amazónica y el Gran Chaco”, del 5 de mayo del 2009 y hecho público en la 8va Sesión del Foro Permanente de los Pueblos Indígenas.

Aparte de las observaciones y preocupaciones que la CONAIE hará llegar a la oficina de la Alta Comisionada, es importante resaltar aspectos fundamentales que sirven como referencia y orientación para cualquier política de garantía a la vida de los Pueblos en Aislamiento:

Es imperativo que se adopten todas las medidas oportunas y pertinentes tendientes a “garantizar la seguridad de estos pueblos y los medios de vida que ellos han elegido, incluida la garantía de la inviolabilidad e intangibilidad de sus territorios y sus recursos naturales”, como lo pide el llamado de Santa Cruz que fuera recogido en una recomendación del Sexto Periodo de Sesiones, en el 2007.
La condición de Pueblos en contacto inicial, no debe ser necesariamente seguida de medidas e iniciativas de acentuar dicho contacto. Sería oportuno considerar medidas que garanticen la condición primera de pueblos en aislamiento. Fundamentamos esta posición en el convencimiento de que la condición de contacto inicial es forzada por agentes externos y porque los procesos de contacto, como lo señala el documento de la ONU y la CONAIE lo ratifica, “vienen acompañados de alteraciones drásticas en sus territorios que alteran irremediablemente sus relaciones con el medio ambiente y modifican, a menudo, las formas de vida y las prácticas culturales de estos pueblos”. El mismo documento señala que la vulnerabilidad de los Pueblos en Aislamiento “se agrava aún más, ante las violaciones de derechos humanos que sufren por actores que buscan explotar los recursos naturales presentes en sus territorios y ante la impunidad que generalmente sufren estos pueblos y sus ecosistemas”.
Es responsabilidad de los gobiernos garantizar medidas integrales, de respuesta a la extremada vulnerabilidad que caracteriza a los Pueblos en Aislamiento, muchos de los cuales está en una situación asociable a la extinción, si se tiene en cuenta que estos Pueblos tienen una relación con sus territorios de interdependencia determinante para sus vidas, sus culturas, su continuidad como entidades diferenciadas. La obligación y compromisos manifiestos por los estados para garantizar la diversidad cultural tiene frente a los Pueblos en Aislamiento una gran responsabilidad histórica e ineludible que es observada a nivel mundial.
Es imperativo que toda iniciativa hacia los Pueblos en Aislamiento se funde en el principio de no discriminación en el ejercicio de derechos. En esta lógica debe entenderse que la condición de aislamiento es el ejercicio del derecho a la autodeterminación y que este debe ser respetado y garantizado por los estados sin restricciones ni condicionalidad, más aún si estamos absolutamente seguros de que lo que implicaría el desconocimiento de este derecho es la desaparición de nuestros pueblos hermanos.
Los derechos territoriales son fundamentales. La vida misma de los Pueblos en Aislamiento depende del respeto de sus territorios. El respeto a su condición de aislamiento debe considerar que las situaciones de orden ambiental, turística, de investigación, de venta de servicios ambientales, extractivas en sus territorios es un grave atentado contra todas las expresiones y derechos de estos Pueblos.
En relación a Ecuador y la situación de los Pueblos Tagaeri y Taromenane, la CONAIE es categórica en señalar que la única condición para la vida de estos pueblos es el respeto absoluto a sus territorios ancestrales. Estos territorios están mucho más allá del Parque Nacional Yasuní y de la Zona de reserva de Biósfera. Debe tenerse en cuenta que los hechos dolorosos en que han perdido la vida varios de los miembros de estos pueblos se han dado fuera de la zona de reserva y del parque. Además, considerando la alta vulnerabilidad que los afecta, es imperativo que se respete y garantice irrestrictamente el derecho a la autodeterminación de estos pueblos y que se declare la definitiva suspensión de toda actividad extractiva, científica, turística y de índoles diversas que puedan darse en estos territorios o en las zonas de amortiguamiento.

