Al parecer, el Ejército Nacional es autor de nuevos asesinatos y varios atropellos en contra de pueblos indígenas

Jueves 4 de junio de 2009

Según comunicado, fechado el dos de junio, emitido por la ONIC y la UNIPA hombres armados pertenecientes al Batallón contraguerrilla ciento trece, móvil diecinueve, perteneciente a la Tercera División del Ejercito entraron por la fuerza en una vivienda del resguardo indígena Awa llevándose varios enseres.

En la misma comunicación los indígenas denuncian que en repetidas oportunidades efectivos del mismo grupo militar se ubican en algunas escuelas de la zona y entre las viviendas del sector violando las normas del derecho internacional humanitario.

Las revelaciones fueron hechas por el Representante a la Cámara Pedro Vicente Obando, quien dejó sentada la constancia, ante el Pleno de la Corporación, por tratarse de un pueblo que siente el rigor de la guerra y el ataque de todos los grupos que hacen parte del conflicto interno que vive nuestro País.

Finalmente el Parlamentario hizo un llamado para que organismos internacionales hagan un acompañamiento a esta etnia que, ahora ve un futuro incierto y en medio de una encrucijada de exterminio bélico.

En su intervención el Congresista también dejo ver su preocupación por el futuro de los productores de leche que, son castigados parafiscalmente con un nuevo “impuesto al productor”.

Los productores dicen que el costo de veinticinco pesos por litro es un gravamen que les ha sido impuesto en un mal llamado fondo de estabilización manejado por FEDEGAN.

El Representante manifestó su solidaridad con el sector, pues a este nuevo tributo debemos sumarle los altos costos que deben pagar sacrificadas personas que viven en zonas de difícil acceso, en un país que importa suero láctico para elaboración de productos, todo por cumplir convenios internacionales que así lo exigen.

El Legislador ahora está a la espera de definir una fecha para un acercamiento entre lecheros y el Ministro de Agricultura Andrés Fernández Acosta brindando un espacio para buscar una salida a la problemática de los lecheros.

¿Qué importa más: negociar un tratado comercial o la vida de un pueblo?

La Autoridad Nacional de Gobierno Indígena condena y rechaza con indignación la acción violenta del gobierno peruano contra los hermanos indígenas de la Amazonía Peruana; una masacre que ya deja más de 30 indígenas asesinados. Compañeros indígenas reciban nuestra fraternal comprensión, nuestra solidaridad y nuestro respaldo a sus luchas de reivindicación que ya completa más de 500 años.

El asesinato de 25 de nuestros hermanos indígenas de la Amazonía Peruana, nos causa indignación y rechazo; sabemos de sus justas reclamaciones, su persistencia y su compromiso en la defensa de la vida, el territorio y su entorno sociocultural y espiritual. A estos principios el gobierno peruano y las fuerzas militares han respondido con brutal y feroz represión, generando el asesinato de más de 30 personas, casi un centenar de heridos y algunos desaparecidos.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 05 de junio, en Bagua, Cerro Curva del Diablo, caserío Siempre Viva, en la provincia cajamarquina de Jaén, tras la incursión de la Policía peruana para desbloquear una carretera, tomada desde hace varios días por las comunidades indígenas amazónicas que reclaman el cese a la violación de sus derechos y la derogación de los decretos legislativos del TLC que facilitan la invasión y el despojo de sus territorios. Siete uniformados también fallecieron en los hechos, según informaciones recibidas en nuestra oficina de redacción y Derechos Humanos.

Los hechos ocurren en el marco de la política del gobierno de Alan García, un gobierno proteccionista de los intereses multinacionales; entreguista de los recursos y territorios que ancestralmente han pertenecido a los pueblos indígenas de esta región. ¿Cómo no van a reaccionar los indígenas amazónicos, sí están defendiendo un derecho ancestral, además del derecho a la vida que depende de su territorio, un territorio que el gobierno pretende entregar en bandeja de plata a los inversionistas extranjeros que sólo piensan en extraer y acumular capital, sin tener en cuenta la restitución de la Madre Tierra?

Consideramos esta acción violenta del gobierno peruano como una masacre y una violación flagrante a la vida, integridad y derechos fundamentales de las comunidades y pueblos indígenas. Lamentamos que no se haya escuchado el clamor y las exigencias de los compañeros indígenas y por el contrario, se haya procedido con violencia, generando la muerte de aproximadamente 30 personas.

Por nuestros procesos sabemos el dolor que embarga perder la vida por defender nuestra Madre Tierra y nuestros derechos; pero eso mismo nos anima a resistir ante la embestida feroz de sectores gubernamentales, económicos y actores armados. Reciban, pues compañeros indígenas un fraterno saludo y todo nuestro respaldo a sus luchas de reivindicación que ya completa más de 500 años.

Nos solidarizamos con los familiares de los hermanos indígenas asesinados, con las autoridades y dirigencia indígena de la Amazonía Peruana y del país en general, y con todas las víctimas de esta masacre.
Por tanto Condenamos las acciones violentas del gobierno del Perú en contra de nuestros pueblos. Como Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, exigimos al Gobierno de Alan García cesar de inmediato la represión y la masacre de nuestros hermanos indígenas y abstenerse de este tipo de acciones de desalojo a la fuerza que generan muerte entre hermanos peruanos.

Al gobierno nacional y a todas las autoridades militares y civiles les exigimos garantías por los derechos colectivos de los pueblos indígenas, garantizar el respeto y la protección a la vida, a la integridad, a la dignidad y a los derechos humanos de nuestros hermanos indígenas y de todo el pueblo peruano.

Instamos al gobierno nacional, a sus instituciones encargadas de hacer cumplir la justicia para que investiguen estos hechos e iniciar el proceso de condena a los responsables y de reparación a las víctimas y, adoptar medidas preventivas para que estas acciones no se repitan.

A las instituciones de salud y socorro encargadas de atender los heridos y brindar los auxilios de salud les exigimos atender de manera urgente la situación, de lo contrario estarían violando el derecho inalienable a la vida y los convenios internacionales humanitarios en materia de derechos humanos.

Exigimos a la Unión Europea y al gobierno de Estados Unidos que revisen los procesos de negociación con el Perú de los Tratados Comerciales que generan bienestar y calidad de vida para la sociedad europea y estadounidense y, para los grandes inversionistas, mientras que para nuestros pueblos indígenas y para gran mayoría del pueblo del Perú genera pobreza, exclusión, masacres y violaciones a los derechos humanos y colectivos y, al Derecho Internacional Humanitario.

No es aceptable que mientras el proceso de negociación CAN- Unión Europea y el mismo TLC se negocien dentro de supuestos “acuerdos de integración”, se estén -en realidad- desintegrando los procesos y la cultura de los pueblos indígenas, violando sus derechos humanos y los derechos territoriales ancestralmente adquiridos.

Llamamos a la opinión pública y a la comunidad nacional de todos los países del mundo a solidarizarse con los hermanos indígenas de la Amazonía. A los pueblos y sociedades de Europa y de los Estados Unidos les exhortamos a reflexionar en el siguiente sentido: mientras sus gobiernos negocian los tratados comerciales beneficiosos para un puñado de empresas e inversionistas, pero lesivos para la vida, la integridad y la cultura de los países del Abya Yala, se acabe y se destruya la vida humana y natural de nuestros países, principalmente en los territorios de nuestros pueblos indígenas donde recrudece la violencia e incrementen las masacres tal como está ocurriendo en la Amazonía Peruana.

Consejo de gobierno,
Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, ONIC

Contundente rechazo al gobierno del Perú por masacre de 25 indígenas

Unos 25 indígenas de la Amazonia habrían sido asesinados por las fuerzas policiales del Perú. Diversas organizaciones y la comunidad internacional llamaron y emplazaron al gobierno peruano a cesar la represión brutal. Naciones Unidas calificó los hechos como “una masacre; estamos consternados ante esta nueva acción del gobierno García”.

Redacción Sistema de Información e Investigación Indígena, ONIC

Según el Servicio de información Intercultural, Servindi, del Perú, unos 25 indígenas habrían sido asesinados por las fuerzas policiales de este país.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 05 de junio, en el cerro Curva del Diablo, del caserío Siempre Viva, en la provincia cajamarquina de Jaén, tras la incursión de la Policía peruana para desbloquear una carretera, tomada desde hace varios días por las comunidades indígenas amazónicas que reclaman el cese a la violación a sus derechos y la derogación de los decretos legislativos del TLC que facilitan la invasión de los territorios indígenas. Siete uniformados, también, fallecieron en los hechos, indicó Servindi.

Esta nueva acción del gobierno peruano ha sido considerada como un accionar violento que atentan contra la vida, la integridad y los derechos fundamentales de comunidades indígenas. La Conferencia Episcopal y la Defensoría del Pueblo emitieron un comunicado conjunto lamentando la violencia desatada en la provincia de Bagua, Amazonas, que ocasionó la muerte de aproximadamente 30 indígenas, civiles y policías. (Ver comunicado en Servindi: http://www.servindi.org/actualidad/12537)

Por su parte la vicepresidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, Elisa Canqui, calificó los hechos como una masacre la matanza de 25 indígenas en la región amazónica del norte peruano.

Canqui, en declaraciones a la Agencia de Noticias Indígenas de la Red Erbol, aseveró que “estamos consternados ante esta nueva acción del gobierno de Alan García”. (Servindi: http://www.servindi.org/actualidad/12511)

La funcionaria recordó que este organismo, en cabeza de sus Presidenta, Victoria Tauli Corpuz, le pidió al gobierno peruano respetar los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas. “El accionar del gobierno García se traduce en masacre, esperamos que la preocupación internacional se traduzca para que en el Perú se recuperen los derechos humanos”.

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, máxima organización nacional y continental cuestionó y condenó la masacre a la cual consideró como una “brutal represión”. La Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, ONIC, expresó su solidaridad con los hermanos Indígenas del Perú, “este acto violento atenta contra la vida e integridad de nuestros pueblos”. (http://www.onic.org.co/actualidad.shtml?x=35994)

Los cuestionamientos y condena al gobierno peruano por parte de la opinión nacional y la comunidad internacional han sido contundentes; “el Perú de Alan García y la Colombia de Álvaro Uribe son regímenes criminales para el poder corporativo”, sostuvo el Tejido de Comunicación para la verdad y la Vida ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca). “Lloramos a las víctimas que han caído en el Norte del Perú. Enviamos nuestras condolencias a familiares y comunidades, pero también expresamos nuestra profunda admiración por su valor y su dignidad. No están solas ni solos...” (http://www.nasaacin.org/noticias.htm?x=10035)

El reconocido historiador y jurista Bartolomé Clavero indicó que este acto se deben llevar a todas las instancias de la justicia nacional e internacional si es preciso; “júzguese a la luz de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Son palabras reconozco que mayores, precisamente a la altura de la gravedad no sólo de una masacre concreta, sino también de toda la política para la que la misma es tan sólo un episodio”. (http://www.servindi.org/actualidad/12533)

Clavero aseguró que por dicha política, el gobierno peruano se ha puesto contra las cuerdas en el ámbito internacional o al menos en el sector que interesa a los derechos de los pueblos indígenas. “En febrero de este año el Comité de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo le dirigió sus observaciones críticas al respecto instándole, frente a la regla usual de informes periódicos, a que respondiera con urgencia, lo que viene eludiendo”.

Ollanta Humala, líder del Partido Nacionalista, califico la acción gubernamental como un “operativo político encubierto. El gobierno ha preferido la matanza de indígenas antes que derogar los decretos legislativos lesivos a los intereses de la amazonia; junto con su bancada parlamentaria han impedido debatir los informes que recomiendan derogar los decretos cuestionados por los indígenas”. (http://www.servindi.org/actualidad/12515)

El escritor y director de Servindi Jorge Agurto, explicó que con los ataques a las comunidades indígenas el gobierno de García y el Apra mostraron su verdadero rostro asesino y antidemocrático (http://www.servindi.org/actualidad/12454). “El gobierno preferió disparar balas a quemarropa contra líderes indígenas antes que derogar normas inconstitucionales que han sido impuestas violando tratados internacionales de derechos humanos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT”.

Cauca/ Informe Situación Derechos Humanos Pueblos Indígenas

La Consejería Mayor CRIC expresa su preocupación por la grave situación que enfrentan actualmente los Pueblos Indígenas del Cauca y Colombia con respecto a la garantía de los derechos humanos, históricos y constitucionales, como consecuencia de la acción persistente de los actores armados y la implementación de políticas inconsultas del gobierno nacional.

Históricamente se han desarrollado políticas paternalistas, discriminatorias y de exterminio contra los pueblos indígenas, con gran responsabilidad de los gobiernos del proyecto de república que se ha venido construyendo desde el siglo XIX. Dicha actitud se manifiesta con mayor claridad en la llamada política de seguridad democrática que sigue forjando planes de invasión militar (legales o ilegales) en nuestros territorios ancestrales, apoyados por normas dirigidas a favor de proyectos forestales, agroindustriales, viales, hidroeléctricos y de extracción minera provenientes de grupos económicos multinacionales.
Así lo observamos desde hace más de una década y vemos que persiste a pesar de nuestros constantes llamados a la convivencia y a la democracia.

TIERRADENTRO:

Debido a la situación de zozobra e incertidumbre que viven los pobladores del municipio de Páez frente a la amenaza constante del volcán Nevado del Huila, las comunidades decidieron evacuar la zona, sin haber encontrado apoyo institucional para hacerlo, por el contrario, las Autoridades Tradicionales denunciaron, en el primer trimestre de este año, que el ejército copa los sitios dejados por la gente que ha tomado la decisión autónoma de ponerse a salvo. Esta situación se ha tornado más dramática con la circulación de amenazas, firmadas por las águilas negras, sobre los cabildantes de del resguardo de Huila y Vitoncó, municipio de Páez.

Por otra parte se ha denunciado que el 25 de Mayo, se realizaron combates armados en el sector de La Planada, Vereda de La Milagrosa, causando riesgo directo a la vida de los habitantes. De igual forma hay preocupación porque efectivos militares de los batallones Macheteros del Cauca y de alta montaña, acampan y permanecen durante días y hasta semanas en los poblados, instituciones educativas, sitios sagrados, de trabajo y zonas aledañas a las viviendas de los comuneros de la vereda La Milagrosa, sector La Planada, resguardo de Yaquivá, municipio de Inzá. Se afirma que los militares hacen uso indebido del sentido de poder que les otorga su traje para ingresar a las viviendas y forzar favores cuando lo requieren los soldados. Denuncian las autoridades indígenas el comportamiento irregular de varios militares que contaminan el medio ambiente, hacen uso de alucinógenos, consumen bebidas alcohólicas y se relacionan con menores de edad especialmente con mujeres adolescentes.

ZONA OCCIDENTE:

El Gobernador suplente del resguardo Nasa de Honduras, ROBERT DE JESÚS GUACHETA, fue asesinado en la mañana del día 18 de mayo de 2009, cuyo cuerpo fue acompañado por más de 500 personas hasta su última morada, a 4 horas de camino a pie desde el punto de la carretera. Un día después de su sepelio la comunidad se enteró que la comunera de la vereda Valle Nuevo, del mismo resguardo indígena, NILVANY CRUZ ZAMBRANO, había sido asesinada, al parecer por la policía nacional, en un cruce de disparos con actores ilegales. En este mismo acontecimiento resultaron heridos, el joven WILMER CELIMO DIZU y el señor JOSE ARLEY DIZU, comuneros del cabildo Renacer.

Estos acontecimientos se vienen sucediendo desde junio de 2008, cuando José Goyes Santacruz, dirigente y autoridad tradicional del resguardo indígena de Honduras, fue herido por dos impactos de bala al llegar a su casa de habitación, situada en el casco urbano municipal de Morales. Luego, en agosto del mismo año, se conoció la amenazas contra la vida del comunicador Alfredo Campo de la emisora “Nuestra Voz Stereo de Morales y contra el Gobernador de la comunidad, Rolando Tálaga y el cabildante Jorge Ordoñez. Posteriormente fueron amenazados, a través de mensajes de texto por celulares, más de 20 comuneros, entre ellos Robert Guachetá, Libardo Guachetá, Irne Santiago Pajoy, el Consejero mayor del CRIC, Ángel Miro Valencia y el coordinador del programa de salud CRIC, Juan Antonio Velasco. Igualmente contra José Libardo Quintana, Miller Mosquera y Silvio Javier Pillimue, concejales de la ASI. En los meses de abril y mayo del 2009 otras denuncias fueron registradas ante organismos de control del Estado colombiano.

COSTA PACÍFICA:

Sin conocerse respuestas del Estado a la situación de desplazamiento forzado en que viven más de 1800 indígenas del pueblos Eperara Siapidara de la Costa Pacífica caucana desde mediados del año 2008, se ha informado del agravamiento de las circunstancias por efecto de las fumigaciones con glifosato realizadas por la Fuerza Pública colombiana, desde comienzos del mes de mayo 2009, afectando más de 18 personas de San Miguel de Infí, Guangüí y la parte baja de Timbiquí, entre ellas 13 menores de edad. Por otra parte las fumigaciones han ocasionado contaminación de los ríos San Bernardo, San Miguel de Infí y Saija, y la muerte de los peces, base de la dieta alimentaria de este pueblo indígena.

Comunidades y Autoridades indígenas han reclamado constantemente de las instituciones del Estado atención inmediata, exigiendo detener las fumigaciones y una actuación inmediata de la Red Pública de Timbiquí para que preste los servicios de salud de manera urgente y oportuna a las familias que sufren esta nueva tragedia. Requieren además presencia de los organismos de control del Estado para que observen la acción institucional que desconoce los riesgos a que se expone a la población por la no aplicación de medidas de prevención para las comunidades cuando realizar aspersiones aéreas. Se denuncia que el gobierno no atiende la situación humanitaria generada por la presencia de actores armados y, por el contrario, la fuerza pública, del Estado contribuye a generar situaciones de zozobra debido a su actuación al estilo de fuerzas de invasión extranjera.

ZONA NORTE:

El sexto frente de las FARC, mediante pasquín promulgado en la segunda semana de mayo del 2009, amenazó al gobernador indígena, Alveiro Quiguanás y a la directiva del cabildo; entre ellos a EYBAR FERNÁNDEZ, coordinador del proyecto Global; igualmente a RODRIGO DAGUA, coordinador del núcleo de educación; LUÍS ALFREDO ULCUÉ, coordinador de economía; MIGUEL HENRI QUITUMBO, coordinador de la comisión jurídica; GERMÍN GEMBUEL, coordinador de la guardia indígena y ELISEO IPIA, coordinador AGP. En el mismo anuncio se amenazó a concejales y alcaldía municipal exigiéndoles la renuncia a sus cargos en un plazo de ocho días so pena de ser asesinados. Ante el inminente riesgo para la vida humana, comunidades y autoridades indígenas de Jambaló, decidieron rodear solidariamente a sus compañeros y brindarles todo su apoyo colectivo, tomando medidas de control interno como el cierre indefinido de cantinas, billares, guarapearías y la suspensión de fiestas en las veredas y barrios del Resguardo-Municipio de Jambaló hasta una nueva decisión comunitaria.

SAT TAMA KIWE-CALDONO

Con alarma y zozobra, los comuneros de los resguardos de la Laguna, Caldono, Munchique los Tigres y Jambaló, alertan y denuncian la realización de combates armados entre la guerrilla y el ejército que incluyen bombardeos aéreos con los cuales se ha afectado cultivos de pan coger y ocasionado la muerte de ganado y otros animales de propiedad de las comunidades.

están en litigio por procesos de Liberación de la Madre Tierra. Así lo denuncian las autoridades tradicionales del resguardo de La Laguna Siberia, con los acontecimientos sucedidos el día 29 de mayo del presente año, donde el esmad, de la policía nacional, utilizó gases lacrimógenos y papas bombas sobre la comunidad Nasa ubicada en el predio Tierra Blanca, vereda Buena Vista, municipio de Caldono.

El terreno en litigio es reclamado desde hace varias décadas por la comunidad Nasa como parte del Territorio Tradicional del resguardo de La Laguna Siberia, pero el ex-alcalde de Caldono, Iván Gerardo Sandoval, se asume en el proceso jurídico como propietario; ante lo cual, los comuneros urgen respuestas efectivas al gobierno nacional sobre el plan de cumplimiento de las mil hectáreas prometidas por el presidente Uribe en diciembre de 2005 para brindar soluciones a estas reclamaciones, ya que dicho compromiso debió haberse hecho efectivo antes del mes de mayo del año 2006 y aún no se conocen acciones para que esta obligación estatal sea adelantada, por el contrario, los ministerios del Interior y de Agricultura se empeñan en crear condiciones de rompimiento de la unidad indígena, como lo han hecho al instigar la compra de predios en territorio nasa para el pueblo Guambiano o con la creación de organizaciones de falsa identidad indígena como la OPIC.

MACIZO COLOMBIANO:

Hay temor y desplazamiento forzado, silencioso, como producto de la instalación de bases permanentes de fuerza pública en el territorio del macizo colombiano, las cuales están aplicando medidas de empadronamiento, realizando fumigaciones en zonas de páramo, contaminando el ambiente y alterando la vida social de la comunidad pues los uniformados no atienden las indicaciones del derecho internacional humanitario, ni respetan la autonomía territorial y de gobierno del pueblo Yanacona, habitante centenario de estas tierras. La zozobra aumenta con la circulación de amenazas firmadas a nombre las águilas negras y con saldos de asesinatos realizados por actores desconocidos superiores a las 15 personas en lo que va corrido del año 2009 en los municipios de Almaguer, la Vega y San Sebastián.

ZONA CENTRO:

El 13 de mayo la Columna móvil Jacobo Arenas, realizó un reten vehicular en la vía Popayán-Huila, a la altura de la vereda Campamento, resguardo indígena de Puracé, cuyo saldo fue la retención y posterior entrega al cabildo indígena del comunero Elmer Manquillo, sindicado de ser informante del ejército y la quemas de dos buses de las empresas Cootrans-Huila y Comotoristas del Cauca. Se tiene información sobre la amenaza de 6 comuneros del resguardo indígena de Puracé, sin que se conozca el origen de los victimarios.

ZONA ORIENTE:

El ejército colombiano ha sindicado a la guardia indígena del resguardo de Totoró de entorpecer las labores militares institucionales, mientras la guerrilla de las FARC la señala de ser cómplice de la fuerza pública. Uno de los motivos de este señalamiento se debe a que el cabildo ha definido realizar acciones de control territorial, lo cual estaba haciendo el 18 de mayo de 2009, momento en coincidencialmente el grupo armado realizaba hostigamientos contra el casco urbano municipal. Esta situación ha colocado en alto riesgo a los integrantes de la guardia como a la comunidad indígena en general.

Popayán, 3 de junio de 2009.
CONSEJERIA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA –CRIC

Territorios y derechos indígenas, bases del Estado social y la dignidad

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, ratifica su convicción de que en sociedades democráticas, las garantías a todos los derechos humanos, los de los Pueblos, de la naturaleza y de las generaciones futuras son la base fundamental de la plena vigencia del estado de derecho y de la dignidad.

Debe garantizarse inviolabilidad e intangibilidad de los territorios indígenas

Posición ante el Taller Regional Amazonía Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y en Contacto Inicial, auspiciado por el tratado de cooperación Amazónica OTCA, del 3 al 5 de Junio del 2009, en Quito-Ecuador

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE, instancia de representación de los derechos de las 14 Nacionalidades y 18 Pueblos Indígenas del Ecuador, ratifica su convicción de que en sociedades democráticas, las garantías a todos los derechos humanos, los de los Pueblos, de la naturaleza y de las generaciones futuras son la base fundamental de la plena vigencia del estado de derecho y de la dignidad.

Como organización nacional conocedora de la grave problemática que afecta a los Pueblos en Aislamiento, nos ratificamos también en la urgencia de políticas públicas de garantía a la vida de los que consideramos Pueblos Hermanos, con sistemas económicos, políticos, sociales, culturales y espirituales específicos y propios, por ello sus derechos deben ser garantizados de forma integral y con apego absoluto a las especificidades propias de la cosmovisión indígena.

En esta perspectiva, la CONAIE adhiere integralmente al espíritu y objetivos del documento de la oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos titulado “Directrices de protección para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial de la región amazónica y el Gran Chaco”, del 5 de mayo del 2009 y hecho público en la 8va Sesión del Foro Permanente de los Pueblos Indígenas.

Aparte de las observaciones y preocupaciones que la CONAIE hará llegar a la oficina de la Alta Comisionada, es importante resaltar aspectos fundamentales que sirven como referencia y orientación para cualquier política de garantía a la vida de los Pueblos en Aislamiento:

Es imperativo que se adopten todas las medidas oportunas y pertinentes tendientes a “garantizar la seguridad de estos pueblos y los medios de vida que ellos han elegido, incluida la garantía de la inviolabilidad e intangibilidad de sus territorios y sus recursos naturales”, como lo pide el llamado de Santa Cruz que fuera recogido en una recomendación del Sexto Periodo de Sesiones, en el 2007.
La condición de Pueblos en contacto inicial, no debe ser necesariamente seguida de medidas e iniciativas de acentuar dicho contacto. Sería oportuno considerar medidas que garanticen la condición primera de pueblos en aislamiento. Fundamentamos esta posición en el convencimiento de que la condición de contacto inicial es forzada por agentes externos y porque los procesos de contacto, como lo señala el documento de la ONU y la CONAIE lo ratifica, “vienen acompañados de alteraciones drásticas en sus territorios que alteran irremediablemente sus relaciones con el medio ambiente y modifican, a menudo, las formas de vida y las prácticas culturales de estos pueblos”. El mismo documento señala que la vulnerabilidad de los Pueblos en Aislamiento “se agrava aún más, ante las violaciones de derechos humanos que sufren por actores que buscan explotar los recursos naturales presentes en sus territorios y ante la impunidad que generalmente sufren estos pueblos y sus ecosistemas”.
Es responsabilidad de los gobiernos garantizar medidas integrales, de respuesta a la extremada vulnerabilidad que caracteriza a los Pueblos en Aislamiento, muchos de los cuales está en una situación asociable a la extinción, si se tiene en cuenta que estos Pueblos tienen una relación con sus territorios de interdependencia determinante para sus vidas, sus culturas, su continuidad como entidades diferenciadas. La obligación y compromisos manifiestos por los estados para garantizar la diversidad cultural tiene frente a los Pueblos en Aislamiento una gran responsabilidad histórica e ineludible que es observada a nivel mundial.
Es imperativo que toda iniciativa hacia los Pueblos en Aislamiento se funde en el principio de no discriminación en el ejercicio de derechos. En esta lógica debe entenderse que la condición de aislamiento es el ejercicio del derecho a la autodeterminación y que este debe ser respetado y garantizado por los estados sin restricciones ni condicionalidad, más aún si estamos absolutamente seguros de que lo que implicaría el desconocimiento de este derecho es la desaparición de nuestros pueblos hermanos.
Los derechos territoriales son fundamentales. La vida misma de los Pueblos en Aislamiento depende del respeto de sus territorios. El respeto a su condición de aislamiento debe considerar que las situaciones de orden ambiental, turística, de investigación, de venta de servicios ambientales, extractivas en sus territorios es un grave atentado contra todas las expresiones y derechos de estos Pueblos.
En relación a Ecuador y la situación de los Pueblos Tagaeri y Taromenane, la CONAIE es categórica en señalar que la única condición para la vida de estos pueblos es el respeto absoluto a sus territorios ancestrales. Estos territorios están mucho más allá del Parque Nacional Yasuní y de la Zona de reserva de Biósfera. Debe tenerse en cuenta que los hechos dolorosos en que han perdido la vida varios de los miembros de estos pueblos se han dado fuera de la zona de reserva y del parque. Además, considerando la alta vulnerabilidad que los afecta, es imperativo que se respete y garantice irrestrictamente el derecho a la autodeterminación de estos pueblos y que se declare la definitiva suspensión de toda actividad extractiva, científica, turística y de índoles diversas que puedan darse en estos territorios o en las zonas de amortiguamiento.

Consideramos que la suspensión definitiva de la actividad petrolera en el Parque Nacional Yasuní de Ecuador debe hacerse realidad independientemente de que haya o no el apoyo internacional para que se guarde el petróleo bajo tierra.

Finalmente, como CONAIE, instancia de representación de las Nacionalidades y Pueblos indígenas del Ecuador, nos ratificamos en reivindicar el derecho a ser consultados junto a la Nacionalidad Waorani en los temas que afecten a los Pueblos en Aislamiento. Esto lo fundamentamos en el principio de responsabilidad compartida y en los mandatos de la organización de velar por los derechos de todas la Nacionalidades y Pueblos

Quito, 04 de Junio de 2009

Marlon Santi, Presidente de la CONAIE

COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI

Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina

CONFEDERACIÓN DE NACIONALIDADES INDÍGENAS DEL ECUADOR – CONAIE

Brutal represión gubernamental contra indigenas de la Amazonia Peruana

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas denunció una fuerte represión sangrienta contra indígenas de la Amazonia Peruana; entre diez a veinte personas habrían sido asesinados. Informó que estos hechos ocurren horas después de que el Congreso de la República, en un abierto acto de provocación, decidiera postergar nuevamente el debate de la derogatoria de los decretos legislativos del TLC que facilitan la invasión de los territorios indígenas. La ONIC expresa su solidaridad con los hermanos Indígenas del Perú y rechazamos este acto violento que atenta contra la vida e integridad d e nuestros pueblos.
Represión sangrienta en la Amazonia Peruana Entre diez a veinte muertos.
Llamado a la Solidaridad rgente: plantones ante las embajadas peruanas en todos los países, en cumplimiento del acuerdo de la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala.
El gobierno aprista de Alan García Pérez ha desatado una represión sangrienta en la Amazonía Peruana la madrugada de hoy. Las informaciones son confusas, no hay cifras oficiales, pero varían entre diez a veinte muertos en Bagua, zona de Corral Quemado y Curva del Diablo. Nuevamente se pretende imponer la muerte sobre la vida, la masacre sobre el diálogo. Es la respuesta dictatorial luego de 56 días de lucha pacífica indígena y de supuestos diálogos y negociaciones, que terminan en las balas de siempre, las mismas de más de 500 años de opresión.
Hoy más que nunca es urgente cumplir el acuerdo de la IV Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala (Puno, Perú, 27 al 31 de mayo) y hacer efectiva nuestra solidaridad con los pueblos amazónicos peruanos, realizando plantones ante las embajadas del Perú en todos los países, todos los días, hasta que se detenga el baño de sangre y se deroguen los decretos legislativos del TLC con Estados Unidos. E impulsar el juicio internacional a Alan García Pérez y su gobierno, por su entreguismo y la represión: tiene una deuda de por lo menos diez muertos.
Esto ocurre horas después de que el Congreso de la República, en un abierto acto de provocación, decidiera postergar nuevamente el debate de la derogatoria de los decretos legislativos pro TLC que facilitan la invasión de territorios indígenas, mientras el Poder Ejecutivo enviaba nuevos numerosos contingentes policiales a la amazonía.
Llamamos a las organizaciones indígenas, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, a tomar acciones concretas: cartas al gobierno peruano, al Relator Especial de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, a Amnistía Internacional, Survival International, a los Premios Nóbel de la Paz, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización Internacional del Trabajo (Convenio 169), para que envíen de inmediato misiones al Perú, para detener esta violencia y se respeten los derechos indígenas.
Los organismos de la ONU deben pronunciarse con firmeza, sumándose a la demanda planteada por la presidenta del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas, Victoria Tauli, de levantar el estado de emergencia, no usar la represión y cumplir con las normas internacionales que garantizan el ejercicio de los derechos indígenas.
Hoy en Lima, todas las organizaciones del movimiento social peruano, articuladas en el Frente Comunitario por la Vida y la Soberanía, se movilizarán a las 5 de la tarde desde la Plaza Francia, exigiendo poner alto a la represión y derogar los decretos legislativos que afectan los derechos territoriales de los pueblos indígenas andinos y amazónicos y la soberanía nacional.
Lima, 05 de junio de 2009
Coordinación General CAOI

América Latina: Movimientos Indígenas y socioambientales promueven la creación de un Tribunal de Justicia Climática

Objetivo de Tribunal de Justicia Climática será generar una institucionalidad que permita sancionar moralmente a transnacionales extractoras de recursos que afecten a pueblos indígenas.

Un Tribunal de Justicia Climática Internacional para identificar y sancionar moralmente a las compañías transnacionales, que afecten la ecología y el medio ambiente de los pueblos originarios, plantearon esta mañana en la ciudad de Puno, Perú, organizadores y delegaciones participantes de la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas.
Miguel Palacín Quispe, vocero oficial de la Cumbre, explicó que el impulso de este Tribunal de Justicia busca "visibilizar la relación entre cambio climático y modelo de desarrollo extractivo y corporativizado de las transnacionales" que afectan mayormente a los pueblos oriundos del país.
Afirmó que otro de los fines de esta instancia es juzgar a los deudores y acreedores de la deuda por el cambio climático, dado la desmesurada explotación de los recursos naturales. "El consumismo convierte a la biodiversidad en materia prima. Esa es la deuda ecológica que mantienen los países con las transnacionales", señaló.
Doe Run en la mira
Palacín dijo que si el tribunal tendría que juzgar y sancionar alguien primero esta sería la empresa Doe Run que opera en la ciudad peruana de La Oroya, sin las condiciones establecidas de respeto al medio ambiente.
Palacín, representante además de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), manifestó que este espacio de juzgamiento se produce en el marco del Tribunal de los Pueblos Permanentes que se desarrolló en el Perú en el 2008.
Desde allí –agregó- se impulsa este tribunal de corte moral ante el incumplimiento de los estados en la defensa del ambiente y el respeto a los convenios internacionales.
Precisó que esta propuesta, una vez alcanzada al mismo Tribunal Permanente de los Pueblos, será elevada ante la Cumbre Mundial de Cambio Climático en Copenhague que se realizará en diciembre de este año, la que a su vez deberá ser visto en el foro de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
En una conferencia ante cientos de medios locales, nacionales y extranjeros acreditados en la IV Cumbre, participaron representantes de Bolivia, Ecuador, Guatemala, Canadá, Kenia, Sudáfrica y Perú, quienes expusieron sus puntos de vista y testimonios sobre el cambio climático que afectan a sus respectivos pueblos.
Testimonios
Isaac Ávalos, delegado boliviano, consideró muy importante la creación de un Tribunal de Justicia de Cambio Climático porque permitiría procesar a las transnacionales europeas extractoras de recursos naturales que afectan igualmente a su país.
Jorge Fredick, de Guatemala, acusó a los gobiernos de turno de ser cómplices de las transnacionales que extraen los recursos en cada país porque dan leyes que permiten estas acciones extractivas.
Benjamín Paules, de la Red Ambiental de Canadá, denunció que los pueblos indígenas de su nación ya están sufriendo los efectos del cambio climático, principalmente de Alaska. "La creación de un tribunal como el que se está proponiendo es una forma de defender nuestros derechos", indicó.
Samuel Partapipi, de la etnia Massai de la organización Kenya Small Scale Farmers Forum, lamentó que el cambio climático esté afectando también a su país como es el caso del famoso monte Kilimanyari. "Hay mucha preocupación en Kenia porque los ríos se están secando, a raíz del cambio climático en el mundo", refirió.
DATOS
- Según Mario Palacios Pánez, presidente de la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería en el Perú, este país sería el tercero en Latinoamerica que sufrirá pronto los efectos del cambio climático.
- De acuerdo al informe del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas en el 2007, México, Bolivia y Perú son las naciones pobres que empezarían a verse amenazados por los efectos del cambio climático.
- Palacios Pánez refiere que el 62% de las extracciones de los minerales en el Perú está en manos de las transnacionales.

Mesa de Concertación: ganó la propuesta indígena

Durante la reunión de la Mesa de Concertación: pueblos indígenas y gobierno, la Conferencia Episcopal Colombiana exaltó la unidad y la fortaleza de los pueblos Indígenas y, su aporte a la construcción de la paz. Hoy se lograron algunos avances. Al final de esta nota se podrá leer el acta del encuentro.



Bogotá, 22 de mayo.

Durante la reunión los pueblos indígenas demostraron su capacidad política y cultural de definir los Planes de Salvaguarda (Auto 004/09), su voluntad política para cooperar y, para que éstos sean efectivos. Leonor Zalabata delegada por la confederación Indígena Tayrona, aseguró que pese a la heterogeneidad en las dinámicas organizativas y sociales de los pueblos indígenas, “nos sobra voluntad política para cooperar”.

Una muestra evidente de esta fortaleza es que el debate se fundó en la propuesta de los pueblos indígenas; “éstos siempre superando diferencias para fortalecer la unidad y proponiendo alternativas comunes de cambio frente al Estado”, expresó el Padre Mario Rafael Toro, de la Conferencia Episcopal Colombiana.

La reunión de Mesa de Concertación Nacional, fase definitoria de lineamientos metodológicos, entre pueblos indígenas y el gobierno nacional se realizó con el propósito de definir la metodología para la elaboración del Programa de Garantía de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas afectados por el desplazamiento o en riesgo de estarlo. Y, para establecer el marco general de la metodología de la Consulta Previa para el diseño e implementación de los Planes de Salvaguarda, ordenados por la Corte Constitucional, mediante Auto 004/2009, que el gobierno deberá cumplir so pena de incurrir en desacato judicial.

La reunión duró todo el día en medio de acalorados debates, que se fueron diluyendo y tornaron casi, que, en conversaciones amenas, algo poco frecuente en este tipo de escenarios. Al final de la tarde se lograron algunos avances, que algunos calificaron como un buen augurio. Otros atribuyeron estos pequeños logros a la no presencia del Ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio y, a los 40 años de resistencia y reivindicación histórica que emprendieron los indígenas el siglo pasado.

A la reunión que se desarrolló en Bogotá, asistieron representantes indígenas de cada una de las Macro-regionales filiales a la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Como organizaciones indígenas estuvo la ONIC; la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC; la Confederación Indígena Tayrona, CIT; y el movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, AICO.

Varios de los constituyentes indígenas del 91 como Lorenzo Muelas, el senador Jesús Piñacué y autoridades tradicionales acompañaron la propuesta indígena. También estuvieron presentes varios estudiantes de la Universidad El Rosario, en coordinación de la docente Ángela Santamaría y otro grupo de estudiantes de la Universidad Nacional, y los Andes. Por parte del gobierno, delegados de diferentes carteras ministeriales, en cabeza de la Vice Ministra del Interior, Viviana Manrique y otras instituciones del gobierno como Acción Social y el Programa de Minas Antipersonales.

Como acompañantes y veedores estuvieron organizaciones y entidades como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES; el Centro de Cooperación al Indígena, CECOIN; la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Delegada para Derechos Humanos; la Conferencia Episcopal Colombiana, la Agencia Para los Refugiados en Colombia, ACNUR. La Defensoría del Pueblo, ACNUR y la Conferencia Episcopal Colombiana exaltaron el interés de los pueblos indígenas en avanzar con el proceso de concertación para el Programa de Garantías y el diseño de los Planes de Salvaguarda. También reconocieron el espíritu de apertura por parte del Gobierno. Esfuerzo que también reconoció la Autoridad Nacional de Gobierno indígena, ONIC.

No obstante la Defensoría del Pueblo hizo varias salvedades o advertencias que el gobierno deberá tener en cuenta para que no haya problemas a futuro: “para la propuesta metodológica el gobierno desde un principio debe identificar cuáles son las autoridades tradicionales que van a concertar con el gobierno; ya ha habido casos anteriores donde no ha habido claridad al respecto y se han generado problemas”, aseguró Horacio Guerrero, Defensor delgado para Minorías Pueblos indígenas.

La Defensoría planteó la conveniencia que el gobierno presente al Ministerio Público sus estrategias metodológicas una vez identificadas las autoridades indígenas que van a concertar en aras de avanzar y hacer un acompañamiento pertinente Sobre el tema de la Consulta recordó que hay legislación abundante al respecto y que esta se debe cumplir. Primero hay una sentencia que ordena que haya reuniones previas en la elaboración de los lineamientos de metodología para realizar la Consulta.

Luego la consulta debe contar de res fases; una fase de información que debe llegar a los Sujetos especiales de Derecho, que son las comunidades que van a ser afectadas por el objeto que dio motivo a la consulta. Dos, proceso de consulta interna de las comunidades y pueblos indígenas donde se construyan los mínimos elementos que establece la Corte para que surta la Consulta. Y, una tercera fase de concertación donde el gobierno concerté y llegue a acuerdos con las comunidades.

Acuerdos

Frente a la metodología para la elaboración del programa de garantías.

Realizar 29 reuniones o asambleas departamentales, excepto departamentos como Bolívar, San Andrés y Santander; las reuniones serán previas a las de los planes de salvaguarda Realizar cinco encuentros macro-regionales; participaran las organizaciones indígenas nacionales.
Realización de un encuentro nacional con tres delegados por cada pueblo indígena (102 pueblos) más un delegado por las organizaciones nacionales, el resultado se llevará a la mesa Nacional de concertación como lo establece el Decreto.
Conformación de una comisión temática que acompañará el proceso, compuesta por cinco representantes de organizaciones indígenas nacionales, un experto o asesor que designaran los pueblos indígenas y, uno por cada macro regional, para un total de diez delegados más los delegados del gobierno nacional.
Habrá acompañamiento por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, Naciones Unidas, ACNUR y los mencionados en el Auto.
Frente a la metodología para la elaboración de los planes de salvaguarda

Los planes de salvaguarda serán para los 34 pueblos incluidos en el Auto. Las cuatro organizaciones nacionales cumplirán el rol de acompañamiento. Los planes de salvaguarda y el programa nacional de garantías son dos procesos distintos. Para cada uno de los planes de salvaguarda se surtirá un proceso de consulta, serán 34 procesos de consulta.

A cada pueblo y cada proceso se le respetarán sus características específicas y diferenciales. Acción Social, los pueblos indígenas, organizaciones indígenas y organismos de control proporcionarán la información de los indígenas desplazados que no se encuentren en su lugar de origen para que participen de los procesos de consulta. La próxima reunión de la Mesa de Concertación se llevaría a cabo los días 31 de julio y 1ro de agosto de 2009.

La agenda será concertada por la Secretaría Operativa, recuperando compromisos de sesiones anteriores de la mesa.

Se acordó, también, que el gobierno debe respetar y cumplir con la orden emitida por la Corte Constitucional en el Auto 004/09, teniendo en cuenta la caracterización especifica que tiene cada pueblo como requisito fundamental a la hora de diseñar e implementar el Plan de Salvaguarda. Y, concertar con aquellos pueblos en los cuales la Corte Constitucional no entregó diagnóstico para su construcción.

Y, por último, realizar una reunión el 12 de junio próximo para definir lineamientos de la metodología proceso de consulta para la modificación Decreto 1397, ¿cómo será el proceso de consulta? y para definir o designar delegados

ACTA MESA PERMANENTE DE CONCERTACIÓN PARA PUEBLOS INDÍGENAS

DECRETO 1397 DE 1996

22 DE MAYO DE 2009

HOTEL DANN AV 19 No 5-72

BOGOTA

Bogotá, 22 de mayo de 2009

En cumplimiento del Decreto 1397 de 1996, la señora Viceministra del Interior, Dra. Viviana Manrique, instala la sesión de la Mesa Permanente de Concertación en presencia de los delegados de las Entidades Nacionales, Organizaciones Indígenas Nacionales, delegados de las Macro regionales, organismos de control y organismos internacionales.

A la presente sesión asisten:

Ministerio del Interior y de Justicia, Sra Viceministra Viviana Manrique

Ministerio del Interior y de Justicia, DAIMR, Edilberto Herrera, Ana María Arroyave, Catherine Ramos, Nidia Pulido y Diana Huertas

Ministerio del Interior y de Justicia, Claudia Cáceres, Coordinadora Consulta Previa y Mauricio Calderón

Ministerio de la Protección Social, Gina Carrioni, Coordinadora Asuntos Étnicos y Género

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ricardo Lozano, Director de Desarrollo

Ministerio de Minas y Energía, Dimas Salamanca, Asesor Despacho

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, Adriana Lagos, Asesora, y Adriana Camelo

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan David Castaño, Director Desarrollo Rural y Marthela Fierro

INCODER, Pilar Vidal

Ministerio de Cultura, Ruth Florez y Levi Andoke, Dirección de Poblaciones

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Diana Cecilia Páez y Jaime Romero

Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina de derechos Humanos y DIH, Mónica Fonseca

Ministerio de Educación, Bertha Quintero, Subdirección de poblaciones, Claudia Ivette Galvis, Dirección de Calidad

Ministerio de Defensa, José Henry Martínez

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Adelaida Cano, Asesora

SENA, Gustavo Patiño

Departamento Nacional de Planeación, DDTS, Ana María Arias

Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Sandra Narváez y Sally Mahecha

Consejería Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional, Acción Social, Andrés Durán, Asesor de la Subdirección de atención a Población Desplazada

Conferencia Episcopal de Colombia, Mario Rafael Toro

ONIC, Luis Fernando Arias

Presidente OPIAC, Jorge Furagaro

Presidente AICO, Emilio Conda

CIT, Julio Torres

Delegado Macro Región Orinoquia, Hilber Humege

Delegado Macro Región Occidente, Aida Quilcué

Ex constituyentes indígenas, Lorenzo Muelas,

Senadores Indígenas, Ramiro Estacio y Jesús Piñacué

Defensoría del Pueblo, Horacio Guerrero, Defensor Delegado para indígenas y minorías étnicas, y Madeleina Ahumada

Procuraduría General de la Nación, Danilo Valbuena, Coordinador Asuntos Étnicos

PNUD, Luisz Olmedo,

Representante ACNUR en Colombia, Saskia Lochkard

Secretaria Operativa de la Mesa Permanente de Concertación:

Delegado por las Organizaciones Indígenas, Darío Mejía

Delegado por el Ministerio del Interior y Justicia, Luz Elena Izquierdo.

Delegado por las demás instituciones, Gina Carrioni (Minprotección Social)

Se hace la verificación del quórum, constatando la presencia de todas las entidades y organizaciones que forman parte de la Mesa, según lo establecido en el Decreto 1397 de 1996.

Se hace la lectura y se aprueba el Acta Anterior de fecha 8 de mayo de 2009, con la aclaración que se corrige la fecha de la mesa anterior que es 12 de marzo y se dan las excusas por no haber incluido a los senadores.

Se deja como constancia que no se llegó a un consenso en la comisión temática, la cual sostuvo dos reuniones los días 20 y 21 de mayo.

Se da lectura a la agenda propuesta para aprobación de la Mesa y se acuerda incluir como punto de discusión la metodología para la elaboración de los planes de salvaguarda étnica.

Acuerdo frente a la metodología para la elaboración del programa de garantías

Se realizarán 29 encuentros departamentales antes de las reuniones de los planes de salvaguarda, es decir, se inicia con estos encuentros y en los días siguientes se continúa con las primeras reuniones de los planes de salvaguarda.
Se realizarán cinco encuentros macro regionales con la participación de las organizaciones indígenas.
Posteriormente se realizará un encuentro nacional con tres delegados por pueblo indígena (102 pueblos) más un delegado por las organizaciones nacionales, y el resultado se lleva a la mesa nacional de concertación como lo establece el Decreto.
Se conformará una comisión temática que acompañará todo el proceso, compuesta por cinco representantes de las organizaciones nacionales y uno por cada macro regional, para un total de diez delegados y el gobierno nacional. La coordinación del proceso será por parte del gobierno nacional de acuerdo alo que se defina por la comisión temática. También se tendrá el acompañamiento del proceso por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, Naciones Unidas, Acnur y los mencionados en el Auto.
El día miércoles 27 de mayo se entregaran los nombres y funciones de las cinco personas de las organizaciones y los cinco de las macroregionales y con ellos se coordinará el trabajo en adelante; las organizaciones definirán el rol, funciones, perfil y un período de prueba de acuerdo con la evaluación que ellas mismas realizarán.
Los lineamientos planteados en el documento base entregado por el gobierno nacional serán punto de partida para la discusión de la comisión temática.
Acuerdo frente a la metodología para la elaboración de los planes de salvaguarda

Los planes de salvaguarda serán para los 34 pueblos incluidos en el Auto.
Las cuatro organizaciones nacionales cumplirán el rol de acompañamiento.
Los planes de salvaguarda y el programa nacional de garantías son dos procesos distintos, por ende para cada uno de los planes de salvaguarda se surtirá un proceso de consulta, serán 34 procesos de consulta
A cada uno de los pueblos y cada proceso se le respetarán sus características; el gobierno nacional de acuerdo a la planeación presupuestal concertará la metodología y las actividades, donde la fase de socialización se articulará con el cronograma de los 29 encuentros departamentales del programa de garantías.
El Ministerio del Interior y Justicia solicitará a los pueblos la relación de las autoridades tradicionales para que ninguna quede por fuera del proceso, previo a la reunión, más allá del registro que el ministerio tiene actualmente.
Acción Social, los pueblos indígenas, las organizaciones indígenas y los organismos de control proporcionarán la información de los indígenas desplazados que no se encuentren en su lugar de origen para que puedan participar de los procesos de consulta.
La fecha de la primera reunión de la comisión temática será el 4 de junio a las 2:00 p.m. en el piso 8, Viceministerio del Interior, con el objeto de definir el cronograma y las condiciones de trabajo de ambos procesos: programa de garantías y plan de salvaguarda y la propuesta que se le va a plantear a la corte por parte de la Defensoría del Pueblo.
Luego de la reunión del 4 de junio la Defensoría pondrá a consideración de la Corte los acuerdos definidos solicitando la ampliación de los plazos.
Las organizaciones definieron la fecha del 12 de junio para discutir internamente la metodología del proceso de consulta para la modificación del Decreto 1397 de 1996.
Se acuerda que en la reunión del 12 de junio se hará la designación de los Delegados ante el Consejo Nacional de Política social ICBF y al Consejo Nacional de Atención Integral a la población desplazada
Se define que la próxima reunión de la mesa se llevaría a cabo los días 31 de julio y 1 de agosto de 2009. La agenda será concertada por la Secretaría Operativa, recuperando compromisos de sesiones anteriores de la mesa.

Firmas...

Caldas/ Tres Indígenas detenidos arbitrariamente

El Consejo Regional Indígena de Caldas, CRIDEC, denuncia la constante persecución contra sus autoridades, dirigentes y comuneros;el 20 de mayo fueron detenidos por la Fiscalía, sin orden de captura: Wiliam Calvo y Conrado Rotavista comuneros indígenas del Resguardo de Cañamomo-Lomaprieta y Laurencio Antonio Gañan Bueno Cabildante de la Comunidad de Bermejal del Resguardo de San Lorenzo. para el CRIDEC es preocupante la violación sistemática de los Derechos Fundamentales en contra de lo pueblos indígenas que se vise viene acrecentando, "desde el año 2002 hasta la fecha suman aproximadamente 180 líderes y comuneros indígenas asesinados".

DENUNCIA PÚBLICA

EL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DE CALDAS CRIDEC, HACE CONOCER A LAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO, A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POPULARES, A LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS, ONGS Y A LA OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL QUE:

Los ataques y persecuciones de carácter político, jurídico y social que históricamente han venido sufriendo nuestras organizaciones, se intensifican cada día más con la política de seguridad democrática del actual gobierno, que no cesa en el empeño por señalar, judicializar y asesinar a nuestros líderes y dirigentes, a pesar de las Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA desde el 15 de marzo del año 2002.

La violación sistemática de nuestros Derechos Fundamentales como pueblos indígenas se viene acrecentando, muestra de ello son los asesinatos que desde el año 2002 hasta la fecha suman aproximadamente 180 líderes y comuneros indígenas, así como también se presenta el desplazamiento forzado, los señalamientos y estigmatizaciones a través de panfletos, la militarización de nuestros territorios y las judicializaciones y capturas a varios de nuestros líderes, como los casos de Felix Antonio Hernández Alcalde y Arney Tapasco quienes actualmente se encuentran detenidos acusados de rebelión sin que se les haya resuelto su situación jurídica.

Toda esta ofensiva contra nuestros dirigentes y organizaciones obedece a una estrategia del gobierno nacional que pretende deslegitimar el proceso organizativo y político del Pueblo Embera Chamí de Caldas, acusándolos de pertenecer a la guerrilla con el fin de entregar nuestras riquezas naturales como el oro, el carbón y el agua a las transnacionales mineras y energéticas, a las cuales el gobierno viene haciendo concesiones violando nuestro derecho fundamental a la Consulta Previa.

La persecución continúa y en el día de hoy 20 de mayo de 2009, fueron capturados Wiliam Calvo y Conrado Rotavista comuneros indígenas del Resguardo de Cañamomo-Lomaprieta y Laurencio Antonio Gañan Bueno Cabildante de la Comunidad de Bermejal del Resguardo de San Lorenzo. Asimismo denunciamos las amenazas de capturas masivas contra más líderes y comuneros de nuestra organización, que se vienen denunciando hace varios meses en el marco de las reuniones de seguimiento de las Medidas Cautelares.

Hacemos un llamado urgente a la solidaridad de las organizaciones hermanas, ONGS y organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos para que cese este ataque contra la organización indígena del Pueblo Embera Chamí de Caldas.

Manifestamos que seguiremos luchando por la defensa de nuestros territorios ancestrales y la dignidad de nuestro pueblo.

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DE CALDAS

CRIDEC

Declaración del Caucus de Abya Yala sobre Decenio Internacional de Pueblos Indígenas

Foro Permanente ONU para Pueblos Indígenas. Durante este segundo Decenio observamos la falta de Cooperación entre las agencias de las Naciones Unidas. Aún no se establece la plena y efectiva participación de los Pueblos Indígenas en el Sistema de las Naciones Unidas, por ejemplo en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Naciones Unidas se pronunciarán sobre violación de derechos indígenas en el Perú

Más de 500 delegados indígenas de todo el mundo se solidarizan con las comunidades originarias peruanas.

Nueva York, Estados Unidos.- El experto de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas José Carlos Morales presenta hoy un informe sobre la vulneración de derechos humanos y derechos colectivos indígenas en el Perú. La decisión fue tomada luego de la reunión que sostuvo ayer con los dirigentes de las organizaciones indígenas andinas, quienes le presentaron documentos que sustentan esta denuncia.

Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la CAOI, y Mario Palacios Panez, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), junto con los dirigentes de los demás países andinos, se reunieron también con el Relator Especial para Pueblos Indígenas. Y esperan que la propia ONU haga llegar un llamado de atención al gobierno peruano por incumplir el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Derechos Indígenas de la ONU y la Convención de Derechos Humanos.

Las denuncias sobre los once decretos legislativos emitidos por el gobierno de Alan García en julio del 2007 para criminalizar la protesta, el paquete legislativo del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que vulnera derechos territoriales indígenas, y los más de mil líderes y dirigentes comunales procesados por defender los derechos de sus comunidades, fueron expuestas ante más de medio millar de delegados indígenas de todo el mundo que participan en la VIII Sesión del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas que se desarrolla en esta ciudad.

Las organizaciones indígenas latinoamericanas: Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y Consejo Indígena de Centro América (CICA) están representadas por la COICA y llevan propuestas colectivas a esta VIII Sesión. Ellas presentaron una Declaración que fue aprobada por todos los líderes indígenas que participan en el evento, en la cual se evalúa el Segundo Decenio de los Pueblos Indígenas proclamado por la ONU, se hacen planteamientos al respecto, y se formula un llamado al Foro Permanente para que inste al Consejo de Derechos Humanos que tome acciones para poner alto a la criminalización de nuestros derechos colectivos.

Declaración del Caucus de Abya Yala sobre el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 59/174 del 24 de febrero del 2005, proclamó el Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo a partir del 1 de enero del 2005.

Previo a esto, se adoptaron diferentes instrumentos internacionales. En 1989 se adoptó el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, en 1992 se había suscrito la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, que luego dio lugar al Protocolo de Kyoto, del 11 de diciembre de 1997, por el cual los países industrializados se comprometieron a ejecutar un conjunto de medidas para reducir los gases del efecto invernadero, acuerdo que entró en vigor el 18 de noviembre del 2004.

De manera paralela, se debatía la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por fin en septiembre del 2007.

El examen de ambos decenios evidencia la contradicción existente entre los organismos internacionales promotores de la paz y los derechos humanos y las instituciones encargadas del manejo económico. Pues si bien logramos estos avances para el ejercicio de los derechos de los Pueblos y de la Madre Naturaleza, son también los años de la imposición global del neoliberalismo: el 1 de enero de 1995 nació la Organización Mundial del Comercio (OMC), creada para liberalizar los mercados. Pero el hambre del dominio era tan grande que los propios marcos de la OMC pronto quedaron estrechos y los países poderosos prefirieron negociar tratados comerciales bilaterales.

Durante este segundo Decenio observamos la falta de Cooperación entre las agencias de las Naciones Unidas. Aún no se establece la plena y efectiva participación de los Pueblos Indígenas en el Sistema de las Naciones Unidas, por ejemplo en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ni en las instancias del Convenio de Diversidad Biológica ni en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se ha logrado la protección del conocimiento tradicional colectivo e intelectual de los Pueblos Indígenas, mientras avanza el despojo de nuestros territorios y recursos. La FAO se ha negado sistemáticamente a establecer un Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas sobre nuestro Derecho a la Alimentación.

En nuestro continente, como parte de un plan geopolítico integral, el neoliberalismo trajo también los megaproyectos de infraestructura: el Plan Puebla Panamá y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Y, para proteger todo esto, la instalación de bases norteamericanas en lugares estratégicos de acceso y salida a los recursos naturales, junto con estrategias represivas como el “Plan Colombia”.

El modelo occidental-eurocéntrico capitalista no ha logrado construir un bienestar para la sociedad y la naturaleza y hoy nos lleva a la mayor crisis socio ambiental climática de la historia humana. La crisis financiera, económica, energética, productiva agrava el desempleo estructural, la exclusión social, cultural, la violencia racista, machista y la aparición de nuevas enfermedades. Tantas y tan profundas crisis al mismo tiempo configuran una auténtica crisis civilizatoria, la crisis del “desarrollo y modernidad capitalista”, que pone en peligro todas las formas de vida. Esta explotación irracional/opresión produce el calentamiento global que nos lleva al suicidio planetario.

La pregunta es, entonces, ¿qué normas prevalecen para los Estados? ¿Los instrumentos de las Naciones Unidas y sus organismos? ¿O las reglas de las instituciones financieras multilaterales, la OMC y los tratados de libre comercio? Es justamente en este contexto que los Pueblos Indígenas nos hacemos visibles y vamos conquistando protagonismo político, articulándonos en cada región, en cada país y a nivel continental. Llevábamos ya quinientos años de resistencia, desde la invasión europea a América. Esta crisis nos obliga a reconstituir y reinventar nuevas y diversas opciones de convivencia entre naturaleza y sociedad, democracia, Estado, consumo. Urgen nuevos y urgentes paradigmas de civilización

En consecuencia el Caucus Indígena recomienda:

Revisar la Coordinación de Decenio Internacional, para su modificación y ésta se dé conjuntamente entre el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Foro Permanente.

De la misma manera recomienda revisar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a la luz de la existencia de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para lograr nuestra plena participación y visión en la elaboración e instrumentación de dichos objetivos.

Así como se destinan recursos económicos para salvar a los bancos y a grandes empresas, recomendamos al Foro Permanente inste a las agencias de las Naciones Unidas destinar recursos suficientes para lograr esos objetivos y para sanar a nuestra Madre Tierra.
Recomendamos al Foro Permanente promover una campaña para detener la mercantilización de la vida, alimentos, agua, y sus impactos sociales y ambientales por las industrias extractivas.

Recomendamos a los estados, frente a la crisis civilizatoria, el “Buen Vivir” como una estrategia para el futuro para toda la Humanidad. Reinventando y articulando valores, estructuras y paradigmas civilizatorios que incluyan la descolonialidad del Poder y Saber, “Buen Vivir”, Derechos Colectivos, Estados Plurinacionales, Justicia Climática, Autodeterminación de los Pueblos, Autogobiernos Comunitarios, Reciprocidad, Equidad y Complementariedad. Desarrollando prácticas donde la economía y la ecología tiene relación de dialogo con la naturaleza. Desterrando toda actividad que destruye la naturaleza. Hoy los estados están obligados a implementarla.

Finalmente, hacemos un llamado al Foro Permanente inste al Concejo de Derechos Humanos poner alto a la criminalización de nuestros derechos colectivos: cese a la militarización, genocidio, etnocidio, desplazamiento forzoso, confinamiento, estigmatización, amenazas y persecución contra líderes y organizaciones.

Y frente a los Estados mono-culturales estructuralmente excluyentes, centralistas, racistas, hechos para la conquista, el saqueo y la acumulación; que desconocen la diversidad de pueblos y de culturas que estamos desde antes de la colonia, planteamos construir Estados Plurinacionales Comunitarios que fortalezcan la democracia participativa en todos los niveles, reconociendo las prácticas de cada pueblo: elección de autoridades, ejercicio del Derecho Mayor, cultura, economía. Garantizando que los bienes de la naturaleza sean para todos y todas, y su uso racional.

Nueva York, 20 de mayo de 2009

Coordinación General CAOI