Consideramos que la suspensión definitiva de la actividad petrolera en el Parque Nacional Yasuní de Ecuador debe hacerse realidad independientemente de que haya o no el apoyo internacional para que se guarde el petróleo bajo tierra.

Finalmente, como CONAIE, instancia de representación de las Nacionalidades y Pueblos indígenas del Ecuador, nos ratificamos en reivindicar el derecho a ser consultados junto a la Nacionalidad Waorani en los temas que afecten a los Pueblos en Aislamiento. Esto lo fundamentamos en el principio de responsabilidad compartida y en los mandatos de la organización de velar por los derechos de todas la Nacionalidades y Pueblos

Quito, 04 de Junio de 2009

Marlon Santi, Presidente de la CONAIE

COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI

Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina

CONFEDERACIÓN DE NACIONALIDADES INDÍGENAS DEL ECUADOR – CONAIE

Brutal represión gubernamental contra indigenas de la Amazonia Peruana

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas denunció una fuerte represión sangrienta contra indígenas de la Amazonia Peruana; entre diez a veinte personas habrían sido asesinados. Informó que estos hechos ocurren horas después de que el Congreso de la República, en un abierto acto de provocación, decidiera postergar nuevamente el debate de la derogatoria de los decretos legislativos del TLC que facilitan la invasión de los territorios indígenas. La ONIC expresa su solidaridad con los hermanos Indígenas del Perú y rechazamos este acto violento que atenta contra la vida e integridad d e nuestros pueblos.
Represión sangrienta en la Amazonia Peruana Entre diez a veinte muertos.
Llamado a la Solidaridad rgente: plantones ante las embajadas peruanas en todos los países, en cumplimiento del acuerdo de la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala.
El gobierno aprista de Alan García Pérez ha desatado una represión sangrienta en la Amazonía Peruana la madrugada de hoy. Las informaciones son confusas, no hay cifras oficiales, pero varían entre diez a veinte muertos en Bagua, zona de Corral Quemado y Curva del Diablo. Nuevamente se pretende imponer la muerte sobre la vida, la masacre sobre el diálogo. Es la respuesta dictatorial luego de 56 días de lucha pacífica indígena y de supuestos diálogos y negociaciones, que terminan en las balas de siempre, las mismas de más de 500 años de opresión.
Hoy más que nunca es urgente cumplir el acuerdo de la IV Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala (Puno, Perú, 27 al 31 de mayo) y hacer efectiva nuestra solidaridad con los pueblos amazónicos peruanos, realizando plantones ante las embajadas del Perú en todos los países, todos los días, hasta que se detenga el baño de sangre y se deroguen los decretos legislativos del TLC con Estados Unidos. E impulsar el juicio internacional a Alan García Pérez y su gobierno, por su entreguismo y la represión: tiene una deuda de por lo menos diez muertos.
Esto ocurre horas después de que el Congreso de la República, en un abierto acto de provocación, decidiera postergar nuevamente el debate de la derogatoria de los decretos legislativos pro TLC que facilitan la invasión de territorios indígenas, mientras el Poder Ejecutivo enviaba nuevos numerosos contingentes policiales a la amazonía.
Llamamos a las organizaciones indígenas, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, a tomar acciones concretas: cartas al gobierno peruano, al Relator Especial de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, a Amnistía Internacional, Survival International, a los Premios Nóbel de la Paz, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización Internacional del Trabajo (Convenio 169), para que envíen de inmediato misiones al Perú, para detener esta violencia y se respeten los derechos indígenas.
Los organismos de la ONU deben pronunciarse con firmeza, sumándose a la demanda planteada por la presidenta del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas, Victoria Tauli, de levantar el estado de emergencia, no usar la represión y cumplir con las normas internacionales que garantizan el ejercicio de los derechos indígenas.
Hoy en Lima, todas las organizaciones del movimiento social peruano, articuladas en el Frente Comunitario por la Vida y la Soberanía, se movilizarán a las 5 de la tarde desde la Plaza Francia, exigiendo poner alto a la represión y derogar los decretos legislativos que afectan los derechos territoriales de los pueblos indígenas andinos y amazónicos y la soberanía nacional.
Lima, 05 de junio de 2009
Coordinación General CAOI

América Latina: Movimientos Indígenas y socioambientales promueven la creación de un Tribunal de Justicia Climática

Objetivo de Tribunal de Justicia Climática será generar una institucionalidad que permita sancionar moralmente a transnacionales extractoras de recursos que afecten a pueblos indígenas.

Un Tribunal de Justicia Climática Internacional para identificar y sancionar moralmente a las compañías transnacionales, que afecten la ecología y el medio ambiente de los pueblos originarios, plantearon esta mañana en la ciudad de Puno, Perú, organizadores y delegaciones participantes de la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas.
Miguel Palacín Quispe, vocero oficial de la Cumbre, explicó que el impulso de este Tribunal de Justicia busca "visibilizar la relación entre cambio climático y modelo de desarrollo extractivo y corporativizado de las transnacionales" que afectan mayormente a los pueblos oriundos del país.
Afirmó que otro de los fines de esta instancia es juzgar a los deudores y acreedores de la deuda por el cambio climático, dado la desmesurada explotación de los recursos naturales. "El consumismo convierte a la biodiversidad en materia prima. Esa es la deuda ecológica que mantienen los países con las transnacionales", señaló.
Doe Run en la mira
Palacín dijo que si el tribunal tendría que juzgar y sancionar alguien primero esta sería la empresa Doe Run que opera en la ciudad peruana de La Oroya, sin las condiciones establecidas de respeto al medio ambiente.
Palacín, representante además de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), manifestó que este espacio de juzgamiento se produce en el marco del Tribunal de los Pueblos Permanentes que se desarrolló en el Perú en el 2008.
Desde allí –agregó- se impulsa este tribunal de corte moral ante el incumplimiento de los estados en la defensa del ambiente y el respeto a los convenios internacionales.
Precisó que esta propuesta, una vez alcanzada al mismo Tribunal Permanente de los Pueblos, será elevada ante la Cumbre Mundial de Cambio Climático en Copenhague que se realizará en diciembre de este año, la que a su vez deberá ser visto en el foro de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
En una conferencia ante cientos de medios locales, nacionales y extranjeros acreditados en la IV Cumbre, participaron representantes de Bolivia, Ecuador, Guatemala, Canadá, Kenia, Sudáfrica y Perú, quienes expusieron sus puntos de vista y testimonios sobre el cambio climático que afectan a sus respectivos pueblos.
Testimonios
Isaac Ávalos, delegado boliviano, consideró muy importante la creación de un Tribunal de Justicia de Cambio Climático porque permitiría procesar a las transnacionales europeas extractoras de recursos naturales que afectan igualmente a su país.
Jorge Fredick, de Guatemala, acusó a los gobiernos de turno de ser cómplices de las transnacionales que extraen los recursos en cada país porque dan leyes que permiten estas acciones extractivas.
Benjamín Paules, de la Red Ambiental de Canadá, denunció que los pueblos indígenas de su nación ya están sufriendo los efectos del cambio climático, principalmente de Alaska. "La creación de un tribunal como el que se está proponiendo es una forma de defender nuestros derechos", indicó.
Samuel Partapipi, de la etnia Massai de la organización Kenya Small Scale Farmers Forum, lamentó que el cambio climático esté afectando también a su país como es el caso del famoso monte Kilimanyari. "Hay mucha preocupación en Kenia porque los ríos se están secando, a raíz del cambio climático en el mundo", refirió.
DATOS
- Según Mario Palacios Pánez, presidente de la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería en el Perú, este país sería el tercero en Latinoamerica que sufrirá pronto los efectos del cambio climático.
- De acuerdo al informe del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas en el 2007, México, Bolivia y Perú son las naciones pobres que empezarían a verse amenazados por los efectos del cambio climático.
- Palacios Pánez refiere que el 62% de las extracciones de los minerales en el Perú está en manos de las transnacionales